Este martes el gobierno provincial salió a aclarar dudas con respecto a los acuerdos transaccionales alcanzados con las distribuidoras eléctricas, para prorrogar las concesiones por un plazo de 20 años y dejar sin efecto reclamos por “ingresos no percibidos” que ascendían a más de $180.000 millones. De ese total, $143.000 millones corresponden a Edemsa.
El Ejecutivo decidió hacerlo en medio de una audiencia pública llevada adelante en el espacio Julio Le Parc, por otro tema: la actualización de la tarifa para el primer semestre (ver abajo). En ese marco, admitieron que los planes de obra que deberán realizar las empresas serán solventados con las boletas que pagarán los usuarios, pero advirtieron que habrá audiencia pública previa una vez que entren en vigencia los acuerdos transaccionales.
El encargado de exponer fue el coordinador de gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos, Manuel López González, quien defendió las negociaciones alcanzadas con las distribuidoras Edemsa, Edestesa, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y la Federación de Cooperativas Eléctricas de Nuevo Cuyo.
El funcionario explicó que estos acuerdos aún no se encuentran vigentes, a pesar de que algunos hayan sido ratificados vía decreto como es el caso de la empresa de Vila-Manzano, porque “tienen cláusulas de condiciones suspensivas y en ninguno de los casos se ha dado totalidad de cumplimiento hasta ahora. Todavía no está produciendo efectos”.
López González explicó que el gobierno provincial no reconoció la deuda tal como reclaman las distribuidoras: “Es importante aclarar que los ingresos no percibidos no existen como categoría jurídica o no son reconocidos por el Poder Concedente, son reclamos que hacen las distribuidoras por distintos conceptos, que fueron reconocidos en dos oportunidades por el gobierno provincial en 2008 (Celso Jaque) y 2015 (Francisco Pérez)″.
En ese sentido, destacó que con asesoramiento técnico del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) realizaron sus propios cálculos, pero no los incluyeron en el expediente de la negociación, ya que desconocen el concepto jurídico y no los difundieron a “efectos de garantizar el éxito de la negociación”.
Además confirmó que esa documentación fue enviada con “reserva” a la Fiscalía de Estado y fue avalada, por los “beneficios” que le implican a la Provincia.
Puntualmente sobre Edemsa, confirmó: “No reconocemos el reclamo por $143 mil millones aproximado que hace Edemsa en calidad de ingresos no percibidos, en un informe realizado por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Nosotros tenemos documentación técnica propia, elaborada por nuestro consultor técnico que es el EPRE, y avalados en esa información nosotros hemos avanzado en los acuerdos transaccionales”.
Por otro lado, aclaró que “no es requisito que la Legislatura intervenga en las ampliaciones de las concesiones por 20 años. Esto está expresamente previsto en el artículo 9 de la Ley 7543, que faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar las concesiones hasta el máximo de 50 años, contemplando los 30 años iniciales”. A la vez, hizo un paréntesis con respecto a las cooperativas eléctricas, ya que las prórrogas sí deberán pasar por la Casa de las Leyes.
El plan de obras
López González sostuvo que los planes de obra de las distribuidoras “van a ser diseñados y auditados” con el EPRE, “en el anhelo de dotar a la provincia de Mendoza de una mejor infraestructura eléctrica y en miras a la capacidad de diversificar nuestra matriz productiva”. Comentó que se llevarán adelante en un plazo de diez años. En el caso de Edemsa se trata de un plan valuado en $17.000 millones.
De tal modo, el funcionario admitió de que esto va a ser “trasladado a la tarifa” pero remarcó que habrá una audiencia pública previa, una vez que entren en vigencia los acuerdos transaccionales, que podría darse a mediados de año. El incremento va a ser ajustado de “la misma manera que se ajusta el VAD” actualmente en la boleta.
El impacto que tendrá, estima que sería en un “porcentaje inferior al 5%”, pero advirtió que para tener certezas aún deben esperar a que las distribuidoras suscriban efectivamente a los planes de pago acordados con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, a través del Régimen Especial de Regularización de Obligaciones. Allí las distribuidoras lograron reducir deudas que tenían con Cammesa hasta un 30%.
Un recurso judicial que no fue
La Asociación Civil de Defensa de los Consumidores y Usuarios presentó la semana pasada ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad, con un recurso de no innovar contra el decreto 70/2023 del gobierno provincial, que ratificó el acuerdo transaccional con la empresa Edemsa.
El expediente fue presentado por la abogada Alicia Barrionuevo, a quién se referencia con José Luis Ramón, ya que fue candidata a diputada nacional por Protectora en el Frente de Todos en las últimas elecciones de medio término.
Sorpresivamente la demanda fue retirada días después, lo que generó sospechas por el vínculo que el legislador provincial tiene con el ministro de Economía, Sergio Massa, y la cercanía de este con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.
Sin embargo, hoy Ramón expuso en la audiencia pública por el incremento del VAD y hasta se animó a pedir la renuncia de la titular del EPRE, Andrea Molina, en rechazo al acuerdo.
“La presidenta del EPRE firmó un acuerdo como parte de esta renovación de la concesión de una proveedora del sistema eléctrico como si fuera correcto. Acuerdo que violenta los principios que inspira la provisión de un servicio público en los términos que establece nuestro país. Llegó el momento de que la presidenta y las demás autoridades del EPRE presenten su renuncia”, aseveró.
El EPRE presentó un aumento del 15%
El EPRE presentó en la audiencia pública una adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) de un 15,2% promedio para el primer semestre del 2023.
La tabla de incrementos que presentó entonces, fue la siguiente:
- Usuarios residenciales con consumos bimestrales menores a 299 kwh bimestrales (43% del total): $280 por mes
- Usuarios residenciales con consumos bimestrales entre 300 kWh a 599 kWh (32%): $736 por mes.
- Usuarios residenciales con consumos bimestrales mayores a 600 kWh (25%): $2056 por mes.
Por su parte, las empresas solicitaron un ajuste del 48,4%, que en promedio significaría un 19,9% para los usuarios.
Los aportes presentados hoy en la audiencia no son vinculantes y quién tiene la decisión final es el gobernador Rodolfo Suárez. Se espera que a fines de abril o principios de mayo se aplique el incremento final.
