El Gobierno Nacional a través del Instituto de Asuntos Indígenas resolvió que más de 20.000 hectáreas son ocupadas legalmente por comunidades mapuches en el sur mendocino.
Las resoluciones 36 y 42 del 2023 del INAI aparecieron publicadas el viernes en el boletín Oficial de la Nación. Ambas medidas reconocen la ocupación “actual, tradicional y pública” de: 21.370 hectáreas a la comunidad Lof en la zona de El Sosneado en San Rafael y 3.584 metros cuadrados a los integrantes mapuches de Lof Suyai Levfv en Los Molles, Malargüe.
El detalle es que ambos territorios están en locaciones vinculadas principalmente al turismo, aunque también hay ganadería.
Las resoluciones generaron más de una suspicacia y pueden derivar en procesos judiciales en busca de la posesión final, lo que implicaría tener la escritura en mano.
Pero en parte el conflicto ya está abierto. En el área sanrafaelina se encuentra una empresa privada que actualmente figura como propietaria de gran parte de la zona relevada y atribuida por el INAI a la comunidad mapuche. Pero esa es una parte del problema ya que también está la reserva natural Laguna del Atuel y está la reserva natural provincial Laguna del Diamante que se pretende declarar en un futuro cercano.
En el ámbito privado la noticia causó desazón y algo de enojo. “¿El derecho a la propiedad dónde queda? Es una locura”, lanzó Fabio Sat, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael.
Desde el Gobierno mendocino no emitieron declaración alguna por el momento. En la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial pretenden realizar un análisis pormenorizado de las áreas que abarcan las resoluciones del INAI andes de emitir una opinión.
Sin embargo fuentes consultadas ya pusieron el grito en el cielo, por un lado porque la información del Instituto de Asuntos Indígenas es incompleta ya que “solo hay un croquis” que no cuenta con detalles específicos del área que abarca.
Mientras que también dejaron trascender que ambas comunidades todavía no cuentan con reconocimiento legal por lo que aún no deberían ser sujetos de derechos.
En Malargüe la situación es mucho más tranquila, hasta el momento no hay inconvenientes con la comunidad mapuche en Los Molles.
El reconocimiento de tierras a los mapuches
Las resoluciones del INAI parten de las atribuciones que le otorga la ley 26.160 que declaró la Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y su última prórroga llega hasta 2025.
En ambas normas el instituto expresa que se “procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la ocupación actual, tradicional y pública” ejercida por ambas comunidades mapuches.
Con el relevamiento “técnico, jurídico y Catastral” formulado, el INAI procedió a reconocer “la ocupación actual, tradicional y pública” de Lof en El Sosneado (San Rafael) al oeste de la ruta 40 y Lof Suyai Levfv en Los Molles (Malargüe) a la vera del río Salado, sobre la ruta provincial 222 camino al complejo Las Leñas.
¿Y la propiedad privada dónde queda?
El principal foco de conflicto, a partir de la resolución 42 del INAI está en El Sosneado, distrito de San Rafael, y es una de las zonas explotadas turísticamente.
De las 21.370 hectáreas que el Gobierno Nacional le reconoce a la comunidad mapuche hay una gran parte que está en posesión legal de la empresa Sominar que se dedica a la ganadería y puso en marcha un emprendimiento turístico.
La firma es dueña de una mina abandonada y la utilizan como atractivo para atraer a visitantes, también hacen excursiones, cabalgatas en alta montaña, entre otras actividades.
“Todo el mundo tiene que comprar la tierra e invertir pero en este país decís que son indígena y te la regalan”, lanzó un empresario ganadero.
En cambio Fabio Sat, presidente de la Cámara de Turismo fue expedito y algo irónico. “Voy a decir que soy descendiente del cacique Goico entonces me hago dueño de todo San Rafael. No se puede modificar el derecho a la propiedad privada así nomás, para que está la Constitución”, expresó.
Tensión entre el Gobierno Nacional y la Provincia
Si bien desde el ejecutivo mendocino evitar hacer declaraciones, fuentes consultadas dejaron a la vista el “vicio” que tendrían ambas resoluciones y por otro lado la preocupación que genera ya que afectaría hasta reservas naturales.
Lo primero que remarcaron es que la ley es clara y permite el reconociendo de tierras a comunidades indígenas pero siempre y cuando tengan “personería jurídica inscripta en el Registro Nacional”, en cambio en los casos de Lof y de Lof Suyai Levfv están aún en trámite.
“No se le puede otorgar fondos a una organización que no esté registrada pero acá le reconocen tierras a comunidades que aún ni siquiera saben si las van a reconocer legalmente”, comentó una alta fuente gubernamental.
Como segunda objeción, admitieron que “no hay detalles específicos sobre el área que abarca, solo está el croquis que acompaña el anexo de la publicación en el Boletín Oficial. No hay registro catastral ni plano de mensura”, lanzaron.
La preocupación no solo está centrada en el conflicto con la empresa Sominar, sino que podría decantar en un cruce de intereses con la Provincia ya que podría afectar a la reserva natural Laguna del Atuel y también la futura reserva del Diamante, que está en proceso de formación. Tampoco descartan zonas en las cuales se puedan dar proyectos mineros, entre otros.
“Hay algo que pasa en todo el país, donde aparecen zonas con potenciales turísticos, mineros o petroleros aparecen conflictos con los mapuches y no queremos que suceda en el sur mendocino lo mismo que en la Patagonia”, comentó una fuente oficial.
Gabriel Jofré: “Vamos a avanzar para conseguir la escritura”
Desde la comunidad Mapuche adelantaron que estos relevamientos realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el reconocimiento de manera oficial de los territorios “garantiza la posesión” y no van a dudar en avanzar, y si es necesario por la vía judicial, para conseguir la escritura sobre las tierras y poner punto final a la lucha.
“Ahora se les reconoce lo que sería la posición y se le da garantía hasta tanto se aplique una ley que les entregue la escrituración que de punto final a todo el proceso”, afirmó Gabriel Jofré, que forma parte del consejo de autoridades de comunidades mapuches en Mendoza.
“Hay caminos judiciales abiertos” pero además “vamos a presentar (el elevamiento) para que se avance con algún proceso de entrega de las tierras (en la provincia), y lo vamos a seguir presentando y seguir presentando y si hay demoras del Estado que implican llegar a juicio, y bueno, ahí tendremos que esperar a que la justicia determine”, indicó.
El hombre que también tiene el cargo de Werken o portavoz oficial de las comunidades aseguró que “la mayoría son personas que viven en el lugar hace años por eso se aclara que el relevamiento es actual”.
En cuanto a la falta de personería jurídica de las comunidades, Jofré sostuvo que “la demora es del Estado no de las comunidades a las que no se les dio reconocimiento durante mucho tiempo. El Estado es el que debe garantizar que se terminen las personerías jurídicas a las comunidades”, agregó.
