El presidente Alberto Fernández renovó las críticas hacia los “discursos del odio” tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y volvió a apuntar a los medios de comunicación y al Poder Judicial, aunque el Gobierno le bajó el pulgar a una ley en ese sentido, en medio de críticas de la oposición.
“No le demos más espacio a los cultores del odio, a los que se valen de la libertad de opinar para difamar y desalentar al pueblo, a los que se encumbran en la democracia solo para desprestigiarla con discursos que no dejan de repudiarla, a los que siembran la violencia con el solo objeto de enfrentarnos”, advirtió Fernández.
Al encabezar la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en el predio de La Rural, el presidente señaló que la acusación contra Cristina en la causa Vialidad “exhibe liviandad jurídica” pero “basta para que dirigentes opositores hagan discursos impiadosos en redes sociales y en medios de comunicación”.
También denunció que es “falsa” la tapa del diario La Nación que consignó que tanto él como Cristina “triplicaron” sus patrimonios en un año. “Pero no importa, porque el objetivo no es informar, sino generar indignación”, sostuvo ante empresarios, y mencionó también otros episodios como la colocación de bolsas mortuorias en Casa Rosada.
“¿Cómo ocurrió que los argentinos acabáramos por naturalizar tanta infamia? ¿Cómo fue que la decrepitud de los discursos antidemocráticos acabó cooptando los espacios mediáticos y las redes sociales? ¿Cómo fue que un diputado nacional (por Ricardo López Murphy) convocó al enfrentamiento de un pueblo afirmando que son ellos o nosotros?”, se preguntó.
Más temprano, la portavoz Gabriela Cerruti aclaró que “no hay ningún proyecto que se esté analizando” en relación a los discursos del odio. Fue luego de que la interventora del INADI, Victoria Donda, señalara en una columna de opinión que “urge tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas”.
Cerruti recordó que en Argentina ya existe legislación que castiga la incitación al odio y a la violencia “con multas en adelante”. Citó como ejemplos la Ley Antidiscriminación, que data de 1.988; los artículos de la Ley de Medios que quedaron en pie tras el veto de Mauricio Macri; y otros del Código Penal.
“Legislación existe. Lo que tenemos que ver es la manera de conducir este debate lo mejor posible para ponernos de acuerdo en no correr las barreras de la convivencia democrática”, sostuvo la funcionaria en diálogo con radio El Destape.
La reacción en el Congreso
En la Cámara de Diputados parte del oficialismo comparte la visión de la portavoz. “Hay legislación de sobra para estas cosas. No hay que limitar la libertad de expresión; necesitamos más libertad, más medios y más voces. Con la censura previa no se resuelve el problema; de esto se sale con un acuerdo político para que no siga escalando”, explicó a este medio un legislador entendido en el tema.
La misma fuente recordó como antecedente que fue el propio gobierno de Cristina el que en 2009, por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promovió la despenalización de las calumnias e injurias en los “asuntos de interés público”, lo que limitó la posibilidad de que funcionarios o figuras públicas denunciaran a periodistas.
Lo cierto es que una ley contra los “discursos del odio” se encamina al fracaso debido al rechazo contundente de la oposición, que ni siquiera permitió que en el texto del repudio al atentado contra Cristina se mencionara ese concepto.
“Debatamos primero una ley para que vayan presos lo que se robaron la vacuna y los que hacían fiestas mientras decretaban que nuestros muertos sean enterrados en soledad”, lanzó Waldo Wolff (PRO), presidente de la Comisión de Libertad de Expresión.
Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR Evolución) planteó: “Más libertad que nunca. Basta de poner la culpa en el otro. Basta de enfrentarse con los medios y el periodismo. Dejemos de mirarnos entre nosotros y miremos lo que le pasa a la gente”.
Asimismo, el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, consideró que “las leyes contra los discursos de odio son herramientas para controlar el pensamiento que utilizan los autócratas. Ellos quieren decirnos quiénes odian y quiénes no. Es imposible que una cosa así avance en Argentina porque amamos la libertad. Resistiremos en el Parlamento”.
También se pronunció en contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. “El odio no se acaba con una ley, que puede servir solamente para amordazar a las prensa y para perseguir al que piensa distinto que el Gobierno”, alertó durante el anuncio de obras de saneamiento cloacal en la ciudad de San Francisco.
Pauta oficial
A pesar de haber descartado una ley “contra el odio”, Cerruti sí propuso avanzar con la regulación del reparto de la pauta oficial. “El gobierno tiene todo el derecho del mundo a decidir qué tipo de medios quiere impulsar, no que esté atado al rating, la venta o lo que sea”, argumentó la portavoz.
Además, sostuvo que “ninguno de los medios grandes depende de la pauta del Gobierno nacional para subsistir” y advirtió que “al lado de la pauta que pone el Gobierno de la Ciudad, es ínfimo lo que reciben”.
En la oposición estas declaraciones también encendieron alarmas. “Según la portavoz no mandarán una ley contra discurso de odio. La censura la ejercerán directamente quitando la pauta oficial a medios que no les gusten”, lamentó la radical Silvana Giudici, integrante del directorio del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).
