El Tribunal de Cuentas multó a siete funcionario de la Dirección General de Escuelas, entre ellos a la hermana del exgobernador Alfredo Cornejo, Silvia Cornejo.
En un fallo de 30 páginas firmado por el presidente del organismo Néstor Parés, desde el Tribunal de Cuentas explicaron que se detectaron irregularidades en los procesos administrativos del año 2018 -y aunque una gran parte de las falencias fueron subsanadas en el ejercicio 2019- también encontraron falencias en otros ejercicios que no fueron corregidos a pesar de que se le dieron instrucciones.
En total, el fallo enumera 47 puntos irregulares. En algunos el Tribunal de Cuentas da instrucciones de cómo proceder para corregir los procesos y en otros decide sancionar. Los que deben pagar los montos más altos son el director financiero contable, Rodolfo Sentilini, y el contador general, Marcos Albornoz. Cada uno fue sancionado con una multa de $ 60.000.
En tanto, el subdirector de bienes inmuebles, Darío González, recibió una multa de $ 30.000, el subsecretario administrativo, Gabriel Sciola, una de $ 38.800, y el director de asuntos jurídicos, Francisco Fernández, una de $ 21.800. Por último, el auditor contable de la DGE, Francisco Llano, y la delegada regional Centro Sur, Silvia Cornejo, recibieron una sanción de $ 6.800 cada uno.
Las irregularidades
En los puntos 5 y 6 del fallo se detallan las irregularidades. Por ejemplo, se revisaron las acciones de 2016 y encontraron falta de rendición de la escuela Julia Silva de Cejas Nº 4-035. “El responsable contable presenta las notificaciones efectuadas en diversas oportunidades, sin embargo, no se adjunta la documentación requerida por el Acuerdo 5526 ni los informes del delegado”, indica. Y añade que en la rendición de 2019 solamente se adjunta información complementaria de 2018 pero no del 2016. Por la tanto, como la observación subsiste la Secretaría Relatora aconseja sancionar.
También señala una contratación directa irregular de 2015 para distribución de los manuales de primer y segundo ciclo que nunca llegaron a las escuelas, sino que fueron llevados a los depósitos de la DGE. Asuntos jurídicos debería haber iniciados las acciones legales para recuperar $ 464.904,82 que se pagaron por el servicio mal prestado pero el expediente está parado.
Otro punto indica que no se cumplieron las instrucciones de un fallo de 2015 con respecto a la registración de las cuentas contables y diferencias entre el detalle de los agentes beneficiarios de una deuda de $ 33.848.079,91 y el total de la deuda contabilizada.
Tampoco se subsanaron diferencias en las cuentas bancarias. En dos cuentas hay más fondos que lo que surge del detalle de los anexos, en una sobran $ 320.293 y en la otra $ 408.322. El saldo de $ 8.659 de una tercera cuenta no está incorporado al Presupuesto y hay $ 7.194.041 de una cuarta cuenta que no fueron utilizados y no están depositados en ningún lado.
Otro punto detalla irregularidades en la liquidación de los contratos en horas cátedra, también de personas que trabajan en la DGE y en la municipalidad, y casos de docentes a los que se les pagó hasta tres veces el Estado Docente.
