La resolución 463 firmada por los integrantes del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación dispone suspender por 60 días a María Emilia Scatolón por haber incumplido en la rendición de cuentas del ejercicio 2022.
La decisión generó suspicacias en ambientalistas que aseguran, tiene un trasfondo político. Scatolón había advertido sobre la presencia de restos hidrocarburíferos en tierra ubicada en la localidad maipucina de Lunlunta. “Es una cama”, asegura la afectada. Pero Irrigación la desmiente y argumenta que sólo se trata de hacer cumplir las normas.
La polémica por la contaminación en Maipú por parte de YPF no terminó con las remediaciones que ordenó el Gobierno junto a Irrigación. Un capítulo se abrió en el Gobierno del Agua al iniciarse una investigación sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2022 que debía hacer la Inspección de Cauce Canal Matriz Lunlunta, a cargo de María Emilia Scatolón.
La resolución del 4 de octubre de este mes, y que avalan por unanimidad los cinco consejeros que conforman el Honorable Tribunal Administrativo, junto a Sergio Marinelli, titular de Irrigación, decide suspender por 60 días a la inspectora. El nombre de Scatolón venía sonando con fuerza por las denuncias sobre contaminación en esa zona de Maipú, básicamente porque es el cauce que está bajo su órbita.
En la explicación que se extiende por más de diez páginas, el órgano relata las responsabilidades de quien conduce la Inspección de Cauce y los incumplimientos que se le endilgan. Cada ejercicio que cierra el 31 de diciembre, tiene hasta el 10 de junio del año siguiente para rendir sus cuentas.
Ese detalle debe explicar qué hace con la partida presupuestaria asignada: cuánto gastó en personal, en movilidad, etc. Cada inspección de cauce está registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tienen CUIT por ser personas jurídicas públicas no estatales.
De las 150 inspecciones, sólo la que conducía Scatolón presenta irregularidades en la rendición de cuentas. Leonardo Muzzino, secretario del HTA, explicó a Los Andes que la investigación iniciada no tiene que ver con la polémica en relación a la contaminación en Maipú.
“Los ejercicios cierran los 31 de cada año. Los inspectores tienen una asamblea en mayo, y el 10 de junio tiene que estar presentado. El 2022 terminó, debía presentar en el 2023 y recién presentó comprobantes en 2024. Esos comprobantes tienen que estar cargados en el SICIA, el sistema contable y no los tenía cargados. Los cargó ahora en setiembre”, indicó.
Muzzino aclaró que la inspectora recibió intimaciones y multas, y que el tribunal había considerado que presentó algunos comprobantes, aunque fuera tarde. “Es inédito que una inspectora no rinda cuentas, lo hizo al último”, remató.
La versión de Scatolón
La inspectora suspendida insiste en que todo se trata de persecución por haber denunciado en la Justicia lo que ocurría con la tierra empetrolada en Lunlunta. “Hay una complicidad muy grande” le dice Scatolón a Los Andes vinculando a Marinelli, Alejandro Gennari (Consejero del Río Mendoza) y otros funcionarios, como el subdelegado y la coordinadora de inspecciones de cauce.
“Ellos fueron los que me pidieron la documentación y nunca me cargaron en el sistema. Tenés que llevar los papeles si tu contador no te los carga. Los dos contadores trabajan para Irrigación: Gonzalo de la Cruz y Silvia Giulidori. Ella es la misma que le firmó los balances a Currenti”, indicó, haciendo referencia al polémico inspector de cauce de Corralitos. Currenti también fue suspendido y la Inspección que tenía a su cargo intervenida, por diversas irregularidades.
Con respecto a la presentación de los comprobantes, Scatolón asegura que tiene una certificación de que “en el sistema nunca me cargaron nada. Ellos no me cargaron las cosas. Ya había saltado la denuncia de YPF. Desde enero que tenemos este problema”.
“En tres días cargaron cualquier cosa y tuve que ir con una escribana a pedir la documentación. Me la dieron en una bolsa de nylon. No es lindo lo que me han hecho, es muy triste. Me pidieron que renuncie, y que a cambio me limpiaban el expediente. Esto de la contaminación no es la primera vez, desde 2014 que denuncio”, remarcó la inspectora que lleva más de 8 años al frente de ese cauce.
Confirmó que su abogado hará una presentación pero se quejó de que debe hacerla ante el mismo tribunal que por unanimidad decidió suspenderla. También aseguró que sus críticas al Código de Aguas le valieron la represalia. “En mi inspección son 1700 hectáreas y manejo dos plantas potabilizadoras de agua que son de la Municipalidad de Maipú. Bajo este concepto, con el nuevo Código les conviene manejarlas. Si me intervienen la inspección se les meten a la Municipalidad en dos plantas de agua”, denunció.
La remediación
En tanto, el ingeniero a cargo de la gestión ambiental del agua, Fabio Lorenzo, dio la versión de Irrigación sobre el caso de contaminación. Lorenzo, quien es director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, informó que en el sitio afectado “ya se han implementado una serie de medidas, que tienen por objeto principal evitar que las sustancias que se han encontrado (en el suelo), puedan llegar al río por arrastre del agua. En este sentido, como suele hacerse en estos casos, se instalaron barreras oleofílicas, y se han realizado varios muestreos de agua”.
Lorenzo también señaló que se ha intimado a YPF para que realice “una caracterización completa del área afectada, es decir, saber bien qué extensión tiene, y qué volumen de suelo contaminado puede haber, para que ahora se implemente un programa de remediación del sitio. Este trabajo inicial esta prácticamente concluido. Las tareas que seguramente se implementarán, se relacionan con poder extraer el suelo afectado, y mientras tanto, tomar todas las medidas para evitar que no llegue ninguna sustancia contaminante al agua”.
“Los muestreos efectuados muestran que no ha habido afectación del río. No obstante, este sitio debe ser remediado, porque efectivamente hay suelo afectado con hidrocarburos, en una extensión que si bien es menor, requiere el debido saneamiento. La empresa debe asumir la total responsabilidad, y los organismos de control, como el DGI y la DPA deben auditar los procesos de remediación”, agregó Lorenzo.
El ingeniero agregó que hay procesos administrativos en pleno curso contra la empresa y que se ha dado intervención también a la Fiscalía de delitos ambientales, organismo que también esta participando en el seguimiento del tema.
