El régimen de concursos a la administración pública tuvo una modificación importante en la primera gestión de Alfredo Cornejo. En función de las necesidades de cada área, se fueron realizando llamados. En estos meses podría haber una nueva convocatoria y superar los 182 cargos concursados desde 2016. Antes de la reforma, se promovieron una decena de ascensos.
Según datos del Gobierno provincial, la planta permanente del Estado ronda los 95.000 agentes que se nuclean en distintos regímenes entre los que están establecidos los mecanismos de ingreso y ascensos. Se calcula que son cerca de 4.000 los agentes que conforman la administración pública provincial (Ley N° 5126) y a este universo se ingresa o se asciende por los concursos que estipula la ley 9015, sancionada en 2017.
Esta normativa volvió a ponerse en agenda luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre la ley 8.798, que es un decreto paritario homologado del 2015. Se cuestionó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la normativa y el máximo tribunal hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta por la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.
La resolución de la Sala Primera, con votos de Pedro Llorente, José Valerio y Omar Palermo (en disidencia) especifica qué puntos de los decretos paritarios que se agruparon en el que envió el entonces gobernador Francisco Pérez a la Legislatura son ratificados. Alcanza a celadores, guardaparques, personal de salud, de Juegos y Casinos, Tribunal de Cuentas y funcionarios judiciales.
Tras el fallo, el Gobierno provincial revisará 7.979 casos y tendrán la posibilidad de competir en el concurso si cumple con los requisitos del cargo. Para esta instancia aun falta porque todo está en proceso de revisión.
Más ascensos que ingresos
Así, la cantidad de cargos que se concursarán engrosarán la lista que se viene conformando desde la primera gestión de Cornejo, según datos que aportó el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que conduce Natalio Mema.
Entre 2016 y 2024, los concursos representan un total de 182 cargos, entre 87 ingresos y 95 ascensos. “Los cargos se cubren con base en las necesidades que surgen, sin resentir el servicio y con la única finalidad de continuar brindando prestaciones de calidad a la ciudadanía”, aclararon desde esa cartera a Los Andes.
Si bien la ley rige desde el 2017, antes había un régimen de concursos. Eso permitió que 10 agentes lograran el ascenso con ese mecanismo en 2016, a poco de la llegada del actual mandatario, pero en su primera etapa.
El 2018 fue el año que más cargos se concursaron, pero en su mayoría fueron ascensos. Es decir, sólo podían presentarse quienes revistieran condición de empleados de planta. Fueron 63 las promociones internas frente a 56 ingresos, totalizando 119 cargos concursados.
Durante 2019 sólo fueron 4 cargos para nuevos ingresos y dos más en el 2021 ya en la gestión de Rodolfo Suárez, luego de un 2020 pandémico en el que no hubo llamados. En el 2022 ocurrió lo mismo, no se abrieron vacantes para concursar.
El año 2023 tuvo 23 vacantes para cubrir con nuevos ingresos y 22 para ascensos, completando 45 cargos concursados. Y este año, el llamado fue para 2 cargos de ingreso aunque antes de fin de año es probable que haya convocatorias dado que hay crédito presupuestario y vacantes que están evaluando.
De cara al año próximo habrá llamados y el panorama estará más claro luego de analizar los casos alcanzados por el fallo de la Corte mendocina.
“En la administración central hay mayor transformación de trabajo porque hay documentación electrónica, por ejemplo y muchas tareas se sustituyen. Hay miles de pequeños trabajos que han desaparecido. Hoy está la necesidad de profesionalizar, de desarrollar otras habilidades porque la tarea rutinaria la hacen los sistemas”, indicaron.
Poder Judicial volvió a concursos
El último concurso que llevó adelante el Poder Judicial para el ingreso de personal técnico administrativo fue en 2015. Ocho años después, a través de la Acordada N° 31.005, resolvió abrir nuevamente las inscripciones para cubrir 200 cargos en todas las circunscripciones judiciales, en un periodo de dos años.
El proceso iba a ser auditado por la Universidad Nacional de Cuyo y como sólo 2.109 lograron aprobar para pasar a la segunda instancia, se levantaron sospechas de que el mejor aprobado tendría algún vínculo con uno de los responsables de la carga de las preguntas en la plataforma Moodle, que gestiona la Facultad de Ciencias Económicas. Se abrió una investigación pero no alteró las etapas siguientes de exámenes.
En noviembre del año pasado, el Ministerio Público Fiscal concursó 500 vacantes para personal técnico administrativo en las cuatro circunscripciones judiciales. Para estos perfiles no hubo convocatorias durante 5 años. Por otra parte, hubo concursos pero para cargos profesionales específicos.
Senado, primero a planta y después concurso
En la Casa de las Leyes hay que remontarse a la época de Laura Montero en la Vicegobernación para encontrar vacantes concursables aunque los llamados fueron internos. Es decir, sólo podían presentarse empleados legislativos.
Durante la era de Mario Abed no hubo convocatorias y con el desembarco de Hebe Casado empezaron los reacomodamientos. “En esta gestión se está haciendo un trabajo de ordenamiento de la estructura y de recursos humanos para el año que viene aplicar concurso y cubrir áreas vacantes”, indicaron desde el Senado a Los Andes. Los cargos serían 4 o 5.
Sin embargo, cuando no llevaba ni un mes en el octavo piso, Casado dispuso de al menos tres pases a la planta permanente de la Cámara Alta, según resoluciones a las que tuvo acceso este medio.
El 1 de enero de este año, según la resolución 70 del Senado, Javier Eduardo Aguas fue designado como Subdirector TIC con clase 13 en la planta permanente. La disposición no menciona que haya sido por concurso. El área depende de la Secretaría Administrativa que conduce Pablo Priore.
El mismo caso se da con María Emilia González Labanca, que desde el primer día del 2024 goza de una clase 13 en la planta permanente designada como Jefe de Despacho y un adicional por mayor dedicación al 40%.
El tercer nombre es el de Sofía Nahir Panizzutti López a quien la pasaron a planta permanente, con clase 11 y funciones en Secretaría Administrativa.
Ante la consulta de Los Andes sobre si efectivamente estos nombres habían sido designados en la planta permanente sin concurso, no hubo respuesta.
Desde la Cámara de Diputados, que preside Andrés Lombardi, indicaron que no hay llamados a concurso porque las vacantes que se abren por jubilaciones o renuncias no se cubren con esa misma modalidad. Remarcan que de esta manera se consolida el descenso en la cantidad de empleados legislativos.
Los gremios evalúan ir a la Corte nacional
El fallo sobre los pases a planta hechos en el 2015 no cayó bien en varios de los gremios involucrados por esos decretos paritarios. Uno de ellos es el SUTE que tiene a una cantidad importante de celadores que estarían alcanzados por la decisión del máximo tribunal.
Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, consideró ante la consutla de este diario que el fallo “deslegitima la paritaria porque además de paritar con el Ejecutivo, tenemos que pedirle permiso a la Corte”.
El SUTE estudia presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. “Todos los docentes entran por concurso, hasta una suplencia de tres días. A nosotros no nos pueden hablar de concursos. Me encantaría que los ministros de la Corte tuvieran un concurso de idoneidad”, expresó.
Diego Luconi, de la Unión Personal de Juegos Casino de Mendoza, indicó que también están analizando acciones judiciales (probablemente irían junto al Sute) y que son cerca de 50 trabajadores los alcanzados por la decisión de la Suprema Corte.
En la misma sintonía se mostró Ramiro Quevedo, al frente de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc) y que siguen de cerca la situación porque uno de los decretos observados es el de la paritaria del Tribunal de Cuentas de aquel momento.
Roberto Macho, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aseguró que el Gobierno provincial “tendría que haber llamado por lo menos a 3.000 concursos para blanquear a los trabajadores que tengo en negro, precarizados, dentro de la Provincia”.
El gremialista indicó que no se opone a los concursos, al contrario, “los hemos pedido en varias paritarias y el gobierno de Alfredo Cornejo no lo concede, como tampoco lo concedió el gobierno de Suárez. La gran mayoría de los ascensos se han hecho a dedo y los hemos denunciado”.
Defiende que los empleados pasados a planta en aquellas paritarias, y que estarían alcanzados por el fallo del máximo tribunal local, cumplieron con las condiciones de idoneidad y antigüedad. Y si fueran revisados esos casos, asegura que no hay nada que esconder. También evalúa recurrir a la Corte Suprema de la Nación.
