Las expectativas en la Unión Industrial Argentina (UIA) y distintas cámaras empresariales sectoriales era que el gobierno empezara a normalizar las regulaciones en el ámbito laboral dictadas el año pasado para mitigar los perjuicios económicos provocados por la pandemia de Covid 19. Desde la Casa Rosada, sin embargo, se hizo trascender que se decidió prorrogar por tres meses la prohibición de despedir sin causa o por baja de la actividad, y se extendió hasta fin de año la doble indemnización. “Desde mi punto de vista, estas medidas deben empezar a desactivarse gradualmente, como la forma de empezar a evidenciar que está saliendo de una crisis muy aguda en materia económica”, estimó el empresario salteño José Urtubey, uno de los diez vocales del Comité Ejecutivo de la UIA.
En charla con Los Andes, el hermano de Juan Manuel Urtubey, tres veces gobernador de Salta por el peronismo, opinó que las regulaciones extendidas por el gobierno “son instrumentos que no tienen una efectividad probada para generar puestos de trabajo o para preservarlos”. La UIA, desde un principio, como dijo Urtubey, consideró a estas regulaciones “como instrumentos que se establecen en la emergencia y que no pueden perdurar en el tiempo”.
Al aludir a “la emergencia”, en la central industrial recuerdan que días atrás presentaron un informe con una proyección optimista para este año: se pronostica “una recuperación generalizada del entramado productivo, luego de tres años de fuertes caídas, y a partir de la recuperación que está mostrando la demanda de bienes durables”. Esa valoración, apoyada en el crecimiento de la actividad industrial del último trimestre, lleva a la UIA a sostener que el gobierno debió haber tomado otro camino a la prórroga de las regulaciones en cuestión.
Desde la Casa Rosada no se precisó cuándo se formalizarán las prórrogas. El impedimento a los despidos y suspensiones (sin causas o por razones de niveles de actividad) tiene vigencia hasta el próximo viernes 29 de enero. La prórroga, trascendió, será por 90 días. Este lunes, en cambio, vence el alcance del decreto que impone la doble indemnización (con tope de 500 mil pesos a la segunda) laboral y la extensión será hasta fin de año.
La medida fue resuelta por la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus”.
Los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Producción) en reiteradas oportunidades argumentaron que tanto con las regulaciones sobre despidos y suspensiones, como también con el auxilio a empresas con los ATP o con los Repro, el gobierno tiene como objetivo “evitar la destrucción de empleo”.
A principios de año hubo reuniones entre dirigentes de la CGT y funcionarios del área de Trabajo. Allí se terminó de definir la continuidad de las medidas.
Daniel Funes de Rioja es uno de los vicepresidentes de la UIA. Está a cargo del área “Asuntos Laborales e Internacionales”. “Incertidumbre y desconfianza” fueron las palabras en las que sintetizó su postura sobre la continuidad de la prohibición de despidos y la doble indemnización.
“Tenemos un triple cepo: prohibición de las suspensiones, despidos y la doble indemnización. Acá parece que quieren que no pase nada con las empresas, pero muchas de ellas se destruyeron por la recesión y por el impacto de la pandemia. Con ello, se perdió fundamentalmente empleo privado”, opinó Funes de Rioja.
En el mismo sentido se expresó Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. “Nos parece que no ayuda, que no generan confianza y provoca que los empresarios no se animen a tomar empleados. Por más leyes que haya, un comerciante que no puede seguir trabajando va a tener que despedir. Y si no tiene dinero, no va a poder pagar la indemnización sea simple o doble, y lamentablemente los trabajadores van a tener que recurrir a la Justicia para ver si en algún momento cobran algo”, cuestionó el dirigente mercantil. Esto, insisto, para quien esto “desalienta cualquier toma de empleo”.
Dentro del sindicalismo, el diputado nacional del Frente de Todos y titular de una de las dos CTA, Hugo Yasky, defendió la decisión del Gobierno nacional. “Es una excelente medida para los que están en actividades que todavía están sujetas a las peores condiciones que impuso la pandemia, como la gastronomía, el turismo y el entretenimiento”, dijo Yasky a la radio AM 750.
