Una testigo ratificó que Aliaga pedía U$S 200.000 para que Bento liberara a tres presos

El megajuicio que afronta el destituido magistrado federal Walter Bento culminó esta semana con dos testimonios importantes. Primero una mujer afirmó haber sido extorsionada por Diego Aliaga para pagar una coima de 200.000 dólares para que su exmarido Roberto Flores, detenido por contrabando en 2013, fuera liberado junto a dos sujetos más. Por otro lado el abogado y exfuncionario provincial, Antonio Carrizo, desmintió los hechos que el “testigo estrella” Diego Barrera relató sobre él y otros dirigentes peronistas, sobre un supuesto complot orquestado contra el exjuez.

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El debate estuvo signado por una serie de cruces entre el fiscal general Dante Vega y el abogado defensor de Bento, Felipe Salvarezza (quién secunda a Mariano Fragueiro Frías cuando no está presente). Ante esto la presidenta del Tribunal Oral Federal N° 2, Gretell Diamante, debió llamarles la atención permanentemente a ambos cuando se interrumpían por interpretar que la otra parte preguntaba a los testigos de forma “tendenciosa”.

En ese marco, Eli Moira Sosa, abrió la audiencia con un testimonio que ratificó el modus operandi de la banda: Aliaga presionaba a los detenidos por causas de contrabando o narcotráfico, haciendo uso de su llegada al juez Bento, para cobrarles dinero en moneda extranjera y transacción de bienes a cambio de beneficios procesales.

La testigo es ex esposa del fallecido agente aduanero Roberto Flores, quien fue condenado en 2020 por una causa de contrabando millonario de cigarrillos a Chile, que data del año 2013. Lo cierto es que la mujer expuso que cuando su expareja fue arrestado en aquel año de forma preventiva en la cárcel de San Felipe, junto a Gonzalo Ramírez Madrid (aduanero también) y el albañil Juan Carlos Iñiguez, el presunto mano derecha de Bento la extorsionó con el pago de $200 mil dólares por la libertad de los tres y ella se terminó negando.

“Diego Aliaga me llamó por teléfono para pedirme dinero para que ellos salieran más rápido y no estuvieran 9 meses presos. El decía que tenía llegada al juez Bento. Ahora sí sé quien es pero en ese momento no tenía idea. Me pedía 200 mil dólares”, afirmó Sosa y comentó que también le pidió “un departamento en la Quinta Sección y un vehículo que eran propiedad de Ramírez Madrid. Le pregunté cual era la garantía y me dijo que la garantía era la libertad”. Este relato sobre la coima se condice con lo que declaró en el juicio el propio Ramírez Madrid.

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Fueron tres las reuniones que mantuvo la mujer con Aliaga en un local gastronómico de Chacras de Coria hasta que sentenció su rechazo a pagar ese dinero y no charlaron más. Siempre se reunieron solos y contó que el operador se presentaba con documentos en la mano, que eran “muy similares” a los expedientes de la causa. A ella le llamaba la atención que le anticipaba siempre los pasos de la causa, en medio de los pedidos de excarcelación que realizaban los detenidos con sus abogados. Por lo que daba cuenta de su conocimiento sobre el ámbito judicial. Hasta le “mostró” en el celular supuestas llamadas con el juez, dijo.

“Aliaga decía que entraba al Juzgado y al despacho del juez Bento como si fuera su casa”, sostuvo Sosa. Además el sujeto le comentó que su esposo “era un perejil” en la causa, porque “estaba armada contra Ramírez Madrid, porque su puesto de administrador de Aduana era un puesto político y el que administraba el organismo no lo quería porque era gay”.

Lo cierto es que en el año 2014 fueron liberados Flores y Ramírez Madrid, tras permanecer 9 meses detenidos. Iñíguez por su lado, debió esperar unos meses más en la cárcel. En el año 2020 los tres llegaron a juicio en libertad y los condenaron por contrabando, pero presentaron un Recurso Extraordinario Federal ante Casación y por eso no quedaron detenidos.

“Mi marido me decía que tuviera cuidado con lo que declarara porque tenía terror de que el socio de (Diego) Aliaga, que el decía que era Bento, tuviera alguna represalia”, contó Sosa que le decía al momento de declarar en la Instrucción de esta causa. Y afirmó que con él ya fallecido, pudo declarar cosas que “se guardó” anteriormente por ese motivo.

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Carrizo también desmintió a Barrera

Un día después de que el abogado Pablo Cazabán desarticulara los sorpresivos dichos del testigo Diego Barrera, condenado por el secuestro y homicidio de Aliaga, hoy hizo su parte quién fuera también su defensor en esa causa: el doctor Antonio Carrizo. El letrado es un conocido dirigente político además, por haber sido funcionario de seguridad durante los gobiernos de Celso Jaque y Francisco “Paco” Pérez.

El 14 de noviembre, Barrera apuntó a un supuesto complot que habría realizado por dirigentes como Leonardo Comperatore (exministro de Seguridad), el exvicegobernador Carlos Ciurca y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, con el fin de que el condenado por asesinato declarara en contra de Bento, a cambio de gestionarle la prisión domiciliaria para su esposa y sus hijos, también imputados en la causa Aliaga, mediante el fiscal Vega.

Carrizo defendió a Barrera desde que fue detenido en agosto del 2020 hasta octubre del 2021 y rechazó que haya existido tal reunión entre los dirigentes peronistas. “Es un circo de mentiras lo que dijo el señor Barrera. En mis 30 años de profesión jamás he hecho algo como lo menciona. No tengo ni siquiera un apercibimiento del Colegio de Abogados”, sostuvo el abogado.

“No existió la reunión”, dijo tajante ante la consulta del fiscal Vega sobre el supuesto encuentro con Sagasti, Ciurca y Comperatore. A Carrizo le sorprendió la declaración de Barrera porque su relación “terminó en buenos términos”, agregó en ese sentido.

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También admitió que Barrera le contó que había declarado en la causa Bento, pero él se negó a involucrarse en tal tema. “El me dijo que había declarado lo que sabía. Yo le decía que no me embrolle. No me interesaba esta causa. Era un cliente complicado y yo no quería mezclar las cosas”, confió.

La defensa lo interrogó sobre su vinculación con Ciurca y Comperatore, a lo que Carrizo respondió que solo mantuvo una relación “funcional” durante las gestiones provinciales del PJ y que cruzan un saludo de vez en cuando, por compartir militancia, pero no más que eso. Aquí la Fiscalía reiteró oposiciones por preguntas “capciosas” y la jueza debió intervenir para calmar las aguas.

Es interesante el giro político del testimonio de Barrera, porque el 28 de octubre, el todavía juez federal había apuntado contra Alfredo Cornejo por su situación en una entrevista en diario Perfil. Una semana después fue destituido y hasta el kirchnerismo le había soltado la mano. Entonces, el 14 de noviembre, llegó el testimonio de Barrera, apuntando contra el peronismo local.