En el profuso expediente de 154 páginas que sostiene la gravísima acusación contra el juez federal Walter Bento, el fiscal Dante Vega menciona en varias oportunidades las intervenciones de la Cámara Federal de Apelaciones en los seis casos usados como pruebas de los delitos. Se trata del tribunal de alzada en el que recaen las apelaciones a los fallos y decisiones de los jueces de primera instancia como Bento. Por eso resulta llamativo cómo -según el fiscal- el magistrado pudo sortear en algunos casos el control posterior que hace la Cámara de sus fallos. Hasta que estalló el caso Aliaga.
Vega, en su acusación, se ocupa de dejar claramente a salvo la responsabilidad del principal tribunal colegiado de la Justicia Federal de Mendoza, asegurando que “el juez Bento no contó con la Cámara Federal en su actual composición para lograr sus fines delictivos”. Y agrega que “el magistrado intentó cada vez que pudo soslayar el control de la Cámara”.
Como es lógico y funcionalmente procedente en este tipo de casos, la Cámara se han llamado a silencio sobre este escándalo que, nadie lo niega, ha generado un terremoto en el edificio de calle España. El argumento es que los camaristas no pueden opinar sobre el caso, porque deberán intervenir en la causa Bento, ya que la defensa de los tres abogados detenidos por el juez Eduardo Puigdéndolas pidió sus excarcelaciones y, como seguramente el magistrado federal de San Rafael las rechazará, la decisión final terminará recayendo en ellos.
Las irregularidades de Bento que llamaban la atención
Una alta fuente de los Tribunales Federales le reconoció a Los Andes que “claramente había irregularidades” en “determinadas causas” tramitadas en el Juzgado Federal N°1, según advirtieron varios abogados y fiscales en distintas audiencias orales. Uno de ellos, el reconocido penalista Carlos Varela Álvarez, incluso declaró como testigo ante el fiscal Vega y dijo que hubo cosas que le “llamaban la atención”, como “los cambios de calificación, las faltas de mérito o la repitencia de abogados que intervienen” en “todas estas causas en que actúa el Sr. Bento”.
Los cambios de criterio del juez nunca pasaron desapercibidos. Como tampoco que en muchos casos evitara delegar la investigación en los fiscales, aprovechando que el Código Procesal Penal Federal le otorga al juez la dirección total del proceso. Esto le permitió a Bento, según la acusación de Vega, “no perder el control de las causas” que le interesaban.
Una de ellas puede demostrar cómo el juez, hoy imputado como jefe de una asociación ilícita, por coimas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, “moldeaba” las causas pese a las intervenciones y resoluciones de la Cámara de Apelaciones, el tribunal al que está subordinado.
Se trata de la de Omar Armando Rodríguez, identificada como “Caso 5” en la investigación del fiscal federal. Este hombre, propietario de una empresa de camiones, fue detenido en enero de 2020 acusado de ser parte de una red de contrabando de mercaderías desde Chile a Mendoza. A pesar de las pruebas reunidas y de la intimación con “carácter urgente” de la Sala A de la Cámara, Bento solo lo procesó por un delito menor y le dictó falta de mérito en los más graves, lo que le permitió excarcelarlo omitiendo la decisión contraria que habían recomendado los camaristas Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Rolando Marino.
Según la fiscalía, Rodríguez pagó una coima en miles de dólares a la banda que lideraba el juez federal para obtener este beneficio. Sin embargo, el 22 de marzo de este año la misma Sala A de la Cámara revocó aquella decisión de Bento y procesó a Rodríguez por todos los delitos investigados, sin libertad condicional.
Por esta razón, en la Justicia Federal defienden la actuación de la Cámara ante los fallos inexplicables de Bento. “Los jueces le dieron vuelta muchas sentencias, se pusieron firmes y revirtieron varias resoluciones del juez de primera instancia”, dijo una fuente.
Los empleados judiciales que están en la mira
Mientras desde la Cámara de Apelaciones ya notificaron de la imputación contra Bento al Consejo de la Magistratura, hay un asunto más caliente que deben resolver. Es la situación de dos empleados del propio tribunal que aparecen mencionados en el escándalo.
Uno es Nahuel Bento, el hijo mayor del juez federal, quien trabaja como secretario de la misma Cámara a la que su padre muchas veces desautorizó con sus fallos. Aunque el fiscal decidió no acusarlo, recomendó que se lo investigue por las maniobras financieras sospechosas que realizó con el patrimonio de su familia.
La otra persona es Paula García, relatora del tribunal que llegó allí de la mano de la ya jubilada camarista Olga Pura Arrabal. Su esposo es Luis Francisco “Chato” Álvarez, a quien Vega denuncia por falso testimonio en la causa. Se trata de un abogado amigo de Diego Aliaga, el asesinado “hombre de confianza” de Bento en la supuesta asociación ilícita.
Cuando estalló el caso Aliaga, a mediados de 2020, García fue traslada a otra dependencia, la Secretaría Previsional de la Justicia Federal mendocina. Sin embargo, sigue dependiendo de la Cámara, que ahora deberá resolver tanto su situación laboral como la de Nahuel Bento (hoy de licencia por “enfermedad”).
Según pudo saber Los Andes, ambos serán sometidos a una investigación interna, es decir a un sumario administrativo, para determinar si tuvieron algún grado de participación como empleados judiciales de los delitos que se investigan.
