Fabián “Conu” Rodríguez, el camporista y funcionario de la AFIP involucrado en el caso de espionaje ilegal, se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py junto a sus abogados. La cita estaba relacionada con la entrega de su teléfono celular en el contexto de la investigación que sigue el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El juez De Giorgi rechazó el jueves la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita de detener a Rodríguez, aunque le impuso una prohibición de salida del país. La investigación reveló que Rodríguez mantenía conversaciones con Ariel Zanchetta, un agente de inteligencia que se autodenomina periodista y que actualmente se encuentra detenido en relación con este caso.
En el dictamen del fiscal Pollicita, se destaca que Rodríguez participó directamente en la actividad ilícita de Zanchetta al seleccionar objetivos y recibir informes de inteligencia. Además, se señala que Rodríguez contribuyó a la conducta de Zanchetta financiando sus acciones con fondos públicos de la Provincia de Buenos Aires, tanto cuando ocupaba el cargo de Subsecretario de Coordinación de Medios como después, desde su posición en la AFIP.
El fiscal resalta la gravedad institucional de los hechos investigados y la posible existencia de una organización criminal que facilitó su realización. También destaca los serios riesgos procesales que justificarían una orden de detención para Rodríguez.
Según el Ministerio Público, Rodríguez encargó a Zanchetta informes de inteligencia sobre objetivos específicos y la publicación de información contra esos blancos seleccionados. Además, Zanchetta informaba regularmente a Rodríguez sobre sus actividades ilegales. El fiscal subraya la naturaleza subrepticia y solapada de los hechos investigados, que dificultan su descubrimiento debido a los conocimientos técnicos y tecnológicos específicos de los implicados.
El teléfono que entregó Rodríguez será analizado junto a otros 12 secuestrados durante el allanamiento en su domicilio y 11 computadoras portátiles. Será el análisis de la información que contienen los dispositivos electrónicos lo que el juez del caso aguardará para formalizar un llamado a indagatoria “que permita contar con los elementos suficientes para formular la imputación y los hechos sobre los cuales deberá responder en dicho acto”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
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