Luego de que el Frente de Todos pusiera en duda la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto Cerro Amarillo, que impulsa el Ejecutivo provincial en la Legislatura, el Partido Verde salió a rechazar públicamente la iniciativa denunciando que presenta “graves irregularidades”.
“Desde el Partido Verde, la tercera fuerza política con representatividad parlamentaria de Mendoza, entendemos que el Proyecto Minero Cerro Amarillo (el cual busca desarrollar una mina de cobre) y su respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentan graves irregularidades, lo que nos hace dudar enormemente de su transparencia”, anunciaron a través de un comunicado firmado por su presidente, Mario Vadillo.
Cabe destacar que el proyecto ingresó por el Senado, dónde el PV no tiene representantes, ya que su único legislador es el diputado Emanuel Fugazzotto. Este jueves será tratado por senadores del oficialismo y el peronismo en una comisión conjunta entre Ambiente y Minería.
“Como férreos defensores de los bienes comunes de la provincia, y basándonos en las condiciones en las que se llevó esta propuesta a la casa de las leyes, hemos decidido rechazarlo, y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por la notable incompetencia que evidencia el mismo en cuanto a su preparación técnica y legal”, enfatizaron.
Y denunciaron que el gobierno intenta argumentar la propuesta porque “cumple con la Ley 77.220 como si esta importante Ley fuese la única ley ambiental a la cual debe ajustarse toda actividad que comprometa nuestros bienes comunes”.
En ese sentido sostienen que el oficialismo “nos está sometiendo a un apuro innecesario e intenta imponer la actividad minera condenándonos al riesgo de pagar cualquier costo para llevarla a cabo”.
El Partido Verde recogió las críticas que esgrimieron agrupaciones ambientalistas y sostuvo: “Observamos en la Declaración de Impacto Ambiental grandes irregularidades, comenzando por la clara ilegalidad que la fundamenta ya que ésta debería ser actualizada como máximo en forma bianual, cuando en este caso corresponde al año 2014″.
“Por lo que el tipo de explotación propuesto y la posible modificación del ambiente en estos años, evidencia su nulidad absoluta, lo que impide el tratamiento legislativo hasta que se realice una nueva evaluación, tal como indica la normativa vigente”, afimaron.
Y dijeron que este proyecto se encuentra emplazado en una zona periglaciar, “que conforma una importante reserva de agua para la provincia y de la cual depende el futuro de la misma”.
“El cumplimiento de la Ley 7722 no exceptúa ningún gobierno de ajustarse a toda la normativa ambiental existente a nivel provincial y nacional, y es por estas razones que nos oponemos a este atropello del oficialismo y exigimos legalidad y transparencia en los procedimientos requeridos para considerar el tratamiento legislativo correspondiente para evaluar correctamente la viabilidad del Proyecto Minero Cerro Amarillo”, cerró el comunicado.
