El exsenador provincial Marcelo Romano enfrenta un proceso administrativo iniciado por el Senado de la Nación, dado que es empleado de planta, y fue condenado por atentado contra la autoridad agravado (apeló ante la Suprema Corte). Dos diputados del Partido Verde pusieron en conocimiento al órgano que preside Victoria Villarroel sobre su situación judicial y se decidió abrir un sumario además de suspenderlo hasta que termine la investigación.
Los diputados provinciales Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) habían agitado el avispero hace unos meses, presentando una solicitud formal dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel para aclarar la situación laboral de Romano, quién figura como agente de Planta Permanente del Senado Nacional.
Romano, quien ostenta la categoría más alta del escalafón del Senado, fue condenado en mayo de este año a 10 meses de prisión en suspenso por atentado contra la autoridad por un hecho ocurrido en 2019 en un control policial. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y deber cumplir buena conducta por dos años.
La Suprema Corte de Justicia debe resolver sobre la sentencia del tribunal penal colegiado, si la ratifica o no. Pero mientras eso ocurre, un revés del Senado deja a Romano en una situación complicada.
El pedido que terminó en sanción
La nota presentada por los diputados solicita, entre otros puntos, que se informe si Romano posee adscripción vigente en alguna repartición del Estado, si se ha incorporado en su legajo la condena en su contra, y si se ha iniciado algún procedimiento administrativo a raíz de dicha condena.
Allí, el Senado toma conocimiento formal de la situación judicial dado que ni Romano ni nadie de la justicia notificó de la situación. Luego empezaron las averiguaciones correspondientes y el acopio de documentación. La última adscripción del ex senador se había iniciado el 22 de abril de este año en la Municipalidad de Maipú, que administra Matías Stevanato. Un mes después, la justicia lo condenó.
Esos 180 días corridos que tenía para desempeñarse en una de las comunas del PJ se vencieron hace un mes. Según fuentes parlamentarias, el sancarlino estaba en tratativas de otra adscripción. Pero la decisión del Senado complicará sus pretensiones.
La Secretaría Administrativa del Senado considera que “ante los hechos detallados resulta imperioso adoptar medidas que impidan el entorpecimiento del desarrollo de la investigación administrativa, aseguren su normal desenvolvimiento, preserven la integridad del Organismo y la confianza pública en las instituciones”.
El artículo 3 del Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto PEN-456/22) adoptado por el Senado de la Nación y citado en la resolución determina que cuando un hecho “por acción u omisión, pueda significar responsabilidad disciplinaria, exista o no perjuicio fiscal, para cuyo esclarecimiento se requiera una investigación, esta se sustanciará como información sumaria o sumario”.
Luego de una enumeración de otros articulado de la misma norma, la Secretaría Administrativa resolvió abrirle el sumario a Marcelo Romano y suspenderlo en sus funciones, lo cual implica que no cobre haberes hasta que termine el proceso interno. A agosto de este año, el sueldo neto superaba los $2 millones.
Romano ha militado en Protectora, Partido Verde y La Unión Mendocina. Se enfrentó con Alfredo Cornejo por la minería, entre otros temas. También ha sido candidato a intendente de San Carlos.
