En una semana, dos fallos de la sala penal de la Suprema Corte desataron el rechazo furibundo del radicalismo. Las dos sentencias fueron firmadas por dos ministros del Máximo tribunal vinculados al Frente de Todos-PJ, Omar Palermo y Mario Adaro. La cerrada respuesta de los radicales tuvo como argumento el retorno a Mendoza del ultra garantismo que libera presos y que afectará a la seguridad pública, al quitarle el poder de control a la policía.
En siete días la sala 2 de la Corte se despachó con dos sentencias polémicas. La primera fue el 10 de marzo en el caso “Fiscal contra Maravilla Pereyra, Darío Javier por desobediencia”. En la resolución, Adaro y Palermo argumentaban que “no existe desobediencia cuando el sujeto no acata la voz policial, voz de alto, que le imponía su propia detención, siempre y cuando el accionar del imputado es sin fuerza y sin mediar violencia”.
El lunes pasado, el diputado nacional Alfredo Cornejo hizo público este fallo y descargó su ira en las redes sociales. “Si escapar a la orden policial de detención es posible de manera impune, estamos frente a un problema de seguridad que va a repercutir negativamente en la sociedad mendocina. Pero lo que es peor, se está fijando un mal precedente para futuros casos de desautorización policial”.
También el diputado nacional Luis Petri salió a cuestionar: “el fallo supone el quiebre del principio de autoridad, exigiendo que la resistencia a la autoridad para ser punible sea con fuerza o violencia, lo que no está previsto por la norma penal y que de ser así dejaría impune la resistencia o desobediencia, atando de manos a la policía”.
El ex diputado provincial Sergio Bruni, apeló a un error en el argumento de los jueces, al mezclar los artículos 239 y 280 del Código Penal; el primero está incluido en el capítulo de atentado y resistencia a la autoridad, el segundo en el capítulo de evasión y quebrantamiento de la pena, dónde sí se requiere violencia para que exista delito, pero cuando se aplica el 239, la persona no necesariamente debe estar detenida, para el segundo si es condición que lo esté: eludir un control policial y no acatar la voz de alto no requiere violencia, ni tampoco estar detenido.
“Los requisitos del art 280 del CP q regula el ‘delito de evasión’. Niegan así la figura penal del que desobedeciere a a la policía de Mendoza en el ejercicio de sus legítimas funciones… Podría tratarse de un error de Derecho gravísimo por parte de los magistrados, pasible de acusación de juicio político por cualquier habitante que goce de la plenitud de sus derechos conforme al art 163 de la Constitución de Mendoza”.
Detalle: al citar el artículo 163 de la Constitución, está manifestando que “alguien” puede pedir el juicio político a los dos supremos.
Entonces llegó la segunda sentencia, el 17 de marzo, en la que se absolvió a Raquel Blas y Roberto Macho de una condena a tres meses de prisión por cortar el tránsito en calle Peltier, frente a Casa de Gobierno en 2016.
Entre los argumentos para liberar de responsabilidad a los dos sindicalistas Palermo y Adaro sostuvieron que el derecho a la expresión, a peticionar, a manifestarse y representar gremialmente a los estatales es un derecho colectivo consagrado en la Constitución y que siempre y cuando no haya violencia o alternativas para el tránsito, no había delito.
Además, Palermo destacó que es difícil establecer la responsabilidad de Macho y Blas en el corte de calle: “está claro que Macho y Blas Bazán no son garantes del comportamiento que realicen otras personas de manera autorresponsable”, es decir, que los quienes cortaron la calle tienen voluntad para decidir no hacerlo.
Otra vez los radicales salieron a fustigar a los dos jueces. “Que Macho y Blas hayan sido absueltos por los jueces kirchneristas, Palermo y Adaro, diciendo que no está probado que sean autores del delito, cuando está todo filmado, grabado y probado en la causa, es una burla para toda nuestra sociedad... Dicen que se pueden cortar las calles y que eso no es delito, porque reclaman por un derecho. ¿Qué pasa con el derecho de todos los otros entonces? ¿Por qué no aprendemos a convivir todos sin resignar derechos y calidad de vida?” salió Cornejo en la mañana de ayer.
También Petri salió con los tapones de punta: “nuevamente la Sala Penal de la Corte mendocina reescribe el Código Penal con la pluma de Zaffaroni y absuelve donde hay un delito probado, consagrando la impunidad de sus autores”.
¿Destinos paralelos?
¿Situaciones paralelas en Nación y Provincia con las justicias federal y provincial respectivamente? Algunos observadores más cercanos al peronismo dicen que a nivel nacional el kirchnerismo quiere lo mismo que ya tiene Cornejo en la justicia mendocina el control casi total (cuatro de siete supremos, más el jefe de los fiscales) y que las reacciones del radicalismo son “latigazos correctivos”. Además sostienen que no hay chances de ir más a fondo porque para ir al juicio político hacen falta dos tercios de los votos en la Legislatura, que el radicalismo no tiene, dicen en voz baja.
Otros de los observadores indican que el radicalismo ya lanzó la campaña. “Si quieren que un fallo no salga, llaman a plenario y sacan lo que quieran. La mesa judicial del radicalismo va administrando tiempos y temas, para la campaña. Los dos fallos estaban firmados por Palermo y Adaro hace al menos dos meses”.
En este punto, aluden a la mayoría radical en el total de la Corte: son siete miembros, de los cuales cuatro son cercanos a la UCR. Pero el tribunal divide el trabajo en salas de tres miembros cada una, entonces en la sala penal-laboral quedan dos filoperonistas y un radical.
Los observadores del radicalismo rechazan que haya una embestida radical, sino poner en relieve los fallos polémicos. “Es el modelo de ellos, defender los derechos de los delincuentes y se cagan en los derechos de las víctimas”.
Un cornejista acérrimo, el diputado Andrés Lombardi, dijo que los fallos son parte “del modelo de país y provincia del kirchnerismo: quieren que la policía que no tenga legitimidad, que vuelvan los piquetes, los cortes de calles”.
Ante la consulta de una situación similar a la que desarrolla el kirchnerismo a nivel nacional, Lombardi dijo: “Nosotros no estamos buscando impunidad de nadie, sino una justicia que funcione”.
