En la semana posterior de las elecciones departamentales adelantadas y a tres semanas de las elecciones generales en las que se definirá el próximo gobernador, el oficialismo apurará en la Legislatura el debate de la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal. Ese debate no parece ser inocente en términos electorales, puesto que se pondrán sobre la mesa las visiones de cada fuerza acerca de la administración de los recursos del Estado en la previa del comicio del 24 de setiembre.
En la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados que se realizará en la mañana de hoy, los legisladores de Cambia Mendoza plantarán bandera y darán el ultimátum para que en la siguiente reunión de ese cuerpo se firme el despacho y el miércoles 13 se pueda dar media sanción en el recinto para luego pasar a Senadores.
El punto de debate central es la reformulación del Fondo Anticíclico, que es un ahorro que el Ejecutivo tiene la obligación de conformar por orden de la actual ley de Responsabilidad Fiscal y que desde hace más de una década no se junta plata para conformarlo.
Este proyecto fue enviado por el Ejecutivo a Legislatura a fines de abril de este año, horas antes de que el gobernador Rodolfo Suárez lo anunciara en el discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias. Antes de llegar a la Casa de las Leyes, el texto había sido revisado por el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), en el que participan entidades empresarias, académicas y sociales de la provincia.
Durante mayo, el ministro de Hacienda Víctor Fayad pasó por la comisión de Hacienda de Diputados para defender el proyecto ante los legisladores. Después quedó en stand by. Se dijo que se retomaría el debate después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de junio pasado, pero el tiempo pasó.
Ahora, el oficialismo decidió retomar el debate, sabiendo que el peronismo había manifestado dos objeciones fuertes al proyecto. “La idea es poder empezar a darle tratamiento el martes en la Comisión en principio de las observaciones que ha hecho el PJ, a alguna teníamos la intención de escucharlas, pero la eliminación del fondo anticíclico de ninguna manera, es la columna vertebral del proyecto”, dijo el diputado Jorge López, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados.
López explica que “esta semana vamos a ver si mantienen la misma posición o si hay alguna posibilidad de que revean algo. Pasa que el ministro (Fayad) no quería que la sacáramos con los números nuestros; no tiene sentido porque es una ley de fondo y es mejor que salga acordada”.
Del otro lado, la diputada Marisa Garnica (Frente de Todos-PJ) sostiene la postura negativa a la conformación del Fondo Anticíclico. “Este Gobierno lo que ha pretendido siempre es hacer ahorros a costa de los bajos salarios, a costas de la subejecución presupuestaria en casi todas las áreas especialmente en lo que es infraestructura y evidentemente lo quieren seguir haciendo a través de de este proyecto de ley. A nosotros nos parece que las gestiones de gobierno están para gestionar, para gobernar y no para administrar como una empresa privada la cual tiene que tener ahorros”.
Garnica, quien además es esposa del candidato a gobernador del Frente Elegí Omar Parisi, acusa “no estamos en desacuerdo de tener las cuentas este ordenadas porque por ahí lo que se entiende es que no queremos ahorrar porque somos despilfarradores. Lo que se pretende es que cuando vos tenés sueldos bajísimos como los de los docentes como los de los médicos como los de los enfermeros como los de los policías los médicos se nos han ido a las provincias vecinas y a Chile. Tener ahorros y previsión no está mal, pero en épocas de crisis, los fondos no son para tenerlos ahorrados y la provincia de Mendoza tiene los fondos ahorrados en fondos de inversión inclusive algunos en el extranjero”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, responde a esta afirmación. “Es un discurso político. Ellos están en contra del fondo anticíclico pero en los municipios actualmente tienen plata guardada. Hay municipios que tienen hasta seis masas salariales guardadas, inmovilizadas en plazos fijos, para enfrentar situaciones de crisis. Ellos dicen que con las necesidades que padecemos hay que gastar, pero no miran a sus municipios que también guardan plata y también padecen la misma crisis”.
El otro debate
La ley de Responsabilidad Fiscal también establece la prohibición de incrementar el gasto en los últimos seis meses de una gestión, eso incluye la incorporación en planta permanente de nuevo personal del Estado. En la propuesta de reforma remitida por el Gobierno esa “regla de fin de mandato” se aumenta a un año.
Marisa Garnica indica que “no tiene sentido en gestiones provinciales de cuatro años, aumentar a un año esa prohibición. Ese periodo es un cuarto de mandato en el que no se pueda pasar personal la planta permanente; no es en beneficio ni un signo de una mejor gestión, sino en perjuicio del personal que no pasa planta. Nos parecen prudentes prudente los seis meses, pero un año la verdad que no”.
Del otro lado, Lombardi y López están de acuerdo en proponer una fórmula intermedia para arrimar posturas con el peronismo. “Estamos manejando una idea que en principio estaría OK con el Gobierno: que la prohibición de incrementar la planta de personal se aplique desde el momento que se inicia el proceso electoral, con la publicación del decreto convocatoria a las PASO. Entonces para la provincia sería desde marzo y para los municipios, si es que adelantan sus comicios, sería en febrero, cuando deben publicar sus decretos convocando a la elección”, dice Lombardi.
Los plazos
“No hay urgencia. La idea era a ver si el martes podemos ver si el peronismo trae algunas propuestas que puedan transformarse en alguna modificación más o menos te acordada y avanzar con el despacho y si no, el otro martes sí o sí despachar”, dice López.
En ese plan, implicaría que el debate de comisiones se iniciaría el 5 de setiembre y habría despacho el martes 12 y así estarían cumplidas las formalidades para que el proyecto sea votado por la Cámara Baja el miércoles 13 de setiembre.
Un fondo diluido
Mendoza creó el Fondo Anticíclico en 2004, durante la administración de Julio Cobos, cuando se sancionó la ley 7.314, que era la adhesión a otra ley, la 25.917, sancionada por el Congreso Nacional en agosto de 2004, en la que se creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. En el artículo 20 de la ley 25.917 obliga a que el Gobierno nacional y las provincias “constituirán fondos anticíclicos fiscales a partir de la vigencia de la presente ley”.
Los memoriosos juran que cuando se fue Cobos, dejó dos nóminas salariales de respaldo para momentos en los que bajara la recaudación. Ese fondo terminó diluyéndose con el correr de los años.
En la ley de presupuesto 2008, el primero de la administración de Celso Jaque, se aprobó un artículo que exceptuó al Ejecutivo de la obligación de reservar plata para engordar el fondo anticíclico. A partir de entonces esa excepción se sancionaría con los sucesivos presupuestos y el colchón se diluyó.
El artículo 10 de la 7314, dice que el Fondo Anticíclico “se constituirá con un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del excedente de recursos corrientes” respecto de los ingresos previstos en el Presupuesto anual. En el artículo 12 se indica que hay que juntar plata “hasta alcanzar el dos por ciento (2%) del Producto Bruto Geográfico (PBG)”. Cuando se llega a ese umbral máximo, el 50% de excedente de recaudación, “serán aplicados a la cancelación de deuda pública consolidada y/o a inversión en obra pública”.
En noviembre de 2022, el ministro de Hacienda Víctor Fayad, dijo que la norma se redactó y votó sin la inflación galopante de estos tiempos. “Con inflación, la mayor recaudación es moneda corriente. Hace 12 años que venimos con inflación. Nación nos miente con la inflación, nosotros tenemos que tomar esa mentira y cada de peso de más que recaudamos, la mitad debería mandarse al fondo anticíclico”.
Según datos del Ministerio de Hacienda, desde 2008 hasta ahora los recursos recaudados fueron mayores a los presupuestados en casi todos los ejercicios, salvo en 2012, 2014 y 2020, pero eso no evitó que en la mayoría de los años hubiera déficit fiscal frente al crecimiento real de los gastos, también producto de la inflación.
Por eso el texto de la reforma indica que la norma establece que hay que tener como Fondo el equivalente a una nómina salarial y se constituirá 33% el primer año (de una nómina salarial), un 66% el segundo año y completándola en un 100% al tercer año.
