El blanqueo de dólares y pesos para incentivar la construcción privada está ingresando en su fase de definición y el Gobierno espera que más empresas y particulares mendocinos que tienen sus ahorros “debajo del colchón” se sumen, para construir impulsando la inversión real y el empleo en el sector.
Ahora se acercan dos fechas trascendentes: para quienes se inscriban antes del 9 de junio, la alícuota del impuesto especial a abonar será del 10%; si la inscripción es entre el día siguiente y el 9 de julio, la alícuota será del 20%.
A quienes se inscriban en esto que el Gobierno denomina “Programa de Regularización de Capitales” se le cobrará un único impuesto y se les otorgará un “bloqueo fiscal” respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos.
El ministerio de Economía organizó reuniones con las provincias e incluso les entregó un borrador de ley local para adherir a la norma nacional, sumando exenciones en Ingresos Brutos, con la idea de generar un beneficio mayor para una más alta captación.
“Muchas provincias están avanzando. En definitiva, es un beneficio para todos porque la construcción es una de las actividades más federales. Y las obras se hacen en sus territorios, con mano de obra local y en pesos, sin demandar divisas”, dijeron a este medio en Economía.
Todos los fondos que sean blanqueados y se depositen en una cuenta bancaria en el país hasta el 9 de julio tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022 para ser aplicados en una obra en construcción.
Quienes depositan los dólares pueden mantener los fondos en esa moneda. Y cuando hacen la inversión, pueden convertirlo en pesos vía el mecanismo bursátil de Contado con Liquidación o MEP, que están un 70% por encima del tipo de cambio minorista “oficial”.
Previsiones, debates y ¿prórroga?
Al diseñar la ley, en el Gobierno estimaron el año pasado que podrían ingresar unos 2.000 millones de dólares. Pero la segunda ola de la pandemia de Covid-19 cambió el escenario económico y elevó la incertidumbre, lo cual podría impactar en el resultado que se conocerá finalmente en julio.
En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) son más optimistas dado que estiman que podrían ingresar unos 5.000 millones de dólares. Pero, advierten, para ello es necesario extender los plazos previstos por unos tres meses más. En el Gobierno responder que esto no está hoy en agenda.
En el Congreso hay acuerdo para prorrogar por tres meses el régimen. El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del principal bloque de la oposición, Cristian Ritondo, firmaron un proyecto.
Ambos estiman que en el tercer trimestre del año habrá un panorama más despejado de la pandemia por la aceleración de la vacunación y que allí será menos complejo para los inversores tomar una decisión.
Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, se reunió esta semana con representantes de la Camarco. Allí hubo coincidencia en el beneficio para el empleo que significa movilizar ahorros hacia inversiones en el sector.
“Es un esquema muy interesante que sirve para canalizar activos que están ociosos en una actividad con despliegue federal y con un encadenamiento productivo y que está dirigido para incentivar una actividad que está creciendo incluso en el marco de la pandemia”, dijo Arias.
Allí mismo, Iván Szczech, presidente de la entidad, planteó la importancia de ampliar los plazos propuestos en las distintas fases de la exteriorización de capitales. Hubo representantes de las sede que la cámara tiene en casi todo el país.
Entre los beneficios más importantes que establece el Régimen se encuentran las exenciones del Impuesto sobre los Bienes Personales de las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y crédito fiscal para computar contra el Impuesto sobre los Bienes Personales igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.
En el empresariado plantean que el nivel de incertidumbre actual por el impacto de la pandemia conspira contra la toma de decisiones y señalan también dudas sobre el largo plazo (más allá de los dos años), puntualmente en lo que refiere a la presión impositiva sobre los inmuebles.
Le ley propone adecuar además el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias (Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, según corresponda) al momento de percibir los ingresos por la inversión, y adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.
