En una decisión unánime, pero que ha despertado una fuerte polémica dentro de la Justicia provincial, el Consejo de la Magistratura decidió remover a todos los integrantes de la comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas, por “incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo”.
La medida afecta a magistrados, abogados destacados e incluso ex funcionarios provinciales que tomaban los exámenes de los aspirantes a jueces (o eran suplentes en la grilla de encargados de hacerlo) hasta comienzos de este mes.
Los miembros de estas comisiones asesoras de la Magistratura no cobran por tomar los exámenes, pero su integración les da prestigio y “ascendencia” en los asuntos importantes de la Justicia. No sería el caso ahora, cuando todos los miembros de la comisión penal fueron removidos luego de que los consejeros señalaran que detectaron “faltas al reglamento” en el desarrollo de las pruebas orales a quienes quieren ser magistrados o si ya lo son, ascender más en la carrera judicial.
La decisión del Consejo de la Magistratura provocó la ira de varios de ellos, quienes presentaron un recurso de reconsideración para que la medida quede sin efecto, al considerar que la decisión en su contra ha sido “arbitraria” y adolecía de “vicios groseros que son incompatibles con un sistema respetuoso de las garantías legales y constitucionales”.
Algunos de los afectados señalaron en este recurso que la decisión del Consejo de la Magistratura produce “una grave afectación de nuestro buen nombre” y destaca que entre los “sancionados” hay magistrados que ya se encargan diariamente de impartir justicia. Esas personas pueden ahora ser cuestionadas “por haber actuado al margen de la ley”, indican quienes piden que la medida sea revisada.
El recurso tendrá una “respuesta jurídica” por escrito del Consejo de la Magistratura, pero recién luego del final de la feria judicial de invierno, que termina a fin de mes y se ha visto alterado por la polémica.
Los afectados
La cédula emitida por el Consejo de la Magistratura el 7 de este mes notifica a todos los miembros de la comisión asesora para la Justicia penal del cese de sus funciones. Es una de las cinco comisiones existentes, ya que también hay comisiones iguales para los fueros Laboral, Civil, Familia y Penal de Menores.
Los nombres de quienes integran estos cuerpos de profesionales con función docente habían sido aportados por el propio Consejo de la Magistratura, las facultades de Derecho, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados.
En el caso de la comisión asesora penal, eran miembros hasta la remoción dos exministros de Seguridad de gestiones radicales: Gianni Venier y Miguel Bondino. Venier pidió la reconsideración de la medida.
Pero también aparecen numerosos jueces, fiscales y abogados, con distintas afinidades políticas. La nómina incluye a Marcelo Gutiérrez del Barrio, Mauricio Juan, Darío Tagua, Cecilia Pedrazzoli, Jorge Luque, María Eugenia Laigle, Ramiro Salinas, Laura Rouselle, Ivana Verdún, Mariana Silvestri, Jorge Vitale Vargas, Leonardo Pasccon y Ramón Spektor.
En la reunión del 4 de julio pasado, quien propuso la remoción de todos los miembros de la comisión fue el diputado de Protectora José Luis Ramón, quien solicitó esta medida “a partir del análisis y estudio que venimos efectuando en las últimas sesiones del Consejo en relación al funcionamiento”.
Ramón señaló en el encuentro que “la mencionada comisión no se ajusta a los parámetros de evaluación previstos en el artículo 32 del citado reglamento” e indicó que el 13 de junio, varios miembros presenciaron un examen oral para aspirantes a fiscales de instrucción y detectaron que “no se daba cumplimiento a los parámetros establecidos por la reglamentación vigente”.
Entre otros puntos señalaron que “no se realiza entrevista personal”, “no se realizan preguntas ni interactúan con el evaluado”, “el examen debe ser autogestionado por el aspirante”, “no se interroga al aspirante respecto del caso práctico que debió conocer en oportunidad de la fase escrita” y “no se respeta el máximo de ocho horas por jornada de evaluación”.
Al parecer, los exámenes orales de la comisión ya venían siendo objeto de polémica desde hace tiempo ya que la cédula de notificación menciona también una reunión del Consejo de la Magistratura del 18 de abril en la que se discutieron “los sucesivos reclamos informales que algunos de los consejeros recibíamos”.
Esta moción del diputado Ramón se puso a consideración y por unanimidad el Consejo resolvió disponer “la remoción de los miembros titulares y suplentes”.
La remoción fue avalada, según la misma cédula, por todos los consejeros del órgano que selecciona los aspirantes a jueces y magistrados. El Consejo de la Magistratura está presidido por la ministra de la Corte María Teresa Day y lo integran además el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, el fiscal Fernando Guzzo, Javier Pons, María Hernández y los diputados Ramón y Adrián Reche (UCR).
Al margen del trámite formal, hubo quienes señalaron que había “quejas reiteradas” contra la comisión evaluadora. “Hace años que vienen desaprobando a fiscales que quieren ascender y que por algo están ejerciendo hoy”, se indicó.
Reacciones
En su recurso de reconsideración de 11 páginas, varios de los integrantes de la comisión se quejaron de no haber sido escuchados antes de que se aplicara la sanción y atacaron a Ramón, a quien acusaron de cuestionarlos sin los elementos suficientes.
No se quejaron todos: por ejemplo, el ex ministro de Seguridad Bondino eligió hacer silencio.
Señalaron, aquellos que sí se quejaron de la medida, que el consejero y quienes los acompañaban estuvieron poco tiempo en el examen y observaron “sólo tres de las cuarenta preguntas que se efectuaron”.
“Escucharon solamente el 7,5% de un solo concurso de aspirantes” del que participaron 32, dice el recurso.
Desconocen además que en la reunión del 18 de abril, a la que asistió el coordinador de la comisión, hayan surgido cuestionamientos. “Nada se objetó”, dicen en el recurso, que delinea aquel encuentro como una charla “amena y corta” en la que no se trataron los “reclamos informales” contra ellos.
Indicaron además que sólo excepcionalmente han hecho rendir más de 8 horas a los aspirantes y que esa extensión incluye almuerzos e “intervalos de descanso”.
Se quejaron por otra parte de que la sanción recaiga incluso en quienes nunca participaron del acto evaluativo, como los magistrados titulares y suplentes que representan a la defensa pública.
Pero lo más incisivo del recurso es el cuestionamiento al consejero Guzzo, a quien acusan de no haberse excusado de actuar en las decisiones a pesar de que su esposa, María Laura Ávila, había concursado para el cargo de fiscal de instrucción.
“Su intervención en una decisión respecto de la comisión evaluadora que examinó a su propia esposa, impide considerar que pueda seguir interviniendo sin al menos sospechar que pueda, una vez más, apartarse del respeto de las garantías constitucionales”, expresan.
De las manifestaciones de los miembros de la comisión se hizo eco el presidente del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez, quien presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el Consejo de la Magistratura informe sobre la medida contra la comisión evaluadora. Entre otras cosas, consulta Gómez si los miembros de la comisión tuvieron “la posibilidad de presentar descargo o explicación de su proceder en torno a la sospecha contenida en la petición del senador José Luis Ramón”.
Párrafo aparte, Ramón, el principal denunciante de la comisión, es un aliado político de Gómez, quien a pesar de ello, “solicita más información” sobre la medida adoptada.
Cómo es el proceso de selección
La elección de aspirantes a la Justicia arranca con un examen teórico (oral y escrito) a cargo de estas comisiones evaluadoras. En esta prueba no se coloca una nota, sino que solo se aprueba o no a los aspirantes.
Al que sigue adelante se le otorga un puntaje de hasta 4 puntos, a partir de sus antecedentes personales. La nota corresponde a un “índice tabulado de antecedentes laborales” del competidor. Pero falta aún la última etapa: la entrevista con los miembros del Consejo de la Magistratura.
En esta entrevista impera una “merituación discrecional de los miembros del Consejo” que otorga hasta 6 puntos a cada postulante. Las notas de la entrevista se promedian entre sí y ese número se suma a los puntos obtenidos por antecedentes laborales. El cómputo termina dando una nota final y así se genera el orden de mérito definitivo, que da lugar a las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo.
