Tras horas de fuertes especulaciones, el oficialismo finalmente desistió de tratar hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de parámetros epidemiológicos para gestionar la pandemia y el presidente Alberto Fernández deberá firmar un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, ante el inminente vencimiento del vigente.
El proyecto conocido como “semáforo epidemiológico” recibió dictamen favorable durante la mañana en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, pero el Frente de Todos sacó un pie del acelerador y no lo incluyó como ampliación del temario de la sesión.
El tema ni siquiera se tocó en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque acordaron los detalles de la jornada, que durará unas 20 horas: se votará la rebaja tarifaria en “zonas frías”, el Consenso Fiscal 2020 y proyectos de cupo laboral travesti/trans y equidad de género en medios de comunicación.
Durante la mañana, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, había dejado la puerta abierta a la posibilidad de tratar el proyecto de restricciones sanitarias en la sesión, e incluso reveló que la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, pidió anoche un esfuerzo para sancionar la ley para zanjar la discusión que genera cada DNU.
El Frente de Todos consiguió el dictamen de mayoría, que reunió 36 firmas y contó con el apoyo del diputado y médico Eduardo “Bali” Bucca (Justicialista). En minoría, Juntos por el Cambio juntó 32 firmas, mientras que la lavagnista Graciela Camaño firmó un dictamen propio.
En diálogo con este medio, Bucca reconoció que el proyecto “necesita más acuerdo” y que adhirió al dictamen bajo el compromiso del oficialismo de no votarlo hoy mismo de manera “exprés”.
Durante el debate en comisiones, donde se vivieron fuertes cruces, Juntos por el Cambio ratificó su rechazo a la iniciativa, que delega en el Poder Ejecutivo facultades para tomas restricciones adicionales en zonas de “alto riesgo” o de “alarma epidemiológica”, si los índices no arrojan mejoras.
Diputados de esa bancada advirtieron que el proyecto viola autonomías provinciales y que será declarado inconstitucional porque la Corte Suprema ya falló a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por las clases presenciales.
Además de Juntos por el Cambio, el proyecto es resistido por los cuatro legisladores de Córdoba Federal, los tres de Consenso Federal, la neuquina Alma Sapag, el santafesino Enrique Estévez y el Frente de Izquierda, entre otros.
Dado que la semana próxima el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, estará de gira en Estados Unidos, no está previsto que haya sesión y, por lo tanto, el oficialismo seguirá buscando consensos para llegar al número.
La iniciativa que sí avanzará es la que envió en las últimas horas el Ejecutivo para que el aumento de categorías del monotributo comience a regir a partir de julio de 2021, estableciendo una nueva actualización de escalas a partir de ese mes.
La intención del oficialismo es darle dictamen la semana que viene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dejarlo en condiciones de ser tratado en el recinto en la próxima sesión.
Otro momento de tensión se produjo cuando la diputada Silvia Lospennato, del bloque PRO, se quejó porque no se permitió que un grupo de padres expongan para quejarse por la suspensión de las clases. Sin embargo, la legisladora pudo leer una carta que le enviaron a los diputados para plantear su posición frente al cierre de las aulas.
La carta completa:
Señores diputados,
Somos madres y padres que venimos luchando desde hace meses para que las escuelas estén abiertas. Algo tan básico y que considerábamos indiscutible en nuestro país quedó en suspenso por la pandemia, el acceso a la educación para niños y adolescentes.
La pandemia, o más bien la respuesta que el gobierno ofreció ante una situación que afectó a toda la humanidad, se llevó todos los derechos fundamentales de nuestros hijos, porque el cierre de las escuelas no solo afectó su derecho a los aprendizajes académicos sino que desarticuló un entorno de socialización elemental para su constitución como sujetos autónomos y significó la desaparición de una ámbito clave de contención ante situaciones de violencia familiar y de abuso de todo tipo.
Imaginamos que nuestros representantes no desconocen esta situación, queremos creer que no la desconocían en marzo del año pasado cuando se puso en vigencia el primer decreto presidencial que resolvió la suspensión de clases presenciales. En ese momento, ciertamente se sabía poco del virus y en gran parte del mundo se tomó la decisión del cierre de escuelas bajo la presunción de que los niños eran vectores de contagio, los super propagadores.
Entonces, para preservar a los mayores se decidió encerrar a los niños, esa presunción no se constató de manera fehaciente y múltiples estudios mostraron que los niños no representan un papel relevante en la transmisión del covid 19. Ese es el consenso hoy, proclamado por la OMS, por las distintas agencias de salud europeas y recogido por organismos internacionales como Unicef.
Hay quienes objetan ese consenso y siguen mostrando estudios para justificar el cierre de escuelas como estrategia eficaz para frenar los contagios. Por supuesto, quienes sostienen ese argumento eluden por completo el impacto que esa decisión tiene sobre los más vulnerables, sobre niños y adolescentes que no tienen ninguna voz en esta discusión, tan solo la voz de sus padres.
Pero en un país donde 6 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza, esa voz debería ser la de toda nuestra sociedad; esa voz que trascienda cualquier grieta y que reconozca que no podemos seguir ignorando el daño causando, el costo que están pagando aquellos que deberían contar con nuestra protección absoluta y permanente.
