El bloque de diputados del Frente de Todos, encabezado por su presidente Germán Gómez realizó un proyecto para que de explicaciones en la Legislatura Provincial el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia, Víctor Enrique Ibañez Rosaz, respecto al convenio de colaboración celebrado entre la Fundación Acción Social y el Gobierno de la Provincia de Mendoza.
“El día 26 de mayo de 2022 tomamos conocimiento por la publicación en el Boletín Oficial del Decreto del Poder Ejecutivo 684 de que la Provincia de Mendoza había firmado un Convenio de Colaboración con la Fundación Acción Social. La misma es presidida por el pastor Héctor Hugo Bonarrico desde el 20 de noviembre de 2021, según consta en la publicación del Boletín Oficial de Mendoza N° 31527 de fecha 29/12/21, habiendo sido hasta esa fecha colaborador de la misma”, reza fragmento de la propuesta.
En el convenio de colaboración mencionado se pactó que el Gobierno de la Provincia de Mendoza le entregara a la Fundación Acción Social la suma anual de $9.000.000 distribuidos en cuatro pagos trimestrales de $2.250.000, siendo el primero de ellos a la fecha de aprobación del convenio por decreto.
Asimismo, el convenio tiene vigencia por 24 meses y se establece que se actualizará su monto por inflación. En contraprestación, la Fundación se obliga a “cumplimentar proyectos vinculados con los sectores de la población en situación de vulnerabilidad social o con entidades que se ocupen de la problemática de esos sectores sociales...”.
Para el jefe de bloque del Frente, Germán Gómez mediante este convenio se pretendía tercerizar servicios propios del Estado, tal como se puede apreciar en los considerandos del decreto publicado en el Boletín Oficial el día 26/05/2022 y en la cláusula primera del Convenio que se publicó como anexo al decreto.
Además el pastor afirma expresamente haber negociado con Víctor Ibañez, Ministro de Gobierno, “con la autorización del Gobernador”.
“Esto también se puede apreciar palmariamente del convenio que adjunto a la presente se acompaña como prueba, ya que en el mismo fue suscripto por Victor Ibañez, Raúl Levrino, Mario Abed, Hector Hugo Bonarrico y Eduardo Erario (tesorero de la Fundación Acción Social)”, remarca el proyecto en cuestión.
Finalmente Gómez destacó: “quizá reconociendo el error o admitiendo el presunto delito, es el mismo Gobernador el que decide dar marcha atrás con el subsidio antes mencionado. Esto de ninguna manera se puede entender como una causal que genere falta de responsabilidad por parte de los miembros del gobierno, toda vez que deja abierta la posibilidad de la Fundación Acción Social a iniciar las acciones pertinentes al cumplimiento del acuerdo o en su caso al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados”.
