El periplo de Marcelo Romano y una causa judicial iniciada en 2019 empieza a tener avances. La fiscal Gabriela García Cobos investiga un hecho que habría ocurrido el 11 de agosto de 2019. El senador habría cometido atentado contra la autoridad y esta mañana fue imputado.
La funcionaria había pedido el desafuero del funcionario legislativo, algo que ocurrió a fines de mayo de 2020. Desde allí la causa siguió su curso y esta mañana se concretó la imputación por el delito de atentado contra la autoridad según confirmó el propio Romano a Los Andes. “Es una causa política”, insistió y ahora será el turno de testigos.
Fuentes judiciales con acceso a la causa explicaron que la imputación se demoró desde mayo del 2020, cuando Romano perdió los fueros, porque “ellos (la defensa) plantearon la nulidad de los informes policiales y declaraciones de los policías y apelaron los fallos en primera y segunda instancia”.
Para la Justicia penal, fue válida la declaración de la policía que expresó haber escuchado a Romano decirles “que es miembro de la Bicameral de Seguridad y es amigo del entonces ministro de Seguridad, Gianni Venier”.
Luego de la feria judicial, se retomó el caso y esta mañana se produjo la imputación al senador provincial. Empieza el proceso de recepción de testigos y todo puede tardar hasta 18 meses.
“Con nosotros actúan rápidamente. Si fuera verdad de lo que me acusan es una contravención y no podían pedirme el desafuero. Todos los opositores estamos en la parrilla”, cuestionó Romano.
El hecho
Mientras transcurrían las elecciones PASO 2019 en Mendoza, el senador protagonizó un escándalo en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz, porque la Policía había detenido a su hija en un control vial, quien conducía un Renault Clio. Las palabras del legislador fueron su perdición: “me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”. El delito por el que se lo investiga establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
De hecho, el propio Romano ha cuestionado el hecho por el que se lo acusa, aduciendo que es una contravención y no un delito. El artículo 167 de la Constitución provincial indica que cuando se produce una acusación por delitos comunes contra un miembro de la Legislatura o contra cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político ante la Legislatura o ante el Jury de Enjuiciamiento, y existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado.
Alejandro Pérez Hualde, ex ministro de la Suprema Corte de la provincia y reconocido constitucionalista, había cuestionado la necesidad legal del desafuero de Romano consultado por Los Andes en aquel momento: “Si se mira el artículo 167 (de la Constitución), dice que tiene que tener mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, que en esta causa en la que estamos hablando probablemente no la habría jamás porque la pena no excede de los 3 años. No se cumplen los elementos necesarios para un caso tan grave, como es el de un senador, de dejarlo sin fueros”.
Otras polémicas del senador
En diciembre de 2019 el Gobierno provincial cesanteó al legislador de Protectora, Marcelo Romano, de un cargo de planta reservado que tenía en el Estado provincial, en el Ministerio de Economía, por “no regresar a cumplir funciones ni renunciar en tiempo y forma”. En aquel momento, el senador, decía que era víctima de “persecución política”.
Según el decreto 2880 de 2019, Romano “no habría justificado sus inasistencias entre los años 2015 y 2018, período en el cual no se reincorporó a su empleo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ni justificó sus inasistencias, con lo cual, no habría dado cumplimiento a su deber de prestación personal del servicio”.
El legislador era empleado del Ministerio de Infraestructura y Energía, tenía una clase 12 (la más alta del escalafón estatal es la 13). En setiembre de 2012 pidió licencia sin goce de haberes porque había entrado como asesor de la entonces senadora nacional Laura Montero, cargo temporario que tuvo hasta el 1 de enero de 2015, cuando ingresó a la planta permanente del Senado nacional (legajo 22.143) en la categoría A1, la más alta del escalafón del Senado. Hoy su salario básico sería de 280.000 pesos, a lo que hay que sumar título. Seguramente volverá a ese cargo cuando termine su mandato de senador.
Cómo se dijo, Romano fue nombrado en planta permanente del Senado de la Nación. Acá surge el problema: de acuerdo a la ley 5.811 se puede reservar un cargo de planta permanente mientras cumple una tarea temporaria de mayor relevancia (sea sindical, política o en la administración pública). Pero acumular dos cargos de planta permanente, uno en Mendoza y otro en el Congreso nacional, está prohibido por el artículo 13 de la Constitución provincial: “nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional”.
Según la instrucción sumarial, terminado su trabajo temporario de mayor jerarquía, Romano “no se presentó aún hasta 30 días después de haberse producido la cesación de la causa que motivara la reserva de empleo”. También se acota “incumplió con su deber de declarar al Estado provincial el cambio de su situación de revista, es decir, cuando obtuvo el pase a planta permanente en el Senado de la Nación y, con ello, el deber de encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad”.
El año pasado, como senador, enfrentó otro problema, derivado también de su incontenible verborragia. El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, denunció a Romano y, por entonces candidato a senador nacional del Partido Verde, de haberlo agredido haciendo referencia a su sobrepeso. En una reunión de la Bicameral de Seguridad, Romano lanzó calificativos poco felices: “gordito” y “bidón de plástico”.
Majul argumentó que Romano “no solamente me ofende sino me duele porque me cuesta mucho llevar esto. No es una cuestión graciosa. He sentido en esta reunión una discriminación puntual”.
