El Partido Justicialista y el colectivo Ni Una Menos Mendoza realizaron denuncias en el ámbito político contra el municipio de Guaymallén por una serie de contrataciones de obras artísticas a una asociación en las que aparece como vínculo un ex funcionario de Cultura de la comuna, Lucas Valsecchi, que fue condenado a 3 años de prisión en suspenso en 2019 por abuso sexual simple y que renunció cuando se desató el escándalo. Además, desde el colectivo feminista se pidió por una aceleración de la revisión de la condena, que está apelada en la Suprema Corte de Justicia.
Desde la gestión de Marcelino Iglesias negaron tanto algún tipo de irregularidades, así como también desconocieron tener algún vínculo con Valsecchi, y acusaron al peronismo de traccionar denuncias con “mala fe” y “desconocer” cómo se trabaja en la comuna.
También agregaron que el municipio es “una de las pocas que realiza contrataciones de forma exclusiva a artistas enteramente comprovincianos” y se jactó de “no esconder ningún dato” en términos de transparencia.
Fue el concejal peronista José Pozzoli quien motorizó las acusaciones contra el municipio. En diálogo con Los Andes, sostuvo que se pidieron informes respecto a cómo han sido las contrataciones directas en el ámbito artístico, sobre lo cual aseguró que “hay un nexo con Valsecchi, que si bien no aparece como titular, tiene su mail de contacto en la Dirección de Personas Jurídicas”.
Según sus acusaciones, existe un vínculo entre la Asociación Mendocina de Artes Escénicas (AMAE) y el ex director de Cultura, que renunció cuando transitó todo el proceso judicial y quien fue condenado el 26 de noviembre del 2019.
Durante los últimos dos años, la Asociación “recibió por contrataciones directas un monto superior a los 20 millones de pesos”, argumentó Pozzoli, quien señaló que deberían haberse realizado licitaciones en su lugar.
Para el concejal, “hubo contrataciones directas por montos importantes y fuera de la ley de Administración Financiera (8706). Casualmente en varias oportunidades está la AMAE como asociación de vínculo”, añadió.
En este sentido, criticó el hecho que no haya licitaciones en este ámbito, por lo que adelantó que realizará una presentación ante el Tribunal de Cuentas. “Se está encuadrando en una figura que viola la ley. Queremos que el organismo se expida si esta metodología de contratación directa es la que corresponde. Se entiende que sea para algún artista en particular, ¿pero para una obra de teatro o concurso de fotografía no sería mejor una licitación?”, se preguntó.
No obstante, el secretario de Gobierno del municipio, Nicolás González Perejamo, contestó las acusaciones del concejal peronista, y negó completamente que existiera algún “vínculo o relación de subordinación con el municipio desde que (Valsecchi) renunció”. Además, González Perejamo acusó al edil peronista de “no saber cómo se manejan los municipios” en términos de cuándo utilizar o no contrataciones directas o licitaciones.
El funcionario de Marcelino Iglesias, al margen de si hay o no algún tipo de vínculo entre AMAE y Valsecchi, expresó que “son los propios artistas quienes eligen las asociaciones u organismos” que terminan realizando el convenio con el municipios. Pero a la vez distanció a la comuna del hecho al considerar que “en ningún caso es el municipio el que acuerda en primera instancia con las asociaciones para realizar algún tipo de evento; siempre el municipio contacta a los artistas”.
“Pozzoli desconoce la realidad de los artistas. La gran mayoría suele no estar registrado, teniendo en cuenta que la actividad cultural es tremendamente estacional, irregular y complicada”, comentó.
En este sentido, insistió que “al no estar registrados de forma clara con los mecanismos que exige el Estado, suelen organizarse en asociaciones para brindar servicios al municipio”.
“Nos encontramos con circunstancias globales que contribuyen a la falta de incentivos en los artistas a formalizar su situación impositiva generando en muchos casos exclusión de ciertas fuentes que requieren obligatoriamente el pago regulado”, comentó.
En este sentido agregó que “en esos contextos” es que han nacido agrupaciones como las que existen en Mendoza, además de la AMAE, como la Asociación Mendocina de Artistas Plásticos; Asociación Movimiento por la Danza, Asociación Argentina de Actores, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y Asociación de profesionales de la Danza, entre otras, que también han participado en contrataciones con Guaymallén.
Aquí es donde González Perejamo sostiene que en Guaymallén “contratan” a los artistas y son ellos los que “ocupan de móvil a las asociaciones para ser contratados por el Estado. Nosotros no elegimos a una asociación en particular”, añadió.
Asimismo, también expresó que las contrataciones “se realizan a través de asociaciones por contratación directa, procedimiento contemplado por la Ley 8706 artículo144 y por Ordenanza municipal 9486/2022, cuestión avalada y conforme las exhaustivas revisiones de los organismos de control”.
“Lo requerido a todas las asociaciones es la presentación de los comprobantes que acrediten que su situación tributaria y societaria está al día. Esto se hace para dar más certezas a los artistas de que los cachets que deben ser abonados lleguen efectivamente a quienes corresponde, cómo también el currículum y un presupuesto del artista firmado por él”, marcó.
Respecto a estas contrataciones, comentó que no pueden ser licitaciones, porque “se busca la formación o difusión que esa persona o entidad posee. No puede haber licitación si como municipio querés a un artista en particular. Lo mismo pasa con científicos, técnicos o deportistas, entre otros”.
Causa judicial
Desde Ni Una Menos Mendoza se emitió un documento en el cual no solamente se avaló la crítica por parte del peronismo, sino que se enfocaron en la causa judicial, de la cual esperan que la Suprema Corte de Justicia endurezca el fallo y pase de un abuso sexual simple, como determinó la jueza Belén Renna, a uno “gravemente ultrajante agravado por el vínculo”, que comprende penas mayores y efectivas.
Según surge de la publicación, Valsecchi fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por el delito de abuso simple, “beneficiado por una Justicia Patriarcal que consideró que un abuso sexual con acceso carnal hacia una niña de 3 años no causa ningún daño a la integridad”.
“Su sentencia fue apelada en la Corte Suprema de Justicia y después de casi 3 años aún no hay avances”, acotaron.
Según informó Los Andes en su momento, la jueza “decidió cambiar la calificación: durante toda la instrucción el abuso fue considerado como un abuso sexual gravemente ultrajante, delito que tiene penas que van de los 8 a los 20 años de prisión”.
Finalmente, este medio se comunicó con el Poder Judicial, que informó que la causa “está en autos para resolver” precisamente en la Sala 2. No obstante, negaron algún tipo de “protección política” hacia Valsecchi al indicar que “ha sido el propio Ministerio Público Fiscal el que apeló la condena”.
