El Gobierno comenzó a trabajar en la reglamentación de la ley que aprobó la Legislatura esta semana, con la que se disolverá el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), y de esta forma, todo el trabajo del organismo pasará a estar bajo la órbita del Departamento General de Irrigación, que será quien lleve adelante los controles de calidad y gestión, más la regulación de tarifas de agua y cloacas.
En el proyecto aprobado se establece que se transferirá desde el EPAS a Irrigación la “asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas”.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, señaló a Los Andes que con la aprobación de la ley se eliminan cinco cargos políticos, que eran los que conformaban el directorio del EPAS (solamente estaban ocupados tres: Mario Draque, Alberto Morán Crowley y Ricardo Lucentini) y que comenzará también un proceso para reubicar o indemnizar a los 62 empleados que se desempeñan aún en el orgnaismo de control.
Algunos de ellos, por su expertise técnica, irán directamente hacia Irrigación, en lo que se prevé que será el mismo trabajo o similar que se realizará desde el organismo que está bajo la conducción de Sergio Marinelli; mientras que otros también se podrían desempeñar también en Aysam (Aguas Mendocinas), señaló Mema.
“El resto, o será reubicado dentro de la Administración Central gracias a la ley de Movilidad dentro de la estructura del Estado, o como otra opción, se indemnizará a aquellos que tomen esa decisión”, agregó el Ministro.
Actualmente, para mantener la estructura del ente de control se destinan $100 millones por mes, lo que da un monto de $1.200 millones al año, del cual el 90% está destinado a sueldos, informaron. De esta forma, se realizará el mismo servicio por parte de Irrigación “con una menor inversión de dinero, eliminando la estructura del EPAS”, acotaron.
Mema aclaró también que no tienen plazos para la disolución total del EPAS, y que se tomarán su tiempo “sin urgencia” para todo el proceso de traspaso, teniendo en cuenta que “se le dará el tiempo a la gente que se desempeña en el organismo para que pueda tomar algún tipo de decisión sobre su futuro”.
A todos los empleados se les respetará la antigüedad y el salario actual, ajustándose cualquier diferencia salarial mediante un adicional compensatorio, marca la ley aprobada.
Por otro lado, Mema agregó que con esta nueva ley y ahora el trabajo que se agregará a la órbita de Irrigación, se invitará a los municipios que tienen gestión propia de agua y cloacas, como Luján de Cuyo y Maipú, para que sean controlados y queden bajo el régimen de Irrigación en lo que respecta a control tarifario y calidad del recurso.
“Hoy no están siendo controlados por el EPAS. Sólo realiza controles cuando lo solicitan los municipios, pero no tiene la potestad de poner multas. Si las comunas tienen dudas, acuden al organismo como técnico, pero no funciona como controlador”, expresó el Ministro.
Para el Gobierno, el paso del EPAS a Irrigación “mejorará el trabajo de control y gestión del agua”, debido a que el organismo “tiene mas capilaridad y más músculo no solo para el control, sino también para el diseño de proyectos. Además, cuenta con un laboratorio robusto, que se abastecerá del que también tiene el EPAS”.
También agregaron que Irrigación se maneja con “muy buenos” controles de calidad de agua y que cuenta también con “eficiencia en el trato con los operadores”. No obstante, admitió que el rol de control “lo ha venido ejerciendo con dificultad”.
En tanto, desde Irrigación, Marinelli dijo días atrás a Los Andes que este proceso se enmarca en un “ordenamiento del sistema hídrico en Mendoza, porque la problemática que se genera tiene que ver no solo con problemas actuales, sino también con cómo se van comportando los crecimiento urbanos, en especial del Gran Mendoza, con una cantidad de actores y autoridades diversas que en algunos casos tienen más poder y otros menos poder”.
Marcó que el EPAS “no funciona en lo fundamental”, como lo es el control; y agregó que “la situación institucional desde hace muchos años es muy débil frente a lo que debe ser un nuevo objetivo de empresa pública y de los municipios prestadores”.
En este sentido, aseguró que sí puede hacerlo Irrigación, que tiene “más llegada a todo el territorio provincial”, con subdelegaciones con personal técnico, profesional, con maquinarias y “además tiene una estructura con inspecciones de cauce de participación”.
