Es oficial: el Estado argentino y el Gobierno provincial serán accionistas de la empresa metalúrgica Impsa. La Nación invertirá U$S15 millones y se quedará con el 63,7% de la firma, mientras que Mendoza aportará U$S5 millones y tendrá en su poder el 21,2%.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, justificó la inversión estatal al destacar que Impsa es una empresa estratégica para el desarrollo nacional. “Hoy es un día feliz para este ministerio. El país recupera las capacidades productivas de Impsa y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecer al mundo trabajo argentino con alto valor agregado”, completó.
En tanto, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, destacó lo que representa Impsa para el mercado laboral. “Muchas empresas giran en torno a la compañía, que genera mucho empleo indirecto. Tiene gran importancia para el país estratégicamente”, argumentó. Además, aseguró que la firma (en referencia a la compra de acciones) no sólo será “muy buena” para la compañía, sino también para “la Argentina” y puso en valor el trabajo conjunto de los gobiernos provincial y nacional “para poner en valor a Impsa en estos tiempos tan difíciles, de tanta grieta”.
Por su parte, el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, manifestó: “El apoyo de los Estados provincial y nacional permitirá producir y exportar talento, promover empleo y potenciar una cadena productiva de más de 100 pymes. Uno de los puntos más importantes de esta capitalización es que se preservan años de inversión en tecnología y de formación en el capital humano”.
A partir de ahora, se ilusionó, “Impsa vuelve a ser un referente internacional en materia de energía para la exportación de productos industriales de alto valor agregado y reafirma su liderazgo en materia de diseño y fabricación de equipamientos hidroeléctricos, eólicos, nucleares y para la industria del oil & gas. Su alto nivel de especialización y calificación es reconocido a nivel mundial”.
El anuncio oficial se realizó ayer a la tarde, y estuvo a cargo del ministro Kulfas; el Gobernador; el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié; el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y el CEO de Impsa.
La firma, que fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona (hoy conserva el 5,3% de las acciones), divide su capital accionario de la siguiente manera: casi un 85% pertenece ahora al Estado (entre Nación y Mendoza), y un 15% está en manos de capitales privados (casi 10% son de un conglomerado de bancos). El salvataje a la empresa “estratégica” requerirá de 15 millones de dólares.
A partir de ahora, con la firma del contrato de capitalización, la Provincia tendrá derecho a un representante en el directorio. Además, Mendoza puso como condición que la compañía no mude su sede de la provincia por, al menos, los próximos 30 años.
La reestructuración
Luego de una larga crisis, que había llevado a que la familia Pescarmona perdiera el control de la empresa a manos de los acreedores, en una asamblea (el 16 de marzo), los accionistas votaron a favor de la emisión de nuevas acciones y decidieron en forma unánime no ejercer su derecho de preferencia para suscribir esos nuevos papeles. O sea, no invertir más dinero en Impsa.
Así, se abrió el juego para permitir que se ofrezca la suscripción total de las nuevas acciones -correspondientes a una Clase C- a los gobiernos nacional y de Mendoza.
El Ejecutivo provincial fue autorizado por la Legislatura a destinar 5 millones de dólares a la compra de 25% de esos títulos. El 75% restante del paquete fue adquirido por la Nación, por 15 millones de dólares.
El Bice Fideicomisos, presidido por Jorge Tanús, en su carácter de Fiduciario del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), celebró un contrato de suscripción de acciones con Impsa. Junto a Marcelo Kloster, presidente de la empresa y asesor en Proyectos Estratégicos del Ministerio de Desarrollo Productivo, Tanús explicó que, con este convenio, el Fondep realizará un aporte de capital a la sociedad de $1.362 millones.
Por su parte, Mendoza, a través de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (Emesa), firmó el acuerdo con un aporte de $454 millones.
El Ministerio de Desarrollo Productivo ya venía asistiendo a la empresa desde diciembre, pagando el 75% de los salarios de los trabajadores.
El futuro de la empresa
Proyectos que ilusionan
Mientras completaba su reestructuración, la empresa continuó en actividad, a la espera de la inyección de capital que les permitiría “competir para llevar a cabo proyectos en América Latina, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia”. Según afirmaron desde la compañía, ven “una serie de posibles proyectos en Argentina como: el remplazo de las 14 turbinas restantes de Yacyretá y la rehabilitación de 14 generadores de esa central; la posibilidad de equipar la central Chihuido; invertir en parques eólicos y solares, y en equipamiento para la cuarta central nuclear”.
Por otro lado, la firma avanzaría en la fabricación de equipamiento para la industria de O&G y para Salto Grande; y, a nivel internacional, están participando en licitaciones para grúas con destino a Estados Unidos, y en centrales hidroeléctricas en Brasil, Malasia, India y Paquistán. Además, a mediados de mayo, informaron que habían completado el envío al Complejo Industrial Luján de Cuyo de YPF, del Reactor Hidrodesulfurizador, que tiene como función principal eliminar el azufre de los combustibles para alargar la vida útil de los motores de combustión, contribuyendo a la reducción de la contaminación ambiental. A su vez, se presentó a la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en Malargüe
