Luego de casi dos años de proceso, el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió por unanimidad y envió a juicio político al juez mendocino Walter Bento por mal desempeño en sus funciones. Ahora, deberá enfrentar el Jurado de Enjuiciamiento, que es el organismo que definirá en los próximos seis meses si es o no destituido de su cargo.
Si Bento deja de ser juez, también perderá sus fueros y podría caer preso, dado que ha sido procesado en 8 oportunidades, con pedido de prisión preventiva, por haber sido considerado jefe de una asociación ilícita que otorgaba beneficios a gente detenida a cambio de coimas, además de pesar sobre él otros duros cargos, como el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
El juicio penal contra el titular del Juzgado Federal Número 1 comenzará a fines de julio. Por lo pronto, llegará a esa instancia como juez suspendido y por ello dejará también de ser el magistrado electoral de la provincia, rol que quedará en manos de alguno de sus colegas de la Justicia Federal mendocino.
Esa decisión inminente la tomará la Cámara Nacional Electoral, que elegiría como juez electoral a Pablo Quirós, titular del Juzgado Federal Número 2, o a Marcelo Garnica, quien está a cargo del Juzgado Federal Número 3.
Lo cierto es que, por lo pronto, los 19 integrantes del plenario del Consejo de la Magistratura, que estuvo presidido por el titular de la Corte nacional, Horacio Rosatti, lograron ponerse de acuerdo y votaron a favor de la suspensión de Bento. Solamente el juez Alberto Lugones planteó algunas disidencias, pero en la votación se plegó a la decisión del resto.
A pesar de las diferencias, hubo quienes destacaron que se había logrado un “dictamen de unidad”. En este sentido, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade aclaró que ”este bloque en ningún momento de este proceso ha pretendido encubrir a nadie ni defender a ningún corrupto”.
EL DEBATE
No faltó nadie al plenario de este miércoles, a pesar de las especulaciones, que hablaban de alguna ausencia. Incluso la diputada K Vanesa Siley, quien se encontraba enferma, se conectó por Zoom desde un centro de salud.
Eso sí, la reunión que estaba prevista para las 9.30, arrancó finalmente después del mediodía, luego de una ardua negociación entre los consejeros para arribar a una posición común, que terminó siendo la primera suspensión de un juez federal de los últimos cinco años.
“Se recibieron aportes y consideraciones respecto del enriquecimiento del dictamen y en base a ese dictamen se elaboró un proyecto de resolución que han firmado la totalidad de los consejeros presentes”, comenzó el abogado radical Miguel Piedecasas, presidente de la comisión de Acusación.
“Fue la Cámara Federal de Apelaciones la que puso en funcionamiento el proceso que culmina, no personas particulares ni representantes de ningún espacio político, lo que habla de su imparcialidad y objetividad”, agregó al abrir el debate, para quien Bento “ha violentado las más elementales reglas de buen desempeño” de la Constitución.
Destacó que Bento se encuentra “embargado por 206 millones de pesos” y con pedido de prisión preventiva, y señaló otros hechos “reprochables”, como la negativa a entregar su teléfono ante una orden judicial o la nota en su caja de seguridad dirigida al juez que llevaba adelante la investigación, además de diversas intromisiones y los numerosos viajes al exterior.
También puntualizó que Bento mantuvo 265 contactos vía Telegram con personas vinculadas a la asociación ilícita de la que se le atribuye ser jefe. “Estamos ante hechos graves e inequívocos, no puede seguir en la magistratura porque está en juego la credibilidad de la Justicia”, expresó.
A su turno, el juez Lugones, señalado alguna vez como amigo de Bento, recalcó que adhería a la suspensión y el inicio del juicio político. Sin embargo, señaló que “no medió una pericia contable ni intimación a su persona” a la hora de imputarle el enriquecimiento ilícito.
“Sin intimación no es legítimo, no lo puedo convalidar”, sostuvo, y agregó: “Bento ha hecho mucho seguramente para lo que estamos aprobando, pero no se puede permitir que se procese sin intimar al magistrado que no nos caiga bien”.
También expresó Lugones que las revisiones de las declaraciones juradas de Bento fueron “una incursión de pesca para tratar de encontrar algo que imputarle”. Y se quejó además de que fuera causal de mal desempeño la “exposición extemporánea” de algunos bienes que consideró menores.
“Con lo otro había suficiente”, agregó. E incluso cuestionó que figurara entre las causales las fotos de Bento en una limusina en Las Vegas.
“Se toma como elemento gravísimo una foto en limusima ¿Saben cuánto cuesta alquilar una limusina por un día? 150 dólares. Hay que ser serios y coherentes ¿Qué pasa entonces con los magistrados que fueron 30 días al mundial?”, se preguntó más adelante.
Y cerró: “Hay cosas gravísimas de Bento en las que coincido, pero le tenemos que dar a todo la entidad que corresponde”.
El diputado Tailhade, del kirchnerismo, se quejó por su lado de que su bloque fue “víctima de operaciones de prensa que apuntaban a que queríamos defender a corruptos”. “Es mentira”, aseguró. Aunque aclaró que “hasta ahora no hay ningún corrupto, veremos cuando termine el juicio oral y el Jury”.
“No planteamos la impunidad de Bento ni de nadie, fuimos coherentes con lo que pensamos, que no estaba logrado el dictamen para hacer un debate razonable y serio”, agregó.
En el cierre coincidió con Piedecasas en que “las cuestiones técnicas y doctrinarias que aportamos nutrieron en forma virtuosa el dictamen” y señaló que intentaron “profundizar los fundamentos de mal desempeño”.
Después de la votación unánime en contra de Bento hubo otras expresiones a favor de la definición. La consejera del Pro Jimena de la Torre resaltó que se lograran los “consensos”. “Los abogados de Mendoza necesitaban una respuesta rápida, acá se juzgó un patrón de conducta”, sostuvo De la Torre. Y remató: “No estamos juzgando delitos, sino responsabilidad política, y es fundamental que hayamos traído respuestas a esa sociedad”.
En sentido similar se expresaron otros consejeros, como el juez Diego Barroetaveña, quien marcó un contraste con su colega Lugones. “No queríamos jueces corruptos en funciones ni jueces hostigados con sumarios. Acá se está acusando por hechos que no son aislados ni tipicidades. Me quedo con un buen sabor por este acuerdo”, expresó.
Alejandra Provítola, otra jueza, también contrastó con Lugones. “Es cierta la contundencia de los elementos de juicio”, expresó, entre otras cosas.
EL REEMPLAZO DE BENTO
El reemplazo de Bento como juez electoral de la provincia será inminente. Así lo indicaron fuentes de tribunales federales, las cuales consignaron que eso ocurriría a más tardar este jueves.
No hubo declaraciones sobre el destino de Bento en el Consejo de la Magistratura, cuya situación había provocado cruces e incomodidad en tribunales.
Eso sí, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza informaron que “se está trabajando en todas las resoluciones que corresponden para asegurar la continuidad sin ningún tipo de dilaciones de la prestación del servicio de justicia del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, que además tiene la competencia electoral”.
