El Procurador Alejandro Gullé pidió que la Corte provincial resuelva la causa abierta por los teléfonos celulares en las cárceles para que “no se dilate más” la definición.
“Espero que la Corte tome la causa como per saltum y resuelva el fondo, para evitar dilatar esto”, afirmó el jefe de los fiscales ante la consulta de este diario. El expediente en cuestión se encuentra precisamente en manos del presidente del alto tribunal, Dalmiro Garay, uno de los tres supremos que deben decidir sobre esta delicada cuestión.
Sin embargo, no se puede descartar que el expediente sea devuelto a un tribunal inferior, si la Corte considera que le corresponde la competencia.
A pesar de que existe un fallo que ordena el retiro de los aparatos celulares de los penales, la medida permanece trabada en tribunales desde hace tres meses.
A la par, los fiscales advierten que hay un “festival” de teléfonos en las cárceles (al menos 4.000 aparatos para una población de 6.000 personas) y que de la mano de esto prolifera el delito: publicaciones en redes sociales para compra y venta de artículos; compra de teléfonos con comprobantes apócrifos y denuncias online con fines extorsivos han sido las principales modalidades detectadas.
LAS TRABAS
En su fallo del 10 de enero pasado, el juez Sebastián Sarmiento determinó que debía finalizar el estado de emergencia sanitaria en las cárceles (originado en la pandemia del Covid) que les permitía a los internos manipular celulares y puso una serie de requisitos para proceder a la sustracción de teléfonos.
Sarmiento ordenó esta medida después de otorgar sucesivas prórrogas del permiso especial que había otorgado, ya que el uso del celular en las cárceles está prohibido por ley.
El magistrado resolvió en aquella sentencia que el retiro de los equipos telefónicos móviles deberá ser realizado de manera gradual en un plazo no inferior a los seis meses, estableciendo un mecanismo de “trazabilidad y seguimiento adecuado”, para permitir a los familiares de las personas privadas de la libertad, retirar dichos equipos del ámbito penitenciario.
Además, sumó como condición que “sólo se podrá disponer el retiro de los equipos telefónicos celulares, en los sectores de alojamiento, donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de telefonía pública, debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario”.
Por último, estableció que se debía instalar en cada establecimiento carcelario, de manera complementaria a los sistemas de telefonía pública, equipos para videollamadas, videoconferencia y/o plataformas de comunicación, para situaciones de emergencia familiar y para el contacto de los detenidos con sus defensores y asesores jurídicos. Fijó en este sentido una proporción mínima de un equipo cada doscientas personas detenidas.
También dispuso Sarmiento que no debía retirárseles el teléfono celular a las mujeres privadas de libertad.
El cúmulo de condiciones del juez Sarmiento fue apelado por el fiscal Fernando Guzzo, quien había pedido que los celulares empezaran a ser retirados de los complejos penitenciarios apenas 30 días después de la sentencia, no a los seis meses.
“El problema es que el juez resuelve que hay que a ver que reemplacen los teléfonos por líneas públicas, por ejemplo por teléfono fijo. Estamos buscando otras alternativas, porque las compañías no están en condiciones hoy de poner teléfonos fijos y no existe el teléfono público”, explicó en este sentido Gullé, quien es el jefe de los fiscales provinciales.
Pero la apelación tuvo el efecto, tal vez, menos deseado para el Ministerio Público Fiscal: la causa de los celulares se trabó y por ahora no hay ninguna señal de que se vaya a resolver en el corto plazo.
Sucede que, al apelar el MPF, intervino un tribunal penal colegiado (Rafael Escot, Belén Renna y Luis Correa Llano) que se declaró incompetente en la causa, por tratarse de una medida que abarca a los penales de toda la provincia, y envió el expediente a la Suprema Corte de Justicia.
No será en principio la Corte en pleno la que resuelva el asunto de la competencia, pero no se descarta que eso pueda ocurrir.
JUECES SORTEADOS Y UN DICTAMEN
Desde comienzos de este año, rige en su plenitud para la Corte la reforma judicial que disuelve las viejas salas, dispone en qué causas corresponde que resuelva el pleno y sortea los jueces que intervienen en cada causa.
La de los celulares se tenía que sortear y por este sistema quedó en manos de los ministros Garay, Teresa Day y José Valerio. Se trata de tres ministros de la misma ala (“filoradicales”), pero con matices marcados entre sí. En particular, entre Garay y Valerio.
Es al presidente de la Corte a quién le toca votar en primer término para resolver si la causa de los celulares es de competencia propia o de un tribunal inferior. Después lo harán Day y Valerio, y la postura mayoritaria definirá la cuestión. Pero hay un abanico de posibilidades en cuanto a las opciones de resolución.
Los ministros sorteados podrían resolver que la competencia es del tribunal inferior, con lo cual la discusión quedará totalmente saldada y el expediente volverá al tribunal colegiado que había rechazado la causa. Esta medida, a juicio del procurador, dilataría la definición de la causa.
En cambio, si la mayoría de los ministros opina que la competencia es efectivamente de la Corte, será el alto tribunal el que resuelva el problema de fondo.
La cuestión, en ese caso, será si es el trío de jueces sorteados o el pleno el que defina la sentencia. Pueden resolver los tres ministros la causa o, si por lo menos dos de ellos lo piden, convocar a los siete ministros para que decidan. Hay algunos integrantes de la Corte que creen que así debería ser, por tratarse de una causa “importante”.
Pero por el momento ni siquiera está confirmado que la Corte vaya a asumir la competencia de la causa de los celulares. En este sentido, la principal novedad jurídica ha sido que ya emitió dictamen el Procurador Gullé, a quien le corrió vista la Corte para recibir su opinión.
Gullé resolvió que el tribunal que había intervenido ante la apelación del Ministerio Público Fiscal era competente para resolver el pleito.
Esta opinión puede confundir. Es que el Procurador está a favor de que la causa de los celulares la resuelva la Corte, no los jueces. El propio Gullé explicó al respecto que emitió esta opinión para evitar que se concluya que el juez Sarmiento, quien había resuelto que los presos no podían seguir teniendo celulares, tampoco era competente, lo cual embarraría todavía más la cancha.
