En medio de algunos reclamos salariales de referentes de la Policía de Mendoza, una diputada de La Unión Mendocina, presentó un proyecto para darle a los efectivos una suerte de “paritaria” para negociar salarios.
La diputada Cintia Gómez, quien acaba de ingresar a la Cámara baja, propuso un proyecto de ley para la creación de un “órgano consultivo de salario”. Este órgano tendría como objetivo facilitar un “espacio de diálogo” entre los efectivos de la policía y los funcionarios designados por el ejecutivo provincial para discutir mejoras salariales.
Las fuerzas policiales no pueden negociar acuerdos salariales. Mientras que los sindicatos suelen recurrir a manifestaciones o paros para reclamar aumentos salariales, la Policía tiene vedada esta opción debido a la ley provincial 6722 que en el artículo 44 inciso 6 impide “recurrir a la huelga o a acciones colectivas” al personal policial y penitenciario.
Así las cosas, los aumentos salariales para el personal son determinados por el gobernador mediante un decreto.
“Los reclamos salariales solamente pueden realizarse por vía administrativa y/o judicial establecidas en las leyes 6722 o en la ley 9003 (Ley de procedimiento administrativo de Mendoza)”, comentó Enrique Thomas, ex integrante de la comisión Bicameral de seguridad, a Los Andes
![La diputada provincial Cintia Gómez con Omar de Marchi.](https://www.losandes.com.ar/resizer/v2/BNSQQOIBTNC6RGZ4CKRRTCA2R4.jpg?auth=2fc606de23530067d6f11431ac7c700454e533c5c982e29c185ef356841206df&width=939&height=815)
Ante la prohibición de sindicalización que tiene el sector, Gómez propuso un proyecto para establecer una mesa de diálogo permanente entre el Ejecutivo y representantes de la policía con el fin de abordar las demandas salariales de los uniformados.
“La Policía de Mendoza tiene los salarios más bajos no sólo de la región Cuyo sino del país. Además, una clara obsolescencia de marcos legales para el actuar policial; deficiente capacitación del personal; benignidad de las leyes penales; ineficiencia y colapso del sistema de Justicia criminal”, afirma Gómez en la fundamentación del proyecto de ley.
El organismo, según el proyecto, estaría formado por un representante designado por el Ejecutivo provincial, el ministro de Seguridad, el jefe de la Policía provincial, un representante de la fuerza en actividad, un representante del cuerpo penitenciario y un representante de quien ejerza la representación del personal de policía retirado.
Sobre la representación del personal policial, Gómez incluyó un artículo especial: “El órgano estará compuesto por representantes designados por los mismos agentes de la Policía con el objetivo de garantizar una representación equitativa y una participación activa en la toma de decisiones relacionadas con salarios y condiciones laborales”.
Y estableció como aval mínimo “el voto del 20% del personal en actividad para poder ser designado como representante de la fuerza policial, penitenciario o retirado”.
Sobre la financiación de este organismo el proyecto de ley establece que será dotado de recursos de dos formas: la primera, a través de las partidas presupuestarias que el ejecutivo le asigne dentro del presupuesto provincial. Y la otra, a través de “cualquier otro recurso que se le asigne o reciba por donación”.
El proyecto deberá ser tratado después del 1 de mayo cuando comiencen las sesiones ordinarias; hasta entonces, los legisladores solo pueden tratar iniciativas que provengan del Ejecutivo provincial.
SILENCIO OFICIAL
El Gobierno optó por no responder a las consultas de Los Andes sobre este proyecto y la situación salarial de la fuerza. Confirmó, en cambio, el procedimiento “de ley” para los aumentos: los policías reciben el mismo incremento salarial que el resto de los empleados públicos, por decreto.
El punto en común entre el proyecto de Gómez y algunos referentes de la Policía es la queja por los salarios del personal. Según señala Omar Alcalde, titular de Ammupol, la mutual que representa a policías y penitenciarios en actividad y retirados, “un efectivo trabaja 300 horas mensuales y gana en promedio 300 mil pesos al mes.
“Ya hicimos un pedido de audiencia, mandamos abogados, le hicimos un reclamo formal y no hemos tenido respuesta de Mercedes Rus (la ministra de Seguridad de Mendoza)”, dijeron desde la mutual.
![Mercedes Rus y Alfredo Cornejo, con la plana mayor de la Policía. Prensa Gobierno](https://www.losandes.com.ar/resizer/v2/C4GLOJBW6VAJLH7CP3V5R2REZA.jpg?auth=ad2c95646235fd802e58919db0b637350a831e184a1f695756a28cacaa48ab7b&width=700&height=489)
El último aumento decreto estableció para la Policía aumentos del 15% para noviembre y diciembre, y 5,8% para los meses de enero, febrero y marzo.