El Consejo de la Magistratura se encamina a afrontar una verdadera batalla política tras el pedido que impulsó el representante del Gobierno nacional, Gerónimo Ustarroz, para revisar la situación de decenas de jueces, entre los que figuran los que llevan adelante la causa de los cuadernos de las coimas y otras contra Cristóbal López, entre otras.
Los representantes de la oposición ya anticiparon que resistirán. “”Nos vamos a oponer, es un disparate lo que propone el oficialismo. No se puede avalar”, dijo el consejero Pablo Tonelli ante la consulta de Clarín.
Pero también este lunes se comenzaron a escuchar las voces a favor de la gestión que inició Ustarroz, el hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. “Hay muchos jueces que entraron por la ventana y algunos hablan de que se quiere desplazar a jueces independientes, pero lo cierto es que el paso del tiempo no puede reemplazar el vicio de origen de estas designaciones”, aclaró el titular de la Magistratura, Alberto Lugones.
En declaraciones a radio 10, Lugones aseguró que “hubo toda una camada de jueces que entraron en el último Gobierno que no tienen completado el acto complejo al que obliga la Constitución para tener estabilidad en el cargo”.
“Aquí lo que ha ocurrido es que hubo designaciones que no son habituales y se hacen a través del traslado de jueces, que está previsto solamente para casos puntuales”, agregó y volvió a apuntar contra el ex presidente Mauricio Macri: “En algunos casos, el Gobierno anterior salió a pescar en la palangana, es decir que designó jueces determinados con objetivos determinados, violando el principio de juez natural”.
Por ello, el titular de la Magistratura indicó que ahora el organismo encargado de designar, juzgar y eventualmente sancionar a los jueces, podría manifestarle al Poder Ejecutivo que “estaría faltando el acuerdo del Senado” para el nombramiento de los letrados señalados.
“La otra cosa que podría hacerse es elevar una consulta a la Corte, para ver si reitera lo que dijo en una acordada en 2018, cuando manifestó que no podían considerarse jueces efectivos lo que no tenían acuerdo del Senado”, completó y aclaró que en los casos de los jueces designados por traslados “hay algunos que cumplieron los reglamentos del traslado, otros cumplieron algunos requisitos y un grupo no cumplió ningún requisito”.
La nueva polémica se desató el jueves a última hora, cuando Ustarroz le pidió al Consejo estudiar unos 38 desplazamientos de jueces registrados durante el gobierno de Macri con la excusa de que “no cumplieron con todos los recaudos” legales y administrativos.
Lo hizo mediante una nota que le envió a la diputada Graciela Camaño, quien preside la Comisión de Selección de ese organismo, para pedirle que se expida sobre la validez de esos movimientos internos en la Justicia y que el tema se trate en la reunión del Consejo del próximo jueves.
En el listado de los jueces señalados por Ustarroz figuran, entre otros, el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante la causa denominada los cuadernos de las coimas en la que se trata de determinar si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lideró durante sus gobiernos una asociación ilícita para el cobro de sobornos a empresarios beneficiados con la entrega de licitaciones.