En la primera sesión del año el Senado provincial aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal de la provincia para incluir la figura del agente encubierto informático digital. Su objetivo es innovar en la investigación de delitos cibernéticos, permitiendo a agentes especializados infiltrarse en organizaciones criminales con autorización judicial.
La iniciativa fue propuesta en 2021 por el Fiscal de Delitos Informáticos, Santiago Garay, a través de Juan Carlos Jaliff quien era el Presidente Previsional del Senado en ese momento.
Esta figura posibilita que agentes expertos en informática, ocultos tras una identidad falsa y con la aprobación de un Juez de Garantías, se infiltren en grupos delictivos especializados en actividades cibernéticas, como el grooming o la pornografía infantil. Vale la aclaración: únicamente puede ser utilizada en situaciones excepcionales, primero por pedido del fiscal y con la posterior autorización del Juez.
Su objetivo es la identificación de los responsables y la recopilación de pruebas que impulsen las investigaciones de los fiscales, incluso evitar la perpetración de delitos.
La figura tiene dos condiciones fundamentales: primero, que se trate de un delito informático y segundo, que no haya otra posibilidad de poder evitar la perpetuación del delito o de detener a la organización delictiva cibernética. Este respaldo que le brinda la ley a los agentes informáticos únicamente puede ser utilizado por un plazo de 180 días y no puede contener ningún tipo de identificación que revele a una persona humana.
Desde que lo propuso el fiscal Garay el proyecto tardó dos años y medio en salir en salir. Natacha Eisenchlas contó a este diario: “Nosotros (los senadores) le dimos media sanción en el 2022, pasó a diputados, y el 1 de noviembre del 2023 lo aprobaron en diputados. Entonces, poco antes del receso, entró otra vez al Senado tras las modificaciones que efectuaron los diputados”.
Es que la Cámara Baja se tomó su tiempo para debatirlo y hacerle nuevos cambios, en ese momento los diputados peronistas decidieron rechazar el proyecto, aunque obtuvo los votos necesarios para aprobar las modificaciones.
Finalmente, el proyecto con los cambios ingresó al Senado provincial recién este martes, donde los legisladores de la Cámara Alta decidieron acompañar unánimemente el proyecto, con los votos del peronismo quienes lo habían rechazado en la otra cámara.
“Siempre las leyes son perfectibles, pero ha quedado bastante bien, esto está en el marco de la Convención de Budapest que la Argentina adhirió, fue firmante y después adhirió por ley en el 2018″, contó Walther Marcolini a Los Andes. El documento firmado por nuestro país compromete a los Estados partes a ajustar su normativa penal a la asistencia y cooperación internacional en temas relativos a la ciberdelincuencia.
La pregunta que puede surgir es, ¿qué pasa con el dispositivo electrónico una vez que se terminó con la investigación? Marcolini se explayó sobre este tema y contó: “El Poder Ejecutivo lo puede pedir y afectar solo trabajo de la Policía o del Ministerio Público Fiscal, ya sean los laboratorios forenses, la Policía, en la División de Investigaciones”.
Además, contó como fueron los primeros pasos para que el fiscal pueda presentar este proyecto: “El fiscal lo presentó el 8 de julio de 2021 como ciudadano común, amparado en el artículo 122 bis del reglamento del Senado. Y Juan Carlos Jaliff, que era el presidente provisional del Senado, lo toma, lo hace propio y lo presenta”. Entonces, desde ese día hasta hoy se necesitaron 30 meses para obtener la aprobación de ambas cámaras.
El reglamento interno de la cámara alta, en el artículo que refirió el senador provincial Marcolini establece: “Todo ciudadano de la Provincia de Mendoza o representante legal de Organización no Gubernamental, podrá presentar proyectos de ley, resolución, declaración o pedido de informe. La iniciativa deberá ser suscripta por algún senador. Si no lo fuere, lo será por el presidente provisional, al solo efecto de habilitar el tratamiento legislativo”.
