La Unión Cívica Radical (UCR) se prepara este martes para avanzar en la quita de fueros a la diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortiz. La decisión sobre cómo actuará el oficialismo -ya sea con desafuero o agregarán una suspensión en su cargo- aún debe terminar de resolverse, pero sí está claro que avanzarán contra la exsecretaria de Gobierno de Las Heras (esposa del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco), quien está siendo investigada por la Justicia en dos causas.
La reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) arrancará a las 10.30 y será el ámbito en el que el oficialismo buscará hacer uso de su mayoría para sacar un despacho favorable para el desafuero de Ortiz.
En el radicalismo entienden que, con la defensa que hizo la legisladora y su abogada, Elena Quintero, la semana pasada, los “pasos institucionales” se han dado y están en condiciones de votar el desafuero de una de las dirigentes más activas y disruptivas de La Unión Mendocina, espacio que hoy se ha mostrado más opositor que ningún frente que no integra el oficialismo.
Para el partido centenario, avanzar con el desafuero implica no sólo dar un “golpe” político al frente que lidera Omar De Marchi; sino también ofrecer un “mensaje de transparencia” a la sociedad en base a “no tener privilegios frente a la Justicia”.
Recordemos que fueron dos fiscales los que solicitaron a la Legislatura el 21 de noviembre el desafuero de Ortiz. En primer lugar, fue el fiscal Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7 quien pidió su imputación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel”. La causa que se investiga es la de irregularidades en la comuna de Las Heras por convenios con cooperativas.
En tanto, el otro pedido llegó por vía de la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción N° 32, quien la investiga por causas de fraude y coacciones y que también insiste con su imputación.
Con desafuero “seguro”, analizan la suspensión
Según informó a Los Andes Franco Ambrosini, presidente de la comisión de LAC, este martes esperan someter a votación un despacho que tenga, a priori, el desafuero de Ortiz.
Para el radicalismo, es importante que “todos los diputados y senadores se sometan a la investigación judicial”, y advirtieron que no pondrán “palos en las ruedas” a los fiscales que han pedido el desafuero.
No obstante, en algún momento también se habló sobre el posible desafuero más la suspensión de Ortiz. La diferencia entre estas acciones sería notable, teniendo en cuenta que la suspensión evitaría que la dirigente pueda desempeñarse como diputada “hasta que haya sentencia judicial” y además, no cobraría su salario.
Sin embargo, entre ambas opciones, en este momento solamente irían por el desafuero, al menos en esta primera etapa. En el oficialismo aseguran que sólo presionarán por la suspensión “si hay apoyo del resto de los sectores de la oposición”.
La estrategia del radicalismo se terminará de delinear en las próximas horas, antes de la reunión de LAC, con un encuentro clave en el que participarán los principales integrantes del interbloque de la Cámara de Diputados. Será este martes por la mañana, aclararon fuentes radicales.
Lo cierto es que algunos de los dirigentes radicales entienden que, si Ortiz no tiene nada que esconder, “debería someterse ella misma ante la Justicia”. “Ha estado evadiendo a la Justicia para evitar ser imputada”, opinan algunos.
Hay otros que creen que un “gesto” que podría dar Ortiz sería también “votar a favor de su desafuero”, que entienden que tarde o temprano “será un hecho”.
La legisladora, mientras tanto, entregó expedientes de los casos la semana pasada y mencionó a Los Andes, que “la responsabilidad queda en ellos. Se les ha dado todas las pruebas reales, con los expedientes completos y no parcializados. Tendrán que tomar una decisión para emitir un despacho, por sí o por no, que luego se tratará en la cámara”.
Y agregó: “No tengo miedo. Mi abogada explicó por qué no se ha procedido a la imputación, porque a mí me desafueren o no, me pueden imputar igual. No es legítimo lo que se ha pedido. La causa no está para elevar a juicio, ni hay un pedido de prisión preventiva. Pero yo no puedo renunciar porque son fueros de la Cámara”.
El desafuero
En términos concretos, es el artículo 16 del Código Procesal Penal de Mendoza el que habla sobre los “procedimientos” (desafueros) contra un legislador, y expresa claramente que “cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, el fiscal de instrucción interviniente, practicará todos los actos de carácter probatorio, conservativo, y podrá tomarle declaración, a su pedido, sin requerir el desafuero”.
No obstante, agrega que “si existiera mérito para proseguir la causa, solicitará el desafuero a la cámara legislativa que corresponda, acompañando una copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen”.
Para uno de los miembros por parte del radicalismo de LAC, “no ha quedado descartado que se vote la suspensión, pero en principio no se hará”. “Estamos viendo qué clase de acompañamiento o no se podría tener del despacho en mayoría por parte de la oposición. Sabemos que La Unión Mendocina no acompañará, pero sí estamos viendo qué podría hacer el peronismo”, plantearon.
Por otro lado, se especula que parte de La Unión Mendocina o votará en contra o presentará un despacho en minoría. “Puede que avancemos con el desafuero, y dejemos la suspensión para otro momento”, agregaron en la UCR.
Números favorables
Lo cierto es que el Frente Cambia Mendoza tiene los números como para avanzar tanto en el despacho en mayoría de LAC, como también en el posible desafuero.
En ambos casos, se necesita la mitad más uno de los votos para avanzar en este tema. En LAC hay 13 integrantes, por lo que con 7 votos alcanzarían la mayoría; y el oficialismo los tiene; mientras que en la Cámara de Diputados deben llegar a la mayoría absoluta, que son por lo menos 25 votos.
A la Comisión de LAC la encabezan el presidente Ambrosini (UCR) y el secretario Gustavo Cairo (Juntos por la Libertad – LUM). El radicalismo cuenta también con los vocales César Cattaneo, Evelin Pérez, José Vilches, Alberto López, Silvina Gómez y a ellos se suma el aliado Enrique Thomas (PRO).
Por su parte el peronismo tiene a Germán Gómez, Natalia Vicencio y Gabriela Lizana como representantes. Mientras que LUM agrega solo a Laura Balsells Miró y completa Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde), quién incluso votó en contra de la asunción de Ortiz como diputada. De este modo, el desafuero se aprobaría, al menos con 7 votos del oficialismo.
En caso de llegar al recinto, el Interbloque Cambia Mendoza cuenta con 27 diputados; mientras que el peronismo tiene 10 (sumado al díscolo Julio Villafañe y José Luis Ramón de Protectora); La Unión Mendocina 8 y el Partido Verde 2. La votación es por mayoría absoluta, por lo que el escenario también es adverso para Ortiz.
El PJ analiza y juega al misterio
Más allá de lo que hará el radicalismo y aliados, la mira está puesta también en el Partido Justicialista, teniendo en cuenta que La Unión Mendocina defenderá la situación de la exsecretaria de Gobierno lasherina.
“Estamos analizando y recabando toda la información, con los estudios respectivos del tema, pero todavía no tenemos una posición fijada al respecto”, mencionó a Los Andes Germán Gómez, jefe de bloque del peronismo en Diputados e integrante de LAC.
Para el sanrafaelino, “hay que ser muy cautelosos en relación a las medidas a tomar, por lo que vamos a realizar una evaluación profunda y veremos y fijaremos una posición. Por el momento estamos en la etapa de estudio y de análisis de la situación planteada”, acotó.
Hay quienes piensan dentro del espacio peronista que este conflicto no es más que un enfrentamiento entre dos espacios, como lo son Cambia Mendoza y La Unión Mendocina, por lo que podrían abstenerse en las votaciones. No obstante, entienden también que, si bien el oficialismo más el Partido Verde tienen los números para avanzar con el desafuero, a nivel político es “importante” el voto peronista para avalar o no la decisión oficialista.
