En medio de la grieta judicial, que se ha tensionado aún más la relación entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia en los últimos días, el Gobierno Provincial termina de delinear un proyecto para regular el funcionamiento interno del máximo tribunal de Justicia. El gobernador Rodolfo Suárez, que ha sido uno de los artífices de la norma, decidió meterse de lleno en la redacción del articulado y presentará la iniciativa en los próximos días en la Legislatura, que promete contrapuntos fuertes en torno a cómo se planea la distribución de causas jurisdiccionales en el Poder Judicial.
Si bien el proyecto surgió como una iniciativa de parte de la propia Corte (la anunció su presidente, Dalmiro Garay, en el acto de apertura del año judicial), la falta de acuerdos en puntos clave entre los sectores filoperonistas y filoradicales cerró la posibilidad de que surgiera un texto del seno del máximo tribunal. Según sostienen algunos miembros importantes de Tribunales, un texto que pudiera surgir del seno de la Corte, es decir un trabajo para su “autoregulación”, habría dotado de “mayor poder al texto”, sobre todo por el hecho de poder encontrar consensos en medio de posturas que son, en algunos casos particulares, antagónicas.
Pero esto no ocurrió, por lo que Suárez, en conjunto con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, son quienes han trabajado en el proyecto que se debatirá primero en la Cámara de Senadores; y luego en Diputados si pasa el filtro en la cámara.
No obstante, se prevé una fuerte discusión política en lo que, desde ambos sectores, tanto oficialistas como opositores, se acusan de “manejar” de forma poco independiente la Justicia.
En términos generales, el corazón del proyecto, si bien es más amplio, busca regular en términos jurisdiccionales la distribución de las causas que llegan al máximo tribunal, que está regulado en la ley 4.969 de Composición de la Suprema Corte de Justicia.
Actualmente hay tres salas: la Sala 1 (Civil y Comercial), compuesta por Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez; la Sala 2 (Penal y Laboral), que tiene a Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio; y la Sala 3 (Administrativa), que está integrada por Dalmiro Garay y los presidentes del resto de las salas, como Day y Adaro.
La idea de fondo es eliminar las salas y que la Corte funcione como un “colegio de jueces”, con el presidente de la Corte cumpliendo también funciones jurisdiccionales (es decir, que dicte sentencias).
El objetivo es evitar el llamado “forum shopping”, una frase utilizada en el mundo jurídico que hace referencia a la posibilidad de que quien realiza una demanda, tenga la posibilidad de acogerse a una jurisdicción (o una sala, en lo que respecta a la Suprema Corte) que pueda emitir una sentencia más favorable a sus intereses.
Esto ocurre -la “elección” de cada sala- por lo que marca la propia ley 4.969: del 1 al 15 de cada mes, las acciones procesal administrativa (llamadas APA) y de inconstitucionalidad que se interponen ante la Corte quedan en la Sala 1 (filoradical); mientras que del 16 hasta el final de ese mes, recibe esa causa la Sala 2 (filoperonista).
El “forum shopping” es lo que desde ambos espacios se acusan y que, así también, sostienen que quieren evitar. Por un lado, el ala filoradical sostiene que la Sala 2 emite sentencias que particularmente salen en contra del Gobierno; mientras que el ala filoperonista acusa a Garay y compañía de pedir resoluciones en pleno (con los 7 ministros) para hacer valer la mayoría que tiene ese espacio (4 a 3) en temas sensibles, que comprometen al Gobierno y que recaen en esa misma sala.
No obstante, sobre este punto, en Tribunales informaron que en total se han pedido una treintena de plenarios desde el 2018, de los cuales sólo dos fueron pedidos en soledad por el actual presidente de la Corte.
También se defienden desde el ala filoradical, al indicar que los temas en los que se ha solicitado una resolución en pleno, “han sido importantes”. En tanto, los filoperonistas acusan que con el ingreso de Day (que reemplazó a Jorge Nanclares), “se triplicaron los pedidos de resoluciones en pleno”.
La reforma de fondo
La iniciativa que presentará el Gobierno para regular el funcionamiento orgánico del máximo tribunal, pretende terminar con las distribuciones de salas, para pasar a una especie de “colegio de jueces”, como ocurre en el fuero penal, con los siete ministros de la Corte, en la cual se sorteen todas las causas que lleguen a la Suprema Corte, sean del tipo que sean.
Este punto es el que dividió nuevamente aguas entre los ministros del Tribunal que, como se ha mencionado, están divididos entre filoradicales (Garay, Valerio, Llorente y Day) y filoperonistas (Adaro, Palermo y Gómez).
La visión que lideran los primeros cuatro es la que terminará presentando el Gobierno, que entiende que el Presidente de la Corte “debe estar dentro de los sorteos y participar como juez en las causas”. “Para algo se le paga el sueldo”, marcaron en Casa de Gobierno.
En cambio, los últimos tres, según trascendió, proponen otro esquema: o bien que se mantengan las salas y que las causas que ingresen se sorteen en Sala 1 o Sala 2; mientras que la otra opción es que se sorteen los tres jueces que necesita cada causa para ser resuelta, pero sin la participación del Presidente de la Corte. Es decir, entre seis, no siete.
“El Presidente debe estar para resolver las cuestiones administrativas”, sostienen desde el ala filoperonista. En tanto, desde el Ejecutivo responden en que es una mirada “antiquísima” la de tener un Presidente de la Corte que no participe en la resolución de causas, y expresan que “en la Argentina no hay ninguna provincia en la cual un presidente de la corte no dicte sentencia”.
Lo cierto es que en términos matemáticos, se hace también política. Si se sortean salas o ministros como sugiere el ala filoperonista, la cuenta daría un 50% y 50% de ministros de cada ala con posibilidad de resolver una causa. En tanto, con la propuesta del oficialismo, el porcentaje mejora levemente a los filoradicales.
Por otro lado, y ya hablando sobre la figura de la presidencia, el artículo 1 de la ley 4.969 establece la elección cada dos años del líder del tribunal. En el Ejecutivo informaron que “no habrá cambios” respecto a la elección o duración del cargo, aunque hay otras visiones al respecto que han tenido otros ministros, como el caso de Adaro, quien hace tiempo propone que las presidencias sean rotativas, e incluso que los mandatos, que hoy son de dos años, bajen a uno.
“Podemos hacer una sola sala administrativa con 6 jueces rotando. Yo prefiero un cogobierno de Corte, jueces y funcionarios y presidencias rotativas anuales, para transformarla en una organización horizontal más eficiente y más tecnológica y finalmente más democrática”, dijo en febrero a Los Andes.
Por otro lado, en los casos en los que haya acciones de inconstitucionalidad directa, es decir, cuando se impugna una ley o reglamento, la resolución del caso será “siempre en pleno”, tal como aseguraron desde el Ejecutivo.
“Forum Shopping” y la cuestión política
Como se mencionó, hubo un intento por parte de los jueces para llegar a un texto consensuado, pero no tuvo éxito. De esta manera, el Gobierno tomó la posta y decidió avanzar en este primer semestre del año para terminar de establecer una ley que pueda superar, algunos “problemas”, que según el Poder Ejecutivo, tiene hoy la Suprema Corte de Justicia.
Por un lado, está la “disparidad” en la cantidad de causas que tienen cada una de las salas. Según un informe de la Suprema Corte de Justicia al que accedió Los Andes, en los últimos 4 años ingresaron 7.174 causas a la Sala 2 de la Corte (el 75% del total); mientras que sólo 2.347 fueron a la Sala 1.
“Hay una injusticia laboral”, aseguran en el Ejecutivo, con una mirada que comparte también parte de la Suprema Corte, en la que hay una sobrecarga para algunos jueces que no tienen otros.
No obstante, también hacen referencia a pasar de un sistema “rígido” a uno más “móvil y flexible”, que también impida la especificidad en el tratamiento de las causas. “Es importante que un juez pueda fallar en una causa laboral, como también civil, penal o comercial”, expresan.
No obstante, hay una mirada negativa desde parte de la Corte en que el proyecto sea presentado por el Poder Ejecutivo. “La grieta no se va a superar porque ya existe y en parte es ideológica, pero la posible ‘salida’ de la tensión y el enfrentamiento que hay, es que la Corte tenga la capacidad de poder presentar un proyecto en consenso”, acotaron.
Y finalizaron: “Es necesario llegar a un punto en el cual las decisiones puedan tomarse con un grado de acuerdo interno. Eso se verá en quién lo envía, si la Corte o si el Ejecutivo. Está en juego la independencia”, advirtieron. Desde el oficialismo, por su parte, indicaron que si este proyecto que se presentará termina siendo convertido en ley, “habrá más transparencia en el trabajo de la Suprema Corte, y menos especulaciones”.
