El Gobierno provincial abrochó este martes su novena ley aprobada, del paquete de once normas que envió la Legislatura en mayo pasado. Se trata de la reforma del Código Procesal Penal que apunta a agilizar los allanamientos en casos complejos, incorporando la oralidad en audiencias uniláterales.
La Cámara de Senadores le dio sanción definitiva a la propuesta y fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, manifestó que “esta ley es una herramienta esencial en nuestra lucha contra la inseguridad, ya que permitirá agilizar los tiempos y mejorar la coordinación en procedimientos judiciales”.
“Desde el Ministerio, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, hemos implementado una política de megaoperativos en toda la provincia. A la fecha, hemos realizado 21 y más de 6698 allanamientos junto a la Policía de Mendoza. Seguimos firmes en nuestro compromiso con la seguridad de Mendoza”, sostuvo la funcionaria que en las últimas horas estuvo en el centro de la escena, tras el cruce que protagonizó con la Suprema Corte por la liberación anticipada del asesino de un policía retirado.
Uno de los cambios más relevantes establece que las actas de procedimiento, ya sean firmadas de manera ológrafa o digital por auxiliares de la fuerza policial, serán consideradas suficientes como elementos de convicción para la investigación y actuación fiscal. De este modo, dichos auxiliares no podrán ser citados como testigos únicamente para la ratificación del procedimiento, salvo en casos donde exista controversia sobre lo acreditado con ese documento y sea esencial para la investigación o defensa.
Otra modificación relevante permite que, en casos de especial gravedad o complejidad, el fiscal pueda solicitar audiencias unilaterales para pedir allanamientos u otras medidas relacionadas. Estas audiencias deben fijarse de inmediato, y el juez debe tomar una decisión durante la misma, dejando constancia en un registro audiovisual. En estos casos, también se dispone la presencia de un juez penal durante el allanamiento.
El senador radical David Saez, quien también es vicepresidente de la Bicameral de Seguridad, explicó los alcances de este proyecto que propone que los fiscales puedan presentar y fundamentar los pedidos de allanamiento en audiencias orales, facilitando así la comprensión y resolución por parte del juez. “Esto permitiría una respuesta más ágil y eficiente ante situaciones que requieren intervención rápida”, añadió el legislador. Además aclaró que en los 21 megaoperativos que se han desarrollado hasta el mes de agosto, la policía detuvo a 307 sujetos y además secuestró un total de 81 armas.
El representante del oficialismo enumeró además diferentes operativos que se llevaron a cabo en la Provincia de Mendoza, como fue el caso de un procedimiento que tuvo lugar en el Campo Papa de Godoy Cruz en marzo pasado. “El allanamiento del Campo Papa sentó un precedente en la historia de Mendoza y permitió el trabajo en conjunto entre los fiscales y los jueces en el lugar del hecho. Esta ley nos da la posibilidad de una garantía adecuada y poder tener una excelencia en el accionar policial del procedimiento”, sostuvo.
La oposición se hizo eco del cruce de Rus
Desde el Partido Verde, la Unión Mendocina y el bloque Justicialista se manifestaron a favor de la propuesta en tratamiento, con reparos sobre algunos puntos y alusiones al cruce que protagonizó la ministra Rus con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte.
El senador Ariel Pringles (LUM) señaló que en Mendoza, “el tema de la seguridad lamentablemente se ha puesto en la agenda de los últimos días y cada vez de forma más dramática, y seguir haciendo silencio sería un error”.
“Me parece que es un proyecto que intenta ir apaleando algunos problemas que pueden tener en su accionar las fuerzas de seguridad con la Justicia. Es oportuno hacer algunos comentarios que intentan desde ya con buena fe, porque desde la muerte y las cuestiones de seguridad no se hace política, pero si somos responsables y por eso con alguna reserva en cuanto a la redacción y los fundamentos, vamos a acompañar este proyecto, porque sabemos lo que los mendocinos esperan que con estos proyectos se dé un mínimo de solución a uno de los temas que nos están azotando”, sostuvo.
Y apuntó contra el “permanente discurso de la política en decir que el problema de la seguridad es del Poder Judicial, de Desarrollo Social o de la macroeconomía”. “No, el problema de la seguridad es de la seguridad y quienes tienen a cargo esa responsabilidad es el Poder Ejecutivo. Esta es una prueba más de que vamos a contribuir con una herramienta. Ahora, no tiren la pelota para el costado”, pidió el legislador demarchista.
En tono similar se expresó el senador peronista Pedro Serra, que señaló que el proyecto apunta “darle más celeridad a todas las medidas, empezando porque no sea necesaria la ratificación de las actas de los policías en sede judicial, ya que suponen que dan fe, aunque muchas veces no son perfectas”.
Entonces, se refirió al “grave problema de seguridad que atraviesa la Provincia, no solamente por el hecho fatídico de hace muy pocas horas, sino por los hechos que se dan in crescendo. Cada vez hay más casos, pero no solamente más, sino que son más graves”.
“Nosotros le vamos a dar las herramientas al Ejecutivo siempre, pero lo que queremos ver son resultados”, apuntó el legislador sanrafelino y se expresó sobre el cruce de la ministra con la Corte: “Tampoco estoy de acuerdo con esto de deslindar responsabilidades, como la ministra Rus echándole la culpa a la Corte por el último homicidio del expolicía. ¿Por qué la Corte Suprema va a ser la responsable de este caso fatídico? Está claro que el que tiene la responsabilidad de la seguridad de la provincia es el Gobernador”.
Cómo impactará la ley en los operativos
La ministra Rus le indicó a Los Andes que “es un proyecto que justamente surgió a partir de esta nueva modalidad, porque al unir muchos operativos y expedientes, se empieza a hacer más complejo la explicación al juez de por qué uno entiende que tiene que hacer todos esos allanamientos juntos y las razones”, explicó Rus a Los Andes.
Entonces, señaló que a veces “escribir es bastante complejo” y para el “mejor entendimiento y lograr autorizaciones de estos allanamientos, lo que se plantea en esa reforma es la posibilidad de que se haga en audiencia oral. Oralizar este pedido en una audiencia unilateral y confidencial”.
“Por ejemplo, hay allanamientos que se hacen en domicilios que no tienen numeración o que son pasillos comuneros, o donde no hay directamente una puerta o un elemento que sirva para distinguir a qué domicilio se busca allanar”, aclaró la funcionaria.
Entonces, debido a que un allanamiento es la medida coercitiva después de la privación de libertad más grave de todo el sistema penal, los resguardos para avanzar también son elevados y se requiere mucha especificación.
Se plantea de esta forma que la oralidad es el camino más sencillo para plantearle a un juez que se debe allanar tal locación, explicó la funcionaria. De todos modos, no se trata de una disposición rígida para los fiscales, sino opcional. Aquel que desee hacer uso de la vía escrita podrá hacerlo.
