El Senado provincial cocina su propia Ley de Hojarasca, a tono con lo que propone el Gobierno nacional y trabaja sobre 103 leyes que quedaron en pie desde el año 1.856 hasta 1.950. Se estima que entre el 45% y el 60% de las normas serán derogadas. El recorte surge de analizar las 1.927 normativas sancionadas en ese período de análisis y el resto formará parte de otra etapa.
La Provincia de Mendoza tiene unas 9.600 leyes sancionadas desde 1856, con la Ley de Aguas como piedra fundacional, a la fecha. En 169 años de historia local, varias de esas normativas quedaron vetustas o aportan burocracia. Así como el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, comandado por Federico Sturzenegger busca avanzar sobre 70 leyes, la vicegobernadora Hebe Casado hará lo propio con una versión local. “Yo no tengo un Ministerio pero sí creo necesario desregular y mi equipo está trabajando en hacer una derogación masiva de leyes”, le dijo a Los Andes.
Un equipo integrado por funcionarios legislativos encaró la tarea de identificar todas las leyes, analizarlas con detenimiento y luego, avanzar con iniciativas para la derogación o reforma en caso de considerarlo. En otros tramos de la historia legislativa se trabajó para condensar un Digesto Jurídico provincial (nombre técnico de la Ley de Hojarasca), pero no se concretó.
La Real Academia Española define a la “hojarasca” como el conjunto de hojas que han caído de los árboles y la demasiada e inútil frondosidad de algunos árboles o plantas. Este concepto, aplicado al sistema legal, se traduce en leyes obsoletas que perdieron su función original por lo que se procede a la “limpieza” de normas.
El Gobierno Nacional presentó, en octubre del año pasado, un proyecto de Ley Hojarasca. La defensa está a cargo del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa busca derogar 70 leyes que se consideran obsoletas. “No hay que tenerle miedo al exceso de desregulación, siempre se puede corregir”, dice el funcionario nacional.
En esa misma línea, la vicegobernadora Hebe Casado avanzará con una versión local. Un equipo de colaboradores cercanos está desmalezando el sistema legal mendocino y clasificando leyes entre vigentes y no vigentes. Ese extracto de 103 iniciativas pasará por otro tamiz más determinante. “En esta primera etapa vemos que tendremos un gran porcentaje de derogación al ser el primer período institucional de la provincia. Una vez que terminemos de revisar hasta 1950 seguiremos analizando hacia la actualidad. Sin embargo, creemos que habrá menos para derogar cuanto más actual sea la legislación”, remarcó la Vicegobernadora.
De acuerdo a datos del Senado, desde el inicio de la historia legislativa y hasta 1950, se sancionaron 1.927 normativas y sólo 103 están vigentes. Aun así, podrían estar en desuso varias de ellas o necesarias de una reforma. Esa es el primer resultado de un profundo trabajo que está haciendo un equipo de funcionarios y colaboradores, liderados por Lucas Faure, secretario legislativo del Senado provincial.
Nuria Olivera, secretaria legal y técnica del Senado; Nerea Ceschin, secretaria privada de Casado; Mauro Araujo, Esteban Agüero y Sergio Miranda (ex referente de Republicanos Unidos y ahora afiliado al Pro) conforman el grupo de trabajo, además de otras personas.
La revisión final estará a cargo de Juan Carlos Jaliff, de último paso por la Presidencia Provisional del Senado y actual colaborador de la Cámara Alta. Con una trayectoria de fuerte impronta legislativa por los distintos cargos que ocupó, entre ellos la Vicegobernación en la era de Julio Cobos (2003-2007) y la experiencia de haber debatido 1.800 leyes lo transforman en una consulta obligada si de legislaciones se trata.
“El beneficio de esta tarea es el aporte a la institucionalidad porque quienes aplican las leyes, ya sea funcionarios o jueces, no tienen que analizar si la ley es aplicable o está vigente. Durante mi paso por la Vicegobernación, y también en la gestión de Laura Montero se trabajó en un Digesto, pero no se concretó. Ojalá esta vez se pueda avanzar, al menos en una parte. Es una muy buena iniciativa de la Vicegobernadora”, explicó Jaliff a Los Andes.
Qué leyes son y por qué se derogarían
Además de la Ley de Aguas, en la lista hay otras normas destacadas como la Ley Orgánica de Municipalidades (1934), ley Orgánica de Tribunales (1910), la creación de las Cámaras de Apelaciones en la Justicia Provincial (1947), aprobación del convenio con YPF para la exploración en zonas determinadas (1932), fijación de límites con San Juan (1933), entre otras.
Una vez definido el recorte de leyes a estudiar, se avanzará en cuáles son derogables y cuáles no. Casado explicó que el criterio se basará en que esa supresión “implique un avance en el proceso de desburocratización”, también en los casos de “leyes obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”.
Correrán la misma suerte “las leyes superadas por normas posteriores y también las normas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos”. El número fino no está pero se estima que entre el 45 y el 60% de las leyes en estudio serán derogadas. Es decir, casi la mitad, que implica unas 50 normativas.
Otros especialistas consultados indicaron que si las leyes ya están en desuso, no es necesario derogarlas. Sin embargo, algunos estiman conveniente hacerlo para dejar en claro con qué legislaciones se cuenta. El título “derogada” aporta más claridad, según indicaron.
El borrador llegará a las manos de Jaliff quién celebró la idea de Hebe Casado. “Me parece necesario que se vaya, de algún modo limpiando, las leyes que ya no tienen vigencia. En definitiva es limpiar la hojarasca. Hay leyes que no fueron derogadas explícitamente, sino implícitamente porque una norma posterior contradice a la anterior pero siguen estando en el digesto jurídico de la provincia”, subrayó.
Aportes opositores
Los dirigentes de la oposición en el Senado, consultados por Los Andes, ven con buenos ojos un estudio sobre las leyes mendocinas. El senador Félix González (PJ) cree en la necesidad de hacer “una revisión integral de todo el marco legislativo provincial” que incluye “ver el tema de superposición de normas y todo eso. Creo que hay que hacerlo muy seriamente y con un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y con otras facultades de Derecho, si se quiere, pero orientándose sobre cuáles son los objetivos, qué es lo que se busca simplificar, eliminar”.
“Sobre la base de eso yo estoy de acuerdo. Ahora, en lo que hay que tener cuidado es no terminar metiendo una chastrinada o un parche que después tengamos que estar revisándolo, todo, nuevamente”, completó.
Armando Magistretti, del Partido Demócrata y en sintonía con el Gobierno Nacional por ser aliados, no estaba al tanto de este trabajo. “No sabía lo de la incontinente verbal. Cualquier iniciativa que tienda a liberar de trabas a la actividad económica, de cualquier índole, y la vida cotidiana de los ciudadanos, está buena”, dijo a este medio.
“En nuestro caso, estamos haciendo un seguimiento de la ley a nivel nacional para ver qué se puede adaptar para la provincia. El problema es que cualquier proyecto de ley que presenta la oposición, es bloqueado por la escribanía radical del Senado. He presentado cinco proyectos de ley y no me han tratado ni uno solo!!! Se quejan porque les presentás pedidos de informe y no presentan propuestas. Pero cuando las presentás, no las tratan. Gataflorismo al palo!!”, agregó.
Y en ese sentido, cargó contra el Gobierno provincial. “Cornejo se escuda diciendo que la oposición no tiene un proyecto integral y presenta propuestas parciales. Son ellos los que gobiernan, imagínate si presentas una propuesta integral cuando ni siquiera te tratan un proyecto de ley!!!”, remarcó.
Gabriel Pradines, senador por La Unión Mendocina y también presidente del Pro evitó opinar sobre el tema. Adriana Cano, titular del bloque peronista en el Senado no respondió a la consulta de Los Andes.
