Las y los equiparados a magistrados siguen cobrando como tales desde hace dos años, momento en el que judicializaron la ley que suprimía esta condición. El escándalo se desató al conocerse el abultado sueldo de Elizabeth Carbajal, secretaria Administrativa, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Corte.
Actualmente hay cerca de 20 personas que sin ser jueces o juezas cobran como tales, incluso no pagan Impuesto a las Ganancias, y se distribuyen entre la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa. Una medida cautelar presentada fue avalada por los ministros del ala peronista: Mario Adaro y Omar Palermo de la Sala Segunda. José Valerio, del ala radical, votó en disidencia.
Desde octubre del 2020 hasta ahora, la cuestión de fondo sigue sin resolverse y los sueldos en varios casos oscilan el millón de pesos de acuerdos a los datos brindados a Los Andes como respuesta a un pedido de información pública. Este grupo de funcionarios no dicta sentencias ni recaerá sobre ellos un Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones. La curiosidad es que en algunos casos, cobran en mano más que un ministro del máximo tribunal.
El coronavirus empezaba a hacer estragos en Mendoza, allá por marzo del 2020, cuando el gobernador Rodolfo Suárez expresó, “luego de conocer que una Secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, percibe un salario de bolsillo de $406.818 y no paga ganancias”, que se pondría al frente “para terminar con estas asimetrías”. Un proyecto de ley pretendía terminar con las equiparaciones que ventilaron las molestias que había (y sigue habiendo) por parte de otros funcionarios que cumplen las mismas tareas y cobran menos.
Al principio se hablaba de 78 funcionarios, después el número cayó a 30 y tras la sanción de la ley el 10 de junio del 2020 que tuvo fuertes reparos de la oposición, la norma fue promulgada y alcanzó a 26. El Gobierno provincial calculaba ahorrarse $135 millones, pero terminaron siendo $2,5 en ese entonces.
De ese grupo, 21 iniciaron en julio del 2020 un reclamo judicial para seguir cobrando sus altos sueldos. Por lo tanto, los descuentos se efectivizarán sobre los salarios de cinco equiparados a magistrados. Las acciones presentadas incluían una declaración de certeza y un pedido de inconstitucionalidad, además de una medida cautelar para que sigan cobrando la totalidad de sus sueldos hasta que la Corte resuelva las dos acciones anteriores.
“La cautelar es para que no se altere la situación de quienes han accionado por la urgencia que reviste la misma”, explicó la abogada Guadalupe Simone Cajal a Los Andes en aquel momento. La Sala Segunda hizo lugar a la cautelar en octubre del 2020 con los avales de Palermo, Adaro, y el revés de Valerio. Por supuesto que esto no cayó para nada bien en el Ejecutivo ni en el Poder Judicial.
El enojo interno, entre pares, es porque hay muchos otros casos que cumpliendo funciones jurisdiccionales cobran menos porque no tienen equiparaciones. Y además, porque ninguno de ellos conformó una terna realizada por el Consejo de la Magistratura, ni fue postulado o postulada por el Gobernador ni tuvo acuerdo del Senado. La Asociación de Magistrados se había expresado en desacuerdo porque las funciones son distintas. De hecho, ninguno podrá ser destituido por un Jury de Enjuiciamiento en caso de hacer mal su trabajo.
Algunos cobran más que supremos
Para comprender el mecanismo de las equiparaciones, hay que entender que como en todo organismo hay escalafones según las tareas y responsabilidades. En el caso del Poder Judicial, los magistrados y magistradas revisten clase 22, 24 o 25 que tiene una asignación de sueldo, a la que hay agregarle ítems como también descuentos.
Los funcionarios y funcionarias judiciales que accedieron por acordada a estas equiparaciones, registraron un salto en las categorías salariales que tenían para llegar a alguna de las mencionadas. Y se enganchan el resto de los ítems que se calculan en base a la clase.
Según informaron, uno de los ministros de la Corte que menos cobra, percibe cerca de $820.000. Los sueldos brindados a Los Andes corresponden a los montos netos (con descuentos incluidos) recibidos en el periodo de setiembre. Es decir, lo que se depositó en las cuentas bancarias.
Por el Poder Judicial hay personas que presentaron acciones pero dos de ellas ya se jubilaron. Los recursos económicos de esos salarios se destinan a un juez o jueza de familia y en su lugar se nombrará a alguien con una categoría más baja.
Un primer grupo de reclamos judiciales involucra a algunas áreas que dependen de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, que actualmente es presidida por Dalmiro Garay. Hay al menos cinco personas que se vieron favorecidas por la medida cautelar y por ese motivo sus salarios están por encima de ministros del máximo tribunal.Los salarios en estos casos van desde los $588.000 y se acercan a $1.100.000. Justamente uno de estos sueldos más altos se encuentra en la Secretaría Administrativa, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Corte.
Montos que rondan entre los $920.000 y $970.000 se pueden ver en los salarios netos de áreas como Dirección de Contabilidad y Finanzas; y en la Secretaría de Gestión y Control. Algo similar sucede en la Dirección de Recursos Humanos y también en la Dirección de Informática. En la Subdirección de Contabilidad y Finanzas hay otro reclamo judicial y el sueldo por debajo de un ministro de la Corte: $588.578 para el período de setiembre.
El otro grupo de equiparados que inició el reclamo judicial trabaja en la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, creada por el ministro Omar Palermo y bajo su órbita. Estos cargos fueron concursados, por lo que algunos entendidos en el tema aseguran que frente al reclamo judicial sería distinta la situación a los mencionados en el primer grupo.
El rango de salarios también es inferior al que se cobra en las áreas anteriormente mencionadas aunque todos están por arriba de los $600.000 y por debajo de los $820.000 que cobra uno de los ministros de la Corte que tiene uno de los sueldos más bajos del cuarto piso de Tribunales.
Una de las equiparaciones judicializadas se encuentra en la dirección del área. En la subdirección estaba Eleonora Lamm, quien también hizo el reclamo, pero desde hace un tiempo está de licencia con reserva de cargo por lo que no se informó su salario. En las subdirecciones de Niñez, Adolescencia y Familia, como así también de Ejecución Penal hay equiparaciones a magistrados.
En el MPF también hay sueldos cerca del millón de pesos
En tanto, del Ministerio Público Fiscal reclamaron nueve personas con equiparaciones a magistrados. El ítem antigüedad impacta en los salarios, pero ninguno superaría a los cargos más altos del organismo, que están por arriba del millón de pesos.
En cambio, hay casos que superan a los de ministros de la Corte. Una salvedad hay que hacer en la dirección del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico porque a ese cargo se accede por concurso, según aclararon al momento de responder el pedido de informe a Los Andes.
Entre las personas que están alcanzadas por la medida cautelar, hay salarios que oscilan entre los $716.000 y por arriba del millón de pesos de acuerdo a los montos netos informados (lo que se cobra en mano).
Los casos se encuentran en las áreas de Inspección y delegaciones, incluso hay personas que cumplen ambas funciones. Situaciones similares se registran en la dirección del Centro de Perfeccionamiento y Modernización como así también en el área de Administración Financiera.
Por el Ministerio Público de la Defensa hay un solo equiparado que judicializó y está a cargo de Jurisprudencia con un salario por encima de los $740.000. La curiosidad se da, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia, porque cobra por encima de lo percibido en los cargos más altos. Hay funcionarios que pagan Impuesto a las Ganancias, tienen más responsabilidades, y en su homebaking se ve impactado un monto menor al de algunos empleados.
La cautelar lleva dos años
La medida cautelar avalada por la Sala Segunda logró suspender la implementación de la ley y que las equiparaciones siguieran su curso. Lo cierto es que hace dos años que la causa no ha tenido grandes novedades y es el plenario de la Suprema Corte de Justicia quien debe resolverlo.
Una de las últimas noticias la había dado la Fiscalía de Estado, a fines de marzo, con un fuerte dictamen a favor de la decisión del Gobierno provincial luego de contestar el traslado de la acción declarativa e inconstitucionalidad.
Alicia Lopez Revol, subdirectora de Asuntos Judiciales del órgano que conduce Fernando Simón, consideró que la ley sancionada en la Legislatura provincial “no afecta restrictivamente la remuneración o salarios habidos” y que “no implica una merma sustancial de los haberes que impidan la digna susbistencia”.
El dictamen afirma que el pretender tomar como antecedente la posición de funcionarios constitucionales como es el caso del Fiscal de Estado, presidente del Tribunal de Cuentas, etc “para avalar la procedencia de la no aplicación de la ley 9230 a la parte actora, no reviste el menor análisis”.
“Se trata de regular a futuro la remuneración de algunos funcionarios, y que la misma sea fijada acorde al escalafón general; y eliminar la clara desigualdad con el resto de empleados y funcionarios que incluso cumplen tareas jurisdiccionales y no están equiparados al salario de los magistrados, tal como lo regula el art 56 de la ley 7183 para funcionarios jerárquicos permanentes del Poder Judicial. "
Agregó que la Legislatura “estableció un nuevo régimen salarial para el personal del Poder Judicial no magistrado, eliminando una equiparación a todos aquellos funcionarios que no cumplen funciones jurisdiccionales, en varios casos ni siquiera son abogados, y cuya equiparación tampoco fuera prevista por ley formal alguna, surgiendo únicamente de los actos de designación”.
Desde allí, casi no hubo movimientos en la causa. El plenario es uno de los que tiene pendientes la Corte para resolver. Sin embargo, es algo que no ocurrirá en corto tiempo. Mientras tanto, las equiparaciones continúan y quienes demandaron siguen cobrando al igual que magistrados o magistradas.
