La pelea entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la quita de 1,2 puntos de la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires en beneficio de la provincia que gobierna Axel Kicillof es una pulseada política y económica exclusiva del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El resto de las provincias argentinas la mira desde afuera. Los gobernadores sólo constatan mes a mes el impacto de la crisis en los recursos que coparticipa la Nación, mientras el mandato constitucional de sancionar una nueva ley de coparticipación se viola con alevosía desde hace un cuarto de siglo.
Salvo contadas excepciones, los gobernadores del interior observan, además, que la provincia de Buenos Aires –que ahora sumará 1,2 puntos de coparticipación– es también la gran beneficiaria de los envíos no automáticos que se realizaron durante este año: según los datos que ayer publicó el Ieral de la Fundación Mediterránea, de los 291.297 millones de pesos recién emitidos que repartió la Nación a las provincias, de modo discrecional, entre ATN y créditos, la administración de Axel Kicillof se quedó con el 45,8%.
El dato de agosto dice que Mendoza recibió en esos dos mismos conceptos, $3.155 millones ($1.900 millones en créditos y $1.255 en ATN): 1,1% del total.
Cuando a esto se suma la privilegiada situación que desde hace casi 15 años tienen tanto la ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense respecto de los subsidios nacionales, el interior queda fuera de la discusión casi por completo. El AMBA tiene la mayor parte del transporte, el agua y las cloacas con inversiones y tarifas congeladas a cargo de la Nación, que también asume ahora el congelamiento de las tarifas eléctricas de esos usuarios. Esa cuenta no se considera casi en los cálculos sobre el reparto de los fondos entre las provincias.
Sin afectación directa
Cuando en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri, por decreto, elevó a 3,75 puntos la coparticipación de CABA por la transferencia de la Policía Federal al Gobierno porteño, los fondos no se restaron a las demás provincias: los cedió la Nación.
Ahora, también por decreto, Alberto Fernández le saca a los porteños para darles a los policías bonaerenses. Ninguna de ambas decisiones implicó pérdida de recursos para las demás provincias: todo se resolvió siempre en Buenos Aires.
La Constitución estableció en 1994 que dos años después debía sancionarse una nueva ley de coparticipación. Eso nunca ocurrió y aunque el Presidente reitera que debe replantearse la distribución de recursos, de momento parece casi imposible: debe haber acuerdo de todas las jurisdicciones, y se trata de un reparto en el que necesariamente algunos pierden y otros ganan.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que conduce Nadin Argañaraz, del actual reparto de coparticipación se benefician claramente las provincias que tienen menos población. Cuando la distribución de los recursos se observa per capita, las diferencias son abismales y perjudican claramente a las jurisdicciones con más habitantes.
Entre enero y julio pasados, la provincia de Buenos Aires recibió apenas 14.495 pesos por habitante de coparticipación. Como Kicillof se quedó con casi la mitad de los envíos no automáticos de la Nación, llegó a los 20.325 pesos por habitante. Tierra del Fuego, en el otro extremo, recibió casi 80 mil pesos por habitante.
La franja central del territorio que componen Mendoza (en total, 23.347 pesos por habitante), Córdoba (27.494 pesos) y Santa Fe (29.108 pesos) también se encuentran entre las perdedoras de las transferencias 2020. Todos estos distritos, además, son aportantes netos: lo que ponen sus habitantes es más de lo que reciben.
Además de Tierra del Fuego, entre las beneficiadas se encuentran Catamarca (75.805 pesos por habitante), Formosa (68.882 pesos) y La Rioja (66.287 pesos). Demás está decir que son jurisdicciones con baja población, altos niveles de pobreza e ingresos propios casi insignificantes por su bajo desarrollo productivo.
Todas las veces que Alberto Fernández se refirió a la necesidad de cambiar la distribución de recursos, señaló a la pobreza del conurbano y a la falta de desarrollo del norte y del sur. Está claro que el presidente considera que Caba debe recibir menos. Córdoba, Mendoza y Santa Fe se preguntan qué sigue ahora.
