Este jueves por la mañana, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) se movilizó hasta el Poder Judicial para denunciar oficialmente la “deuda” que aseguran, mantiene el Gobierno desde el 2020, año de plena pandemia de coronavirus. Reclaman que tienen un 36% de retraso, producto de la inflación de ese período, que afectó de lleno el salario docente y no ha sido reconocido.
La secretaria general Carina Sedano explicó en conferencia de prensa que se trató de un mandato votado en el último plenario provincial realizado en La Paz, cuando se aprobó también la última oferta salarial presentada en paritarias para este 2023.
Concretamente, lo que presentó el Sute fue una acción de amparo sindical y una querella contra el Ejecutivo y la Dirección General de Escuelas por “práctica desleal”, ante la Cámara de Trabajo. Buscan que se reabra la discusión paritaria por el incremento que no tuvieron.
Sedano comentó: “Tuvimos un mandato de judicializar el 2020, así que nos hemos concentrado acá para presentar un amparo sindical por la deuda que tiene el gobernador con los trabajadores de la educación”.
“En ese año los docentes, celadores y directivos entregaron bolsones y cuadernillos sin protección, porque tuvimos el acompañamiento de las familias, pero el abandono de la provincia”, denunció Sedano.
Y aseguró que en ese año, el Ejecutivo convocó a paritarias en marzo y la propuesta fue rechazada por el gremio, pero no hubo más llamados. “No reconocen la deuda, porque hubo 0% de aumento. Con lo cual tenemos un daño estructural por ese 36% menos que tenemos en el salario”, arremetió la sindicalista y dijo que pasaron de ser “los mejores pagos a ser los últimos” del país.
Sedano indicó que el reclamo fue presentado en “cada una de las mesas” que se dieron sucesivamente y el Gobierno fue “cambiando” sus justificaciones para tratarlo. “Primero dijo que ya lo había dado en el 2021, con un acuerdo integral, pero ese año no hubo paritarias y fue por decreto. Luego dijeron que tomaban vista y que los miembros paritarios lo iban a llevar a quien correspondían. Después dijeron que ya estaba saldado”, manifestó.
Las acciones judiciales
El asesor legal del gremio, Mauricio Guzmán, explicó que elevaron una acción de amparo sindical y una querella por práctica desleal contra el Gobierno y la DGE, solicitándole a la Cámara del Trabajo que “ordene al Gobierno a reabrir la discusión paritaria, concurrir con una propuesta de carácter asertivo, y en los términos del artículo noveno de la Ley 24185, a negociar de buena fe con los trabajadores de la educación en virtud del deterioro salarial producido por la falta de incremento en el año 2020″.
“Lo que corresponde es que se negocie libremente en la mesa paritaria. Las respuestas ante los innumerables planteos que ha realizado el gremio han sido siempre evasivas y por eso también se hace la querella por práctica desleal en los términos del artículo 53, inciso F de la Ley de Asociaciones Sindicales, porque entendemos que el Gobierno está entorpeciendo y dilatando de manera injustificada la negociación con nosotros”, explicó el abogado.
Y aclaró que la discusión por ese 36% podría ser incluido en la próxima mesa paritaria que se dará en el mes de octubre, pero mantuvo las dudas por la conducta del Ejecutivo. “Si el Gobierno quiere puede incluirla en las reuniones, pero nosotros entendemos que siempre han evadido la discusión de la deuda del 2020, escudándose en la urgencia de incrementos del ejercicio en curso. Por eso también se han solicitado pruebas respecto de los estados contables y financieros de la Provincia”, consideró.
Y dijo que los plazos para que se expida la Justicia deben ser “muy breves”. Primero debe quedar radicado en alguna de las siete cámaras de la Primera Circunscripción Judicial y luego debe ordenarse una audiencia. “En un plazo de uno o dos meses podría estar resuelto”, completó Guzmán.
