Por fuera de la ley “bases”, que concentrará la atención en los próximos dos meses de cara a la firma del Pacto de Mayo, el Congreso se apresta a debatir otro tema de alto voltaje político y social: el paquete de leyes impulsado por los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri en materia de seguridad y defensa.
Se trata de cinco grandes reformas, entre las que sobresale la intervención de las Fuerzas Armadas en supuestos de terrorismo. Un tema que cobró relevancia por la escalada de violencia narco en Rosario y que divide aguas dentro del propio Gobierno por el rechazo público de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Los proyectos serán enviados, posiblemente, dentro de dos semanas, por lo que el tratamiento podría coincidir con el de la nueva ley “ómnibus”. Así lo indicaron a este medio fuentes cercanas a Bullrich, quien esta semana recibió junto a Petri, por separado, a diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para detallar las iniciativas y preparar el terreno.
Varios de los puntos a tratar no son nuevos, pues ya formaron parte de la primera edición de la ley “bases”. En aquella oportunidad, hubo reparos de la oposición dialoguista (por ejemplo, por los límites al derecho a la protesta). Ahora, el Poder Ejecutivo decidió separar esa discusión de la de la ley “bases” para facilitar los consensos.
Un dato importante es que el manejo del debate no estará en manos de La Libertad Avanza. En Diputados, la Comisión de Seguridad Interior será presidida por el santafesino Alejandro Bongiovanni (PRO), un hombre de las filas de Bullrich, mientras que en la Comisión de Defensa asumió, tras una dura negociación, Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), que fue ministro del área en el gobierno de Fernando De la Rúa.
En el Senado, en tanto, la radical santafesina Carolina Losada será designada como titular de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico; y el cordobés Luis Juez (PRO) se quedará con la de Defensa Nacional.
Los proyectos
Para Bullrich y Petri, el proyecto que apunta a dotar a las Fuerzas Armadas de mayores facultades para actuar contra el narcoterrorismo es “la reforma más importante desde la sanción de la Ley de Seguridad Interior en 1991″. En cambio, Villarruel se diferenció: “En los ‘70 se combatió al terrorismo, y ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.
Desde la oposición, en tanto, advierten que será uno de los debates más complejos. “Esta ley va a ser la que más fino se mire; no tanto las causas que permitan el accionar de las Fuerzas Armadas, sino sobre todo cómo limitar y cómo terminar ese accionar una vez que arranca”, indicó un diputado que participó de una de las reuniones en el Ministerio de Seguridad.
Por otra parte, Bullrich impulsa una ley “antimafias” que permitirá que la pena por el delito más grave se aplique a todos los miembros de una organización delictiva. “No podemos ir hormiga por hormiga; tenemos que terminar con el hormiguero”, graficó la funcionaria. Además, se vuelve a traer el concepto de extinción de dominio en el fuero penal.
En tercer lugar, se impulsará una ley de reiterancia con el fin de terminar con la “puerta giratoria”. A diferencia de la reincidencia, la reiterancia permitiría que un delincuente que enfrenta varias causas penales sin tener aún sentencia firme espere esa resolución preso. Sobre el tema también presentó un proyecto esta semana la diputada Carolina Píparo.
Un cuarto proyecto es el de la ampliación del registro de ADN a todos los delitos. Según explicó Bullrich, todos los imputados tendrán que dejar sus huellas en un banco genético a partir del momento en que ingresen al lugar de detención.
Por último, se insistirá con varias reformas que formaban parte de la vieja ley “bases”, como el aumento de penas por organizar protestas o instigar cortes de calles, y por incentivos económicos o amenazas a los participantes de las manifestaciones. También agravarán sanciones por delitos contra la autoridad. “Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada”, dijo Bullrich.
En este paquete también buscarán sancionar el bloqueo de comercios e industrias, y ampliar el concepto de legítima defensa y cumplimiento del deber, un tema que cobró trascendencia en 2017 con el caso Chocobar, el policía reivindicado por Bullrich que fue condenado por disparar y matar a un delincuente que atacó a un turista.
