El radicalismo y aliados promovieron este martes la continuidad de Gabriel Balsells Miró como auditor general de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, quien estará al frente del cargo por cinco años más (hasta el 2028).
A pesar de votos en contra que se aguardaban desde la oposición, el frente Cambia Mendoza consiguió la cantidad de bolillas blancas necesarias en la Cámara de Senadores para poder ganar la votación, que se realizará en una votación secreta, llamada “Sesión de Acuerdos”.
Cruces entre el PJ y La Unión Mendocina
Pese a ser una votación secreta, trascendió que la Sesión de Acuerdos por Balsells tuvo 24 bolillas blancas, por lo que se entiende que 11 senadores estuvieron en contra de la reelección de Balsells Miró (hubo dos ausentes y un legislador peronista que no votó porque participó vía streaming).
Desde el peronismo sugieren que todos los senadores del Pro que militan en La Unión Mendocina decidieron acompañar el pliego que presentó el gobernador Rodolfo Suárez, lo que provocó la crítica de Lucas Ilardo, jefe de bloque del PJ en el Senado, quien sostiene como eslogan de campaña que Omar De Marchi y Alfredo Cornejo “son lo mismo”.
En diálogo con los medios de comunicación, expresó que en el Senado ocurrió “lo mismo que siempre: De Marchi y Cornejo volvieron a votar juntos, porque trabajan juntos”.
Para Ilardo, los legisladores nacionales “están unidos y son lo mismo; solamente se han dividido circunstancialmente, pero en su manera de pensar de actuar son un 100% igual”.
En este sentido, lanzó que “De Marchi es cómplice de la cooptación institucional por parte de Cornejo. Hace silencio y acompaña cada una de las votaciones como acompañaban cuando estaban dentro de Cambia Mendoza”.
Sin embargo, desde La Unión Mendocina contradijeron al PJ y manifestaron que votaron “de forma dividida”. “Había algunos senadores que dijeron que iban a votar en contra, y otros a favor”, comentó a Los Andes uno de los senadores presentes.
De esta manera, plantaron la idea de que “algunos peronistas que dijo que votó en contra, en realidad lo hizo a favor. El voto es secreto, puede que no tengan toda la unidad como para votar en bloque”, plantearon sobre el PJ.
Desde el radicalismo celebraron la votación de Balsells Miró. Marcelo Rubio, senador y titular de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), comentó que fue “ratificado por el cargo con amplia mayoría”.
“Hay un trabajo realizado por esa oficina de ética y de transparencia, que cuando se creó fue un ejemplo para el país. Con muy poco presupuesto la llevó adelante, con muchas presentaciones de declaraciones juradas de los funcionarios de los 3 poderes del Estado para incrementar la transparencia en Mendoza”.
Por otro lado, sostuvo que no “sintió” grandes argumentos “para deslegitimar o disminuir la tarea que ha hecho. Todos sabemos lo profesional que ha sido. Él no responde a una bandera política, sino a una oficina que tiene que dar respuestas a lo que marca la ley. Las criticas vienen de oportunismo político”, aseguró.
Hasta el 2028
Balsells Miró, ex legislador y ex funcionario radical, cumplió cinco años al frente del organismo -entró en 2018- creado a partir de la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública y el Poder Ejecutivo consiguió que continúe un periodo más.
El pliego ingresó el 9 de mayo a la Legislatura y deberá ser ratificado por el Senado provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría.
La función del auditor es controlar a los funcionarios públicos, requerir y acopiar la presentación de sus declaraciones juradas de bienes y asegurar que se cumpla el derecho de acceso a la información pública.
Balsells Miró fue diputado entre 2015 y 2018. Antes había sido asesor y subsecretario de Trabajo. Sobre el final de su mandato como tal, el entonces gobernador, Alfredo Cornejo, lo postuló para la conducción de la oficina que se acababa de crear.
Durante su gestión, el funcionario entró en conflicto con el propio Suárez por un dictamen que ordenó que un concejal oficialista dejara uno de los dos sueldos que percibe. Se trata de Luis Manuel López, médico de centros de salud y edil de Tunuyán.
La Oficina de Ética Pública lo emplazó para dejar uno de los puestos, pero López se resistía y el gobernador lo apoyó. “Mi opinión es lo que dice la ley, realmente es una aberración el dictamen que hubo”, expresó el gobernador. A pesar de esta dura opinión, el dictamen fue ratificado por la Oficina de Ética y al final López dejó el cargo de médico. En las elecciones del domingo 30 de abril, fue proclamado como candidato a intendente del departamento.
Otro conflicto se suscitó con la Municipalidad de Maipú, cuyo intendente, el peronista Matías Stevanato, acusó a la Oficina de Ética de “frenar la gestión” con numerosos pedidos de acceso a la información pública.
Maipú recibió la sorprendente suma de 36 planteos en un solo mes: enero. “No son pedidos realizados desde la Auditoría de Ética Pública, los hace la ciudadanía”, aclaró el organismo.
