Escándalo en el Pro debido a una dura sanción de la Justicia por no presentar balances

El juez Quirós determinó que el partido no podrá recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual. Críticas cruzadas.

Escándalo en el Pro debido a una dura sanción de la Justicia por no presentar balances
Pro Mendoza Foto: Archivo / Los Andes

El Pro en Mendoza vive momentos complicados. A la elección interna que ganó el sector de Omar De Marchi al de la vicegobernadora Hebe Casado y que terminó judicializada en la Cámara Federal de Apelaciones; ahora se suma un problema más, con una sanción que dictaminó la Justicia por un año al partido por no presentar los balances del año 2023.

El fallo fue firmado esta semana por el juez federal subrogante con competencia electoral, Pablo Quirós, con el que declara “no acreditado” el origen y destino de los fondos recibidos por el partido Pro (Propuesta Republicana).

En consecuencia, aplicó la sanción de “pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por el plazo de un año” en razón del incumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 23 de la ley 26.215 “en relación al ejercicio correspondiente al periodo 01-01-2023 al 31-12-2023″.

Denuncias cruzadas

La sanción al Pro se da en medio de la intervención que se realizó del partido amarillo, y que ha tenido como interventor a Darío Nieto. En su momento, el tesorero del partido fue Estanislao Sánchez Cherubini, del sector de la diputada Sol Salinas, quien renunció el 6 de mayo al puesto. Según la Justicia, hasta esa fecha no hubo presentaciones de balances (lo que le valió a intimaciones en abril y mayo); y tampoco después, lo que valió otra intimación en julio; y posteriormente la sanción.

El problema fue además que, si bien aseguran desde el demarchismo que el diputado Guillermo Mosso fue luego el tesorero del partido, el propio legislador lo negó. De hecho, sostuvo que no le ofrecieron formalmente el cargo y además expresó que de ninguna manera accedió a dicho puesto.

Desde el sector de De Marchi, quien salió con los tapones de punta fue Gabriel Pradines, actual presidente del Pro (más allá de la judicialización impuesta), que cargó contra Mosso y también contra Casado.

“Es lamentable que Hebe Casado y Guillermo Mosso, quienes aspiraban a conducir nuestro partido, no hayan cumplido con algo tan básico como presentar los balances. Ahora nos enfrentamos a multas. Confío en que el Tribunal de Disciplina tomará las medidas correspondientes. A los afiliados les digo que no se preocupen, ya asumimos nosotros y nos estamos ocupando del tema”, expresó a Los Andes.

De hecho, agregaron desde su entorno que “hasta marzo del 2023, que es cuando no estábamos intervenidos, está todo presentado. Pero después la intervención no se hizo nada”, aseguraron.

Por otro lado, Casado se defendió y disparó contra Pradines al aclarar que nunca fue autoridad partidaria ni ha participado de algún órgano del Pro.

En tanto, Mosso se defendió, como ya se hizo mención, y sostuvo que “nunca” hablaron con él de manera formal para que fuera presentado como tesorero del partido; más allá de que hay chats internos del partido donde Carlos Aguinaga, uno de los dirigentes del Pro, lo propuso para el cargo.

“Si mi nombre fue ‘tirado’, fue a titulo de proposición, sin consultarme. Ahora, esa propuesta y nominación debería haber llegado por parte del interventor y eso no ocurrió, porque nunca me escribió o me llamó”, señaló a este medio Mosso.

Mediante un comunicado, Mosso agregó:”Aún cuando mi nombre pueda haber circulado como una propuesta sin ningún tipo de consulta previa a mi persona, apareció una designación del interventor Darío Nieto de arriba, de la nada, sin mi consentimento y por supuesto, sin una aceptación de cargo. Nunca firmé nada para ser el tesorero del partido”.

Y plasmó: “Las responsabilidades recaen en el interventor Darío Nieto quien no tomó los recaudos necesarios para tener un tesorero nombrado y con las aceptaciones como corresponde. Y también en la persona que propuso a un tesorero que renunció sin haber cumplido su cometido. Hebe Casado y yo NO éramos autoridades partidarias, no tuvimos manejo de cuentas ni fondos partidarios y mucho menos responsabilidad por los balances no presentados”.

En lo que corresponde a las denuncias cruzadas internas del partido, marcaron también que durante parte de la intervención del partido, el tesorero del partido fue Sánchez Cherubini quien renunció el 6 de mayo al puesto. Ese mismo día, Darío Nieto, el interventor del partido, habría firmado la designación de Mosso, supuestamente sin que él estuviera enterado.

De esta forma, virtualmente el Pro estuvo “sin tesorero”, tal como mencionaron a Los Andes desde el sector de Salinas. Y lanzaron un dardo a Pablo Priore, actual secretario administrativo del Senado: “Tuvimos el partido inhibido cuando Priore era presidente del Pro. Pésimos administradores”.

En redes sociales, Priore se defendió y aseguró que “una vez más el sector de Omar De Marchi miente, Gabriel Pradines sabe muy bien que los responsables de la falta de presentación del balance del Pro son él, Álvaro Martínez y su socia Sol Salinas, quien había designado al tesorero y al apoderado qué es de su lista interna”.

Y agregó: “Mienten porque ellos nunca entregaron la documentación al interventor Darío Nieto para hacer balance”.

Además, le contestó un mensaje a Salinas: “Estaría bueno Sol que aclaremos primero pusiste un tesorero qué renunció cuando fue imputado por al justicia y el que después pusiste renunció sin haber publicado balance, además de haber puesto al apoderado”.

Mientras tanto, señalaron en el partido que la semana que viene, el senador Valentín González, del sector de Pradines y De Marchi, presentará balances para intentar torcer la medida judicial, o al menos “regularizar” la situación del partido en la Justicia Federal.

Calculan $2,5 millones de multas por la falta de balances

Desde el sector de Pradines aseguraron que las multas impuestas por la Justicia podrían llegar en total a los $2,3 millones, al sostener que el 20% de la primera sanción, llegaría a los $800.000; pero “están multando también hacia adelante, lo que habría que sumar un millón y medio más”, acotaron.

El primer cálculo se da teniendo en cuenta que, en el balance del 2023, se calcula que ingresaron a las arcas del Pro aproximadamente $4 millones, principalmente de los aportes de los propios afiliados; aunque este dato se tendrá una vez que se presenten los balances oficiales, la semana que viene.

Por otro lado, adelantaron que “el resultado de los estados contables va a ser positivo porque no han habido movimientos desde la intervención del partido”.

En tanto, más allá que el 2023 fue un año electoral, expresaron que “todos los gastos que hubo de campaña se tuvieron que canalizar a través de una cuenta única partidaria, que en este caso fue el frente Cambia Mendoza. No hubo movimientos de dinero dentro de la cuenta del Pro”, aclararon.

Fundamentos

Según consta en el fallo de Quirós, el 4 de abril pasado la Justicia ya había aplicado una multa “equivalente al 10% de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación” al Pro del distrito Mendoza por “falta de presentación en tiempo y forma del balance correspondiente al ejercicio contable 2023″.

Ese mismo día, intimaron al partido para que “antes del 3 de mayo” presentara el balance “bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta”.

Sin embargo, ese 3 de mayo llegó y tampoco se presentaron los balances, por lo que “se incrementó al 20% la multa aplicada, y se intimó a la agrupación para que antes del 2 de julio presente el ejercicio contable”. En el mismo acto, se intimó a la agrupación para que en el plazo de 15 días presente el ejercicio contable mencionado.

No obstante, pese a estas intimaciones, el Pro no presentó la documentación, por lo que Quirós declaró como “no acreditado el origen y destino de los fondos recibidos en el periodo en cuestión”, por lo que impuso la sanción de “PÉRDIDA del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por el plazo de un (1) año”.

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