El Gobierno Nacional quiere bajar la edad de imputabilidad a 13 años e incluir más delitos por los cuales menores de edad puedan ser acusados. De acuerdo a los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se registra un aumento de intervenciones judiciales en casos donde se involucra a menores de edad: pasaron de 822 a 986 teniendo en cuenta el primer semestre de estos períodos.
En Mendoza, según datos del Poder Judicial, fueron 427 los menores de edad que fueron imputados y quedaron bajo la órbita del sistema penal juvenil en 2023. El Ministerio Público registra 3670 causas por delitos cometidos por menores de edad. Si la ley impulsada estuviera vigente, los menores involucrados estarían en condiciones de ser imputados.
“Delito de adulto, pena de adulto”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para justificar la intención de bajar la edad de imputabilidad a 13 años, siendo que actualmente es de hasta 16 años. Por debajo de esa franja etaria, se inician causas pero se archivan y se toman otro tipo de medidas.
La mayoría de los delitos, destaca el mensaje que antecede al articulado propuesto, fueron cometidos por adolescentes que, al momento del hecho, tenía entre 16 y 18 años (68%). El 32% restante, corresponde a menores por debajo de los 16 años. Apuntan a menores de hasta 13 años para que sean imputables.
Los datos del Ministerio Público Fiscal hablan 3670 causas iniciadas en el 2023, entre las cuales hay 771 por lesiones leves, 372 por amenazas y 335 por abuso sexual simple entre los delitos más recurrentes.
Según los datos de la Coordinación del Fuero Penal Juvenil del Poder Judicial de Mendoza, durante el año 2023 se iniciaron 486 expedientes tutelares derivados de causas penales de menores, que involucraron en total a 427 adolescentes en toda la provincia. El número representa el 13% del total de causas iniciadas en el Ministerio Público.
Muchas causas, pocos imputados
Desde el momento en el que hay denuncia, es el Ministerio Público Fiscal el organismo que da curso y empieza a investigar. “A los menores se los sanciona con una pena como si fuera en grado tentativa”, indicaron a este medio desde el Polo Judicial.
El procedimiento, en el caso de los menores que cometen delitos, demanda el inicio de un expediente que suele archivarse cuando el hecho por el que se lo acusa reviste menor gravedad (no punible) o el menor tiene menos de 16 años. Se le da vista a un juez o jueza de menores para que ejerza medidas tutelares sobre el o la menor.
Si bien hay medidas que pueden tomarse, fuentes judiciales indicaron que “no hay un sistema, hoy por hoy en nuestro país, que realmente eche mano sobre la problemática de los menores. No hay lugares de recuperación suficientemente buenos ni nada por el estilo”.
En los casos en los que hay adolescentes de 16 años que cometen delitos, lo investiga el fiscal, y si hay elementos suficientes se avanza en un juicio que debe llevar adelante el Poder Judicial en el ámbito del Fuero Penal Juvenil, coordinado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Omar Palermo. En caso de que la justicia considere que tuvo responsabilidad, es sancionado.
Algunas fuentes judiciales consultadas advierten que los sitios en donde se alojan menores que cometen delitos carecen de contención y “es peor que si es tuvieran encarcelados” porque “se potencian”.
Igualmente, los más críticos, remarcan que “no hay tantos menores encarcelados porque son muy laxas las medidas que se toman respecto de ellos y son muy permisivos los jueces de menores”. Es decir que “para condenar a un menor tiene que haber matado, tiene que haber sido algo muy grave”.
Pocos imputados
En el ámbito de la justicia penal remarcan que muchas de las causas que se tramitan en las fiscalías no llegan al sistema penal juvenil por dos motivos: los delitos cometidos tienen penas menores a 2 años o bien, no son los delitos incluidos actualmente por los que menores pueden ser imputados.
“La nueva ley que se propone contempla que se incorporen todos los delitos, así las lesiones leves que aparecen en las estadísticas, podrían entrar al sistema penal si hay imputación. Sin lugar a dudas, se ampliará la cantidad de imputados y seguramente la cantidad de menores presos”, indicó una fuente judicial al respecto.
Desde la Coordinación del Fuero Penal Juvenil del Poder Judicial de Mendoza indicaron a Los Andes que “en términos numéricos, la problemática penal juvenil en la provincia de Mendoza no refleja una participación importante de menores en las estadísticas delictuales”.
Según los datos que aportaron, durante el año 2023 se iniciaron 486 expedientes tutelares derivados de causas penales de menores, que involucraron en total a 427 adolescentes en toda la provincia. Es decir, los que se han tramitado en los ocho juzgados penales de menores.
“La representación de delitos de adolescentes en el total de delitos que se denuncian por año no parece significativa teniendo en cuenta que las proporciones son mucho mayores en delitos cometidos por adultos”, remarcaron.
Del total de expedientes penales recibidos durante el 2023 que involucraban a menores, 165 correspondían a causas que tenían participación conjunta con adultos. Esta estadística le permite asegurar a los funcionarios que coordinan el Fuero Penal Juvenil, referenciados en Omar Palermo, decir que bajar la edad de imputabilidad no mejorará la seguridad.
“La problemática de los jóvenes que son usados por mayores para salir a delinquir, y que hoy se presenta como una de las causas principales para modificar la ley y combatir el problema de la inseguridad, tampoco es representativa en el total de delitos cometidos por adolescentes en nuestra provincia”, expresan en las conclusiones del informe entregado a Los Andes.
Entre las interpretaciones que se hace desde el fuero al proyecto presentado por el Gobierno Nacional, se detienen en los pasajes del texto en los que se pone “especial énfasis en la persecución de jóvenes que cometan delitos contra las personas”. Es decir, de los que resultare la lesión o muerte de una persona.
Esta afirmación la refutan aseverando que “del total de expedientes trabajados por el fuero penal juvenil durante el año 2023, el 62% respondían a delitos contra la propiedad, es decir, robos”. Así, “solamente el 6% de los casos trabajados tuvieron por motivo un delito de aquellos tipificados contra las personas, y un 9% representaron delitos contra la integridad sexual”.
Para complementar la mirada del fuero sobre esta problemática a la que busca encontrarle una “solución” la iniciativa presentada por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, ministros de Seguridad y Justicia de la Nación, respectivamente, citan una investigación propia.
El trabajo de investigación realizado durante el año 2023 por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial “da cuenta de la multiplicidad de factores sociales que rodean el tema”.
Así, el informe se basa en entrevistas a jóvenes de entre 16 y 21 años privados de libertad en Mendoza y rescata “la importancia de la presencia del Estado en las infancias vulnerables desde políticas públicas que los acompañen en el desarrollo y crecimiento”.
“Las trayectorias de vida de los y las adolescentes que transitan el sistema penal se caracteriza por una serie de carencias – materiales y afectivas – que deben ser abordadas desde una mirada integral”, concluyeron.
Actualmente son cerca de 40 los menores de edad que están privados de su libertad. Y en caso de que se sancione la ley sin cambios, engrosará sin lugar a dudas la población carcelaria.
Bajar la edad de imputabilidad, ¿soluciona el problema?
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, considera adecuado debatir respecto del sistema de responsabilidad penal juvenil aunque advierte que “la reforma de la edad por sí sola no es solución mágica de nada, pero no por eso hay que menospreciar la necesidad del debate y de la reforma. La discusión no puede limitarse a la edad, sí tiene que tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, cómo es el abordaje en las provincias de los inimputables y los imputables”.
“Lo que tenemos que preguntarnos es qué vamos a hacer con esos jóvenes sometidos al proceso. Qué plus y qué valor agregado le vamos a dar. La ley tiene que distinguir los delitos más graves, los que atentan contra la vida de las personas, como el homicidio, el robo agravado y el robo seguido de muerte. Hay que desagregar la norma, porque si no el debate es pobre y es un reduccionismo de la problemática. Es la oportunidad para que otros legisladores aporten modificaciones”, expresó.
José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia y coordinador del fuero penal para causas de adultos tampoco considera que haya que incluir a todos los delitos. Y puso como ejemplo el hurto de menores en un supermercado para preguntarse: “¿lo vamos a institucionalizar? Si puede ser fruto de su propia inmadurez”.
“Me parece, más allá de que se puede estar o no de acuerdo, que hay razones atendibles, tanto a los que quieren bajar la edad como los que están en contra. Yo creo que hay que escuchar a todos, porque puede haber razones en todos lados”, expresó.
Para el ‘supremo’, “en ningún caso me parece que se puede bajar a 13 años la edad de imputabilidad para todo tipo de delitos. Me parece que no es razonable, porque estamos hablando de estatizar esto. Esta conflictividad social mínima la vamos a estatizar a un costo altísimo en un país con 50% por debajo de la pobreza”.
Omar Palermo, también ministro del máximo tribunal y ubicado en el otro extremo de Valerio en cuanto la política criminal, fue muy crítico al proyecto enviado por el Gobierno nacional. “El proyecto establece que un chico de 13 años puede ser condenado a la pena de 20 años de prisión. Que un chico de 13 años comete un delito que merezca esa pena, es un fracaso estrepitoso de la sociedad”, indicó.
“Eso quiere decir que el proyecto resuelve el conflicto que genera el delito cometido por un joven. La primera crítica es que no se puede explicar el conflicto que genera el hecho delictivo cometido por un niño de 13 años al solo coste para el niño, que el niño pague todas las consecuencias de su desocialización”, cuestionó.
Por otra parte, aseguró que “es muy difícil de justificar la pena para un chico de 13 años” porque “los chicos de 13 años no pueden trabajar, salvo alguna excepción artística, no puede celebrar contratos, no tiene capacidad negocial, no tiene deberes positivos con el Estado, no paga impuestos, no se puede casar. Un joven de 13 años no tiene plena libertad y sus derechos son administrados por otras personas”.
