La polémica por la designación del defensor de las personas con discapacidad parece que volverá a dar que hablar antes de fin de año en la Legislatura, es que la semana pasada la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado le dio despacho favorable al proyecto del radical Marcelo Rubio que busca modificar la metodología de selección del defensor provincial.
La idea es pasar el sistema vigente a uno similar al de la selección de algunos cargos vitalicios como el contador general de la provincia o el presidente del Tribunal de Cuentas. Actualmente, se requiere un proceso de selección y evaluación de antecedentes entre postulantes de la ciudadanía en general. Finalmente, para quedar en el cargo son necesarios los dos tercios de los miembros presentes de una Asamblea Legislativa (38 senadores y 48 diputados). El nuevo sistema solo tendrá dos pasos: el Gobernador designará a una persona y el Senado le dará acuerdo.
El mandato de Juan Carlos González venció en mayo de 2018. Ese año se abrió el concurso, pero el proceso de selección empezó recién en 2019. En marzo, la Asamblea Legislativa fracasó en medio de cruces entre el oficialismo y la oposición. El peronista Germán Ejarque quedó primero en el orden de mérito pero no consiguió los dos tercios, lo mismo pasó con el resto de los candidatos. Por ahora, el órgano de control continúa acéfalo con González como interino.
El proyecto presentado en julio de este año busca sortear las dificultades políticas. “La actual legislación y los hechos acontecidos develan la problemática del sistema y la imposibilidad de elección por la mayoría especial de la Asamblea Legislativa. Tiene como finalidad agilizar la elección permitiendo una designación más razonable, accesible y acorde con la naturaleza y jerarquía del cargo”, dice la iniciativa entre sus fundamentos.
“La actual legislación establece una forma de elección compleja, con una mayoría especial de ambas cámaras legislativas, implicando en definitiva un impedimento legal para su designación en forma expedita y dentro de un plazo razonable. Y colisiona analógicamente con otras normas. Nunca debería quedar un organismo de tanta importancia, vacante o acéfalo, porque se estarían cercenando derechos constitucionales de personas de extrema vulnerabilidad”, agrega.
Desde el oficialismo aseguraron que hoy en la reunión de labor parlamentaria se definirá si se trata o no el proyecto en la sesión de mañana y que de conseguir el visto bueno, se le sumarán otras modificaciones al despacho. Por su parte, los postulantes están alerta, principalmente Ejarque que sigue de cerca los pasos de los legisladores. “El proyecto deja en manos del Gobernador la postulación. Es algo gravísimo. El defensor va a responder al gobierno de turno”, dijo en tono de preocupación.
Cargo interino
En 2013, la elección del defensor de las personas con discapacidad fue una fiesta en la Legislatura. La asamblea eligió por unanimidad a Juan Carlos González. En 2018, venció su mandato pero como la comisión no avanzaba en el proceso de selección siguió como interino.
Casi un año después, las comisiones que entienden en temas de desarrollo social de ambas pusieron el pie en el acelerador y empezaron a analizar las carpetas de los interesados.
González se volvió a postular junto a otros 10 interesados, entre ellos su colaboradora Andrea Mohammad, el dirigente Germán Ejarque, el ex director de Discapacidad en la gestión de Celso Jaque Alejandro Ontiveros y José Luis Beccaría que salió de carrera porque ingresó al Estado en uno de los procesos de concursos que abrió Alfredo Cornejo. Una de las tareas de la comisión fue dejar solamente cinco de los once candidatos. El orden de mérito quedó así: Ejarque 87,89; Mohammad 87,61; González 80,80; Ontiveros 75,92 y Beccaría 74,92.
Después empezó la discusión sobre si correspondía o no tener en cuenta el orden de mérito. Pero la verdad es que la ley no indica en ninguna parte que debe respetarse el orden de mérito a pesar de que ese fue el procedimiento que se llevó a cabo la primera vez.
Es más, tras el arduo trabajo de la comisión, los legisladores aseguraron que lo que se debía cambiar era el procedimiento y que ellos se encargaron de dejar plasmado en las actas para mejorar las fallas.
Asamblea escandalosa
En la Asamblea Legislativa de marzo del año pasado, la oposición (PJ, Unidad Ciudadana, FIT, Protectora y monobloques peronistas) se abroqueló y dio una conferencia de prensa para comunicar que su postura era respetar el orden de mérito, por lo que votarían a Ejarque como titular y Mohammad como adjunta.
En el recinto, todos los bloques dieron su opinión entre chicanas y desplantes. Hubo cuartos intermedios gritos y abucheos. Las personas con discapacidad querían entrar para escuchar la sesión pero tuvieron que quedarse en el Salón de los Pasos Perdidos rodeados de efectivos policiales que desplegaron un operativo.
La votación fue nominal y todos acordaron que Mohammad continuara como adjunta, el cargo titular se polarizó entre Ejarque y González. Hubo empate en 42 votos, por lo que el nombramiento fracasó porque ninguno de los candidatos consiguió los 56 necesarios para alcanzar los dos tercios.
El organismo
La Defensoría de las Personas con Discapacidad fue creada por la Ley 8345 como un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional. Mendoza fue la primera provincia en contar con especialistas que trabajan de manera autónoma dentro de la Legislatura para proteger los intereses y derechos de las personas con discapacidad.
Tiene como misión “la defensa y protección de los intereses y derechos de las Personas con Discapacidad tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas”.
El titular dura cinco años en el cargo y para presentarse debe cumplir los mismos requisitos que para ser senador y percibe el mismo sueldo. Además, le está vedada la actividad político-partidaria.
Entre sus funciones figuran: comprobar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, brindar asesoramiento, verificar la emisión de certificaciones de discapacidad por autoridad competente, solicitar la remisión de informes y antecedentes, denunciar ante los organismos jurisdiccionales la violación de los derechos que afecten a sus representados y proponer la modificación o sustitución de normas y procedimientos que afecten los derechos que debe defender.
Claves
Mayo 2013. Se elige a Juan Calos González como el primer defensor de las personas con discapacidad
Mayo 2018. Vence el mandato de González
Diciembre 2018. Ejarque queda primero en el orden de mérito
Marzo 2019. Fracasa la Asamblea Legislativa
Julio 2020. Ingresa el proyecto para modificar el proceso de selección
Noviembre 2020. Proyecto tiene despacho favorable de LAC
