Mientras el kirchnerismo acelera su proyecto de Reforma Judicial con final incierto, en la Justicia Federal de Mendoza comenzaron a aparecer los primeros reparos a los cambios propuestos que prevén, entre otras medidas, la creación de juzgados en todo el país para fortalecer el sistema en materia penal.
Esta semana el proyecto será aprobado en el Senado, donde el Gobierno tiene mayoría, pero en la Cámara Baja necesita de aliados para converirla en Ley y hasta ahora suma más rechazos que apoyos.
Entre los jueces y abogados consultados por Los Andes, la principal crítica a esta reforma reside en que contempla la creación de más juzgados para un sistema que si bien hoy es inquisitivo (o mixto), en menos de un año será acusatorio, por lo que se necesitarán más fiscales que jueces porque serán quienes lleven adelante toda la investigación de las causas.
También hay observaciones respecto a la falta de consenso con la oposición para realizar una reforma tan importante en la Justicia Federal y a que representa un “avance” del kirchnerismo en la Justicia, sobre todo por la duplicación de juzgados en los tribunales porteños de Comodoro Py.
En la jurisdicción de Mendoza, que incluye también a San Juan y San Luis, el proyecto crearía seis nuevos juzgados federales, cuatro fiscalías y tres defensorías oficiales. De esta manera, se sumarían dos nuevos jueces en Mendoza, uno en San Rafael, uno en San Juan, uno en San Luis y el restante, en Villa Mercedes.
A nuestra provincia le tocarían tres juzgados penales, dos fiscalías (una de ellas especializada en derechos del consumidor y usuarios) y una defensoría oficial. De esta manera, los juzgados se sumarían a los cinco que hay hoy, uno de ellos en San Rafael.
Muchas vacantes y sin inversión
Respecto a la necesidad de mejorar el sistema de judicial federal no hay conflicto, teniendo en cuenta que tanto abogados como jueces aseguran que es importante agilizar el trabajo y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Sin embargo, hay más dudas sobre el texto de la reforma que la certeza de que lo que se pueda aprobar mejore la situación actual.
Una fuente que conoce bien de cerca el edificio de Tribunales Federales de calle España opinó que los cambios “no siguen la lógica del sistema acusatorio” al crear 94 cargos de jueces y 85 de fiscales, cuando la relación con la implementación del Código Procesal Penal (CPP) debería ser de tres fiscales por cada juez. “Estamos llenando de jueces y luego no vamos a saber qué hacer con ellos, porque ¿quién va a llevar a cabo la investigación cuando se implemente el CPP?”, se preguntó.
Por otro lado, destacó que “no se respetó tampoco el mapa judicial ni las necesidades de cada ciudad”, en base a las estadísticas de causas que tiene cada juzgado. “¿De qué sirve crear un juzgado federal penal en Villa Mercedes cuando la gran carga de trabajo está concentrada en otros lugares?”, acotó.
Gustavo Castiñeira de Dios, juez de la Cámara Federal de Apelaciones, consideró importante la posibilidad de una reforma, pero calificó como “penoso” que se realice de manera apresurada. “Si vamos a hacer una reforma que impacte debería ser consensuada, analizada de manera prudente y coherente. Pero no tengo dudas que debe ser producto de un enorme acuerdo político y social”, dijo.
Para Castiñeira, en Mendoza primero “hay que nombrar los jueces del segundo juzgado y el cuarto” para empezar a resolver los problemas de la Justicia. “Tenemos un Poder Judicial desfinanciado. Hace años que no se invierte, con edificios enteros colapsados, atiborrados de expedientes y sin inversión en informática”, disparó.
Aseguró que crear juzgados no implica sólo una ley del Congreso, sino también inversión. “El de Villa Mercedes estuvo 14 años en los papeles pero sin funcionar en la práctica, porque el Consejo de la Magistratura está sin plata. ¿Con qué dinero se crearán 96 juzgados? Si acá no funcionan los ascensores y en San Juan teníamos un edificio clausurado”.
Por último, añadió que “sería una pena que esta reforma no facilitara la aplicación del CPP. Se nombran muchos jueces y pocos fiscales, cuando en el sistema acusatorio tienen mucha más fuerza. Tendrían que nombrarse más fiscales y defensores que jueces”.
En la misma línea habló Pablo Teixidor, del Colegio de Abogados de Mendoza. Señaló que se ve con cierta “preocupación” la celeridad con la que se está discutiendo en el Senado. Expresó que la verdadera reforma es la aplicación del sistema acusatorio y que estos cambios deberían poner énfasis en nombrar fiscales.
Y sumó otro problema: la gran cantidad de cargos vacantes. “A nivel nacional tenemos 968 cargos de jueces, de los cuales hay 360 vacantes y 153 pliegos en estudio. Pero pasa el tiempo y esos lugares son ocupados por subrogantes, quienes están también con el trabajo de su propio juzgado”.
Como ejemplo nombró las “220.000 causas previsionales esperando sentencias porque está el juzgado, pero no hay juez. Esas cosas son urgentes”.
Marisa Uceda. En defensa del proyecto
La diputada nacional del Frente de Todos, quien además es abogada laboralista, sostuvo a Los Andes que la reforma “busca hacer más eficiente un fuero que en los últimos 30 años está en deuda con la democracia”.
Para Uceda, la reforma “complementa” la aplicación del CPP, un “primer paso para tener la Justicia que nos merecemos, porque hay un atraso tremendo en el país y en Mendoza. Es bastante malo el servicio que se ofrece”.
Respecto a los cuestionamientos a la creación de juzgados más que de fiscalías, puso en valor la incorporación de dos nuevos cargos de fiscales y el de defensor oficial que “agilizarán el sistema”, e insistió en que es “un primer paso” para mejorar.
Además, recordó que la aplicación del CPP “se frenó por un decreto de Mauricio Macri” y disparó contra la oposición al indicar que “hubiese estado bueno que las críticas se hayan hecho 4 años antes. Estamos dispuestos a escuchar propuestas, en el Senado la oposición no se manifestó”.
Fernández Sagasti. “La chicana de la impunidad es mentira”
Anabel Fernández Sagasti no aceptó hablar con Los Andes para esta nota, pero ayer sí lo hizo con radio Mitre. En diálogo con el periodista Marcelo Bonelli, defendió la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional cuestionó duramente a la oposición, al considerar que “decidió no colaborar en nada y no mandó una sola coma para mejorar el proyecto”. También sostuvo que “se debe poner primero al servicio de Justicia antes que cualquier interés partidario”.
La senadora nacional mendocina aseguró que “no hay ningún artículo en el proyecto que mandó el Ejecutivo que garantice la impunidad de nadie y ninguno de los senadores lo hubiéramos firmado de otra forma, lo dijeron los propios constitucionalistas que fueron”. Y añadió: “Esa chicana de la impunidad es mentira”.
