Una vez anunciado el pago escalonado del aguinaldo a estatales, rápidamente los gremios salieron a repudiar la decisión y se convocaron ayer en la explanada de la Casa de Gobierno. El resultado derivó en un paro convocado por ATE para el 18 de junio y un caravanazo junto al resto de los gremios que integran el Frente de Unidad Estatal.
De nada parece haber servido el pedido de “comprensión porque la caída de la recaudación es abrupta” por parte del gobernador Rodolfo Suárez, ni mucho menos el “gran esfuerzo para pagar los sueldos” que -dijo el mandatario- se hace desde la administración provincial.
El cronograma de pagos para los empleados estatales establece que en setiembre cobrarán el aguinaldo quienes ganen hasta $ 40 mil; en octubre quienes perciban un salario de entre $ 40 mil y $ 60 mil; en noviembre, para sueldos de entre $ 60 mil y $ 80 mil, mientras que quienes cobren más $ 80 mil lo verán impactado en diciembre.
A la manifestación, primera en muchos meses debido a las normas de aislamiento y distanciamiento obligatorio debido al Covid-19, asistieron los sindicatos que nuclean a empleados de distintas áreas estatales. Además de ATE, se hicieron presentes afiliados de Ampros, del SUTE y de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, entre otros.
“Estamos cansados del manoseo del Gobierno. ATE está a la cabeza de la lucha y vamos a pelear por todas las reivindicaciones que urgen a los trabajadores. Es una jornada de lucha masiva, donde trabajadores de Salud y Desarrollo Social, Administración Central, Educación y Municipales realizan medidas de acción directa conjuntas. El aguinaldo es una conquista de la clase obrera. Tienen que pagar el aguinaldo, no pueden negrearnos más”, disparó Roberto Macho, secretario general de ATE.
Si bien Suárez aclaró que el aguinaldo se pagará, aunque en forma escalonada empezando con quienes cobran menos, a los sindicatos no les cayó bien la medida y han convocado a un paro para el jueves próximo. Allí, además exigirán la apertura de paritarias junto con un aumento salarial de emergencia, pase a planta de todos los trabajadores precarizados y pago del bono de $ 5.000.
En cuanto a las adhesiones, las aguas están un poco divididas. Sebastián Henríquez, del SUTE, confirmó que la medida es “una retención de tareas, un apagón virtual, no dar clases ese día”, además de un caravanazo que está tomando forma. “Nos dieron vuelta nuestras condiciones laborales, los gastos fijos como luz, gas y herramientas de trabajo que tenías en la escuela ahora los ponés vos. Te tenés que hacer cargo de la vulnerabilidad con tu propia vulnerabilidad. Encima no nos van a pagar el aguinaldo”, indicó el titular del gremio educativo.
Sin embargo, desde Ampros, uno de los sindicatos más fuertes, confirmaron que no se plegarán a la medida porque están reclamando sin dejar de trabajar, teniendo en cuenta que sus afiliados (la salud) son esenciales en estos tiempos de pandemia.
Esa es la razón por la cual para Isabel del Pópolo, secretaria general, “es realmente desafortunado pensar que los trabajadores, con la inflación que existe, sin haber cerrado paritarias, perciban un sueldo anual complementario en cuotas”.
Por el lado de los judiciales, están evaluando la medida pero invitaron a sus afiliados a que “en caso de que efectivamente no se pague el aguinaldo en término”, convocarlos a “retener el servicio en la modalidad que oportunamente se les comunicará”.
