La Cámara de Senadores de Mendoza dio luz verde este martes a una iniciativa del Poder Ejecutivo que extiende los plazos para la regularización dominial y la cancelación anticipada de viviendas otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Esta medida apunta a facilitar la escrituración definitiva de las viviendas adjudicadas, mientras que también se enfoca en mejorar el recupero financiero de la institución.
Al someterse a votación, el proyecto fue aprobado por 30 votos a favor, mientras que 7 senadores se abstuvieron de votarlo. Se trata de los representantes de La Unión Mendocina.
Desde el Gobierno señalaron que la medida, que ya tuvo sanción completa, está destinada a los adjudicatarios del IPV con créditos recibidos hasta noviembre de 2017; y propone un régimen de cancelación anticipada para quienes se adhieran y una extensión de esa normativa en su vigencia, hasta el 31 de marzo de 2026.
Según informaron desde el Ejecutivo en los considerandos del proyecto, “a la fecha, de un total de 35.000 créditos, se han cancelado 19.408 gracias a las posibilidades otorgadas por esta Ley”.
La gestión de la deuda cuyas cuotas no se ajustan por el marco jurídico que las rige, implica mayores costos que el recupero mismo, dado que el pago mensual va entre los $30 y $5.000. Ante esto, el proyecto sostiene que mantener esta cartera crediticia genera costos y gastos administrativos en la gestión que resulta más oneroso que lo que en definitiva se pretende cobrar. Cabe destacar que, si no se cancelan las deudas respectivas, continúa el proceso de desadjudicación de la vivienda.
Teniendo en cuenta este panorama, el Ejecutivo sostiene que se busca “implementar una moratoria ante créditos que quedan desfasados en el tiempo; propiciar su escrituración como así también la regularización de aquellas viviendas que, por no contar con valor definitivo, no han podido avanzar en su escrituración y por tanto siguen figurando viviendas a nombre del IPV impidiendo el cobro del impuesto inmobiliario, entre otros aspectos”. Estas medidas redundan en la optimización de procesos y la eficiencia del gasto en la gestión administrativa provincial”.
La defensa oficialista
Durante el debate, el senador radical Walther Marcolini, destacó la importancia de la ley y los beneficios que ha traído a miles de familias mendocinas. No obstante, también subrayó los desafíos que enfrenta el IPV debido a la alta tasa de morosidad en los créditos activos.
Marcolini informó que del total de créditos que estaban en condiciones de ser cancelados bajo la Ley 9378, se logró la regularización del 60,5%, lo que permitió al Gobierno recaudar $371,3 millones entre junio de 2022 y diciembre de 2023. Sin embargo, destacó que la situación económica del país ha dificultado la recuperación de la cartera crediticia del IPV, con el “57% de los créditos activos en mora”.
Ante esta situación, la reforma plantea la cancelación de créditos cuyo saldo sea inferior al 30% del salario mínimo vital y móvil, beneficiando a 24.191 adjudicatarios.
Luego, el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, respaldó la prórroga, pero también hizo hincapié en la necesidad de modificar el sistema actual de financiamiento de viviendas, señalando que los mecanismos vigentes no han logrado reducir significativamente el déficit habitacional en la Provincia. En su intervención, también enfatizó que, si bien la prórroga es necesaria, es fundamental revisar y mejorar las políticas de vivienda para que sean más efectivas.
Por su parte, el senador Valentín González, de la Unión Mendocina, subrayó la necesidad de una reforma integral del sistema de créditos. Por esto fue que argumentó que, desde su bloque, se abstendrían de votar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
La senadora oficialista Natacha Eisenchlas cerró el debate defendiendo las políticas habitacionales implementadas desde 2015, destacando que el Gobierno provincial ha asumido la mayor parte del financiamiento de la construcción de viviendas sociales ante la reducción de los aportes nacionales. Asimismo, informó que desde 2015 se han construido 15.083 soluciones habitacionales y que en 2024 el IPV cuenta con uno de los mayores presupuestos del país en su rubro, destacando la importancia de la colaboración público-privada en la construcción de nuevas viviendas.
Alcances de las modificaciones propuestas
El proyecto introduce modificaciones que amplían los beneficios ya establecidos para los adjudicatarios de viviendas y créditos, abarcando a un mayor número de beneficiarios que se encuentran en distintas etapas del proceso de pago y regularización de sus deudas.
La iniciativa también contempla la simplificación de los procedimientos administrativos, buscando resolver la situación de aquellos casos en los que aún no se ha determinado el costo definitivo de las viviendas.
Además, se establece un régimen especial que permite la cancelación anticipada de las deudas, con descuentos significativos para quienes se acojan a esta opción. También se contemplan medidas específicas para los casos en los que el saldo pendiente es de baja cuantía, permitiendo su cancelación bajo condiciones más favorables.
La extensión de estos beneficios estará vigente hasta marzo de 2026, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el año siguiente, lo que brinda un plazo adicional para que los beneficiarios puedan regularizar su situación.
El proyecto que extiende los plazos para la regularización dominial y la cancelación anticipada de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha recibido sanción en ambas Cámaras legislativas. Tras la aprobación por parte del Senado, la iniciativa que ya había sido respaldada por la Cámara de Diputados, deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
