El Senado provincial ratificó este martes el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y Mendoza se sumará a la estrategia nacional que pretende la reactivación de proyectos económicos con la posible llegada de inversiones con sumas mayores a los U$S 200 millones, que tendrán beneficios impositivos de índole nacional.
El proyecto de ratificación a los artículos de la ley Bases votada en el Congreso, ya había obtenido la semana pasada despacho favorable en comisiones; y hoy se aprobó en el recinto de la Cámara Alta. La votación dio como resultado 24 votos a favor y 14 en contra (todo el PJ y parte de LUM se pronuciaron en contra).
En paralelo, hubo también un reclamo de antimineros en la puerta de la Legislatura, quienes aseguran que la aprobación del RIGI en Mendoza será la “puerta de ingreso” de las grandes empresas mineras, particularmente las metalíferas; y también sostienen que “está en juego la ley 7722″.
Defensa de la ley
Por parte del oficialismo, la vicegobernadora Hebe Casado consideró que la aprobación del RIGI genera “una oportunidad de desarrollo para la provincia”.
Y agregó: “No queremos que nos pase como la Provincia de Buenos Aires, que por no adherir perdió una inversión de U$S30.000 millones, que sabemos lo que significa tanto para aquellas personas que no tienen trabajo como aquellas pymes que trabajan como prestadoras de servicios que vengan este tipo de inversiones, así que con este proyecto aprobado lo que determinamos es que la provincia los espera a todas estas inversiones con los brazos abiertos”.
También lanzó una crítica a la oposición que votó en contra, al sostener que “los que se oponen al desarrollo son siempre los mismos, los que ponen palos en la rueda son los mismos y pareciera que no quieren que la provincia crezca y se desarrolle. Pero que después critican cuando no hay inversión, cuando la provincia está estancada. Son ‘biri biri’ y tiene que ver con eso, con poner palos en la rueda para que a la provincia no le vaya bien”, dijo en diálogo con radio Mitre Mendoza.
Desde el radicalismo, la senadora Ángela Floridia, destacó la “importancia” de este régimen para “proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a los inversores en áreas como la infraestructura industrial, minera y tecnológica”.
“Estos sectores enfrentan desafíos significativos, como la necesidad de capital intensivo y largos periodos de recuperación. Este régimen les ofrecerá un entorno favorable para su desarrollo”, explicó Floridia, subrayando la relevancia de la iniciativa para el futuro económico de Mendoza.
Aparece de nuevo la 7722
Por otro lado, hubo voces en contra. Una de ellas será la del senador peronista, Gerardo Vaquer, quien sostuvo que el RIGI “es una grave amenaza para los derechos y recursos de los mendocinos”.
Para el legislador, el RIGI “pone en riesgo nuestra soberanía sobre los recursos naturales y las leyes que hemos construido para protegerlos” y que este régimen ”podría invalidar normativas locales como la Ley 7722, que resguarda el agua y nuestro futuro”.
“El RIGI abriría la puerta a proyectos que, bajo el amparo del ‘interés nacional’ podrían devastar el medio ambiente y comprometer la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones”, marcó.
En tanto, la jefa de bloque del PJ, Adriana Cano, sostuvo que las inversiones “serían buenas siempre y cuando se hagan en un marco legal que garantice mucho más protección y no tanta competencia desleal a las pymes locales, a nuestra industria madre, que es la vitivinicultura, e incluso donde hayan también inversiones para los que nosotros entendemos que son los grandes desfavorecidas como son los productores”.
Y agregó que el RIGI conlleva “un sinfín de permisos, autorizaciones, más quitas de tarifas tanto por exportación como por importación a grandes capitales extranjeros, que son los que van a traer y volverá a la economía primaria en Mendoza, que significa que no se industrializará absolutamente nada en la provincia, con recursos naturales de la provincia”.
Desde el PJ, de igual forma, se presentó un comunicado con el que adelantó su voto en contra y fundamentó su postura, al sostener que el RIGI ”representa un grave riesgo para la soberanía y la industria provincial y nacional”.
“Los gobiernos de Milei y Cornejo quieren que Mendoza adhiera al RIGI donde empresas no están obligadas a liquidar dólares al exportar ni a pagar impuestos locales, lo que consideramos un avasallamiento a las autonomías provinciales y una pérdida de soberanía”.
En este sentido, consideraron que habrá “competencia desleal y exclusión de PyMEs”, al “fomentar una competencia desleal contra las industrias locales al permitir importaciones sin aranceles”; así como también una posible “destrucción de la industria nacional y del empleo, ya que permite a las multinacionales importar todo el equipamiento y personal necesario, sin necesidad de contratar a trabajadores locales”.
Por otro lado, también denunciaron “beneficios fiscales inéditos, desproporcionados e inmutables”; al sostener que proponen “una serie de beneficios fiscales muy generosos, como la reducción de la alicuota de ganancias del 35% al 25% y la exención de derechos de exportación e importación, sin exigir contrapartidas a las empresas beneficiarias”.
En tanto, agregaron respecto a la minería en Mendoza, que “un ejemplo es que el RIGI establece para las empresas el ‘uso prioritario de insumos escasos”, por lo que indicaron que “las mineras tendrán prioridad del uso del agua por sobre el consumo doméstico y el riego productivo, poniendo en riesgo el acceso al ague de la población y de la producción agrícola”.
“Además exime de derechos de exportación a estas empresas multinacionales cuando nuestra industria vitivinícola paga entre el 5 y el 8%”, acotaron.
Y sostuvieron que “el proyecto promueve fundamentalmente inversiones en la industria energética y minera, con el objetivo de extraer recursos y la exportación en bruto de los mismos. No se abastece demanda interna, no se agrega valor a los productos”.
Por último, aseguraon que “Cornejo se empeña en regalarnos” y que “éste es un modelo perverso”. “Volveremos a ser un país saqueado y no industrializado. Nuestro VOTO es NEGATIVO AL REGIMEN RIGI en defensa y proteccion de los recursos naturales, la industria y la soberanía nacional para las futuras generaciones”.
OBJETIVOS DEL RIGI
Según sostiene el Gobierno, el RIGI está diseñado para “fomentar el desarrollo en sectores estratégicos como la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas”.
Estos sectores “enfrentan desafíos particulares que dificultan la realización de grandes inversiones”, como la necesidad de capital intensivo y los largos periodos de recuperación de costos.
Además, señalaron que sin un marco de incentivos adecuado que brinde certidumbre y competitividad, estas inversiones “serían inviables”, según se detalla en la fundamentación del proyecto.
El régimen no solo busca atraer inversiones de largo plazo, sino también adelantar las condiciones macroeconómicas necesarias para estas inversiones.
Se garantizará a los inversores, que se comprometan a realizar grandes inversiones “dentro de un plazo determinado, la certeza, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de los derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias, necesarias para la viabilidad de dichas inversiones”.
Floridia explicó que la ley contempla un capítulo específico sobre el impacto de los impuestos locales. El Capítulo XI de la Ley 27.742 se relaciona directamente con las jurisdicciones locales y establece que, además de la adhesión, las provincias y municipios “no podrán imponer nuevos gravámenes a los beneficiarios del régimen, salvo las tasas retributivas por los servicios efectivamente prestados”.
El artículo 224 de la Ley Nacional invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI bajo sus términos y condiciones. Quienes se adhieran “no podrán crear nuevos gravámenes locales para los beneficiarios del régimen”. Se considera nuevo gravamen cualquier hecho imponible nuevo respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o cualquier modificación que implique una mayor carga fiscal.
Además, el artículo 225 estipula que las tasas retributivas por servicios prestados no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado. Una tasa excede dicho costo si se determina en función de ventas, ingresos brutos, ganancias u otros parámetros análogos.
La adhesión de Mendoza al RIGI representa, según el oficialismo, “un paso crucial para atraer capital y desarrollar sectores estratégicos en la provincia”; y agregaron que “con un marco legal que promueve la certidumbre y competitividad, se espera que las grandes inversiones florezcan, impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en la región”.
Este régimen también “busca fomentar el desarrollo coordinado entre el Estado Nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, además de estimular las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión”.
La implementación del RIGI en Mendoza es, para el Gobierno, una señal “positiva para los inversores y un indicador de que la provincia está abierta a recibir grandes proyectos que puedan transformar su economía y generar beneficios a largo plazo”.
