La secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, se encuentra bajo la mira no sólo de la Justicia, a tiro de ser imputada por coacciones y también por fraude en perjuicio de la administración pública; sino también de la propia política, debido a que la Legislatura, y particularmente el oficialismo, analiza seriamente la posibilidad de ponerle una traba a su asunción como diputada provincial electa por La Unión Mendocina, a través de una comisión encargada de “revisar” los pliegos a los legisladores electos.
Mientras tanto, la propia funcionaria señaló al respecto que ha sido constantemente “perseguida” por el oficialismo y la Justicia; y aseguró que asumirá como diputada porque fue “votada por la gente”.
El proceso para la formalización de las asunciones de los diputados comenzó este miércoles, cuando la Junta Electoral provincial comunicó a la Legislatura quiénes son los 18 senadores y 24 diputados que fueron electos en las elecciones del 24 de septiembre.
Si bien el próximo 9 de diciembre Alfredo Cornejo asumirá como el nuevo gobernador de Mendoza, en la Legislatura la sesión preparatoria para las asunciones será antes, el 23 de noviembre, al menos en la Cámara de Diputados. No obstante, el oficialismo ha puesto el foco en Janina Ortiz y toda la investigación judicial que se ha dado en Las Heras, que la incluye en las imputaciones y posibles delitos.
Si bien es diputada electa, aún queda una “barrera”. Los 24 miembros que tienen mandato por dos años más podrían decidir su no asunción, lo que generaría un conflicto prácticamente sin precedentes.
Camino sinuoso
Todo comenzará con la “Comisión de Poderes” que si bien la conforma cada cámara antes de los procesos de asunción de legisladores electos (con 5 miembros), en la Cámara Baja aseguran que podrían ser los mismos que hoy conforman la propia comisión de Derechos y Garantías Constitucionales y Peticiones y Poderes.
“Esta comisión es la que analiza los ‘títulos’ (pliegos) de los legisladores. Tiene la potestad para determinar las asunciones porque evalúa las aptitudes de quienes han resultado electos. Es la última barrera para mantener la salud del cuerpo; es el ‘anticuerpo’ para que no entre una ‘manzana podrida’. Y Janina Ortiz es la ‘manzana podrida’”, señaló un dirigente radical a este medio, que sospecha que Ortiz no sólo no debería asumir, sino que tampoco debería gozar de fueros, que los tiene desde que fue electa diputada.
Esa comisión lo que podría hacer es emitir un “despacho negativo”, es decir, una suerte de “sugerencia” al cuerpo legislativo sobre la legisladora electa; y a partir de allí el tema pasaría a la Cámara de Diputados, particularmente a los 24 miembros que seguirán durante dos años más en su mandato, quienes decidirían si asume o no.
“Con mayoría de votos (13 si participa la totalidad) podrían rechazar su ingreso. En ese caso ingresaría el que sigue en la lista, si es que no se judicializa el tema”, confirmaron a Los Andes, adelantándose sobre el tema.
En este caso, en orden en la lista aparece el libertario José Caviglia, luego de Ortiz. Es la ley Electoral de la Provincia, la 2551, que en su artículo 83, establece que el reemplazo en caso de renuncia, separación o vacancias, entre otros, es “según el orden establecido” en la lista de candidatos.
Según fuentes legislativas, la comisión puede hacer uso del artículo 65 de la Constitución provincial para evitar la asunción de algún legislador, que podría ser el caso de la dirigente de La Unión Mendocina. El mismo señala que “no pueden ser miembros de las cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral”.
La comisión
El punto en discusión es “incapacidad moral” ¿Quién decide quién tiene o no capacidad moral para asumir en su cargo? Según señalaron, parte de los que podrían tener ese trabajo de funcionar como “filtro” son los miembros de la mencionada comisión, que tiene 7 miembros: José Luis Ramón, Julio Villafañe, Emanuel Fugazzotto, Evelin Pérez, Cecilia Rodríguez, Josefina Canale y Laura Chazarreta.
No obstante, Canale y Chazarreta finalizan su mandato a fin de año, por lo que la comisión quedará con cinco miembros activos, lo que no quita que pueda seguir en funciones.
“La comisión está activa”, marcaron a Los Andes, aunque evalúan la posibilidad de completar los miembros para este trabajo de análisis de pliegos, o de conformar una nueva. De hecho, para tratar el tema de Janina Ortiz, incluso creen que debería ser integrada por lo menos con algún miembro de La Unión Mendocina.
Actualmente, hay cuatro diputados de este nuevo espacio. Son Jorge Difonso, Gustavo Cairo, Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche. No obstante, Cairo y Difonso terminan su mandato también a fin de año (ndr: pero renuevan cargos legislativos), por lo que quienes pasan el filtro para integrarla son Balsells Miró y Vilche.
Al respecto, desde la Cámara de Diputados manifestaron que “en las sesiones de tablas se puede poner el tema en discusión, y terminar de conformar la comisión, sobre todo para que el espacio político que integra Ortiz tenga representación”; más allá que de igual manera pueda funcionar con cinco miembros la propia comisión.
Según agregaron desde la Cámara Baja, en caso de que los diputados le bloqueen el ingreso para la jura, podría “ir a la Suprema Corte de Justicia y pedir la inconstitucionalidad”. En ese caso, quedaría el cargo vacante hasta que se expida la Justicia.
Ortiz no renunciará
Mientras tanto, este martes Janina Ortiz adelantó que no renunciará a la banca en virtud de la situación judicial que enfrenta. “Yo no voy a renunciar a mi banca, bien ganada en elecciones, porque soy completamente inocente”, afirmó en una conferencia de prensa.
“Tomé conocimiento de que la comisión de Poderes pondría en tela de juicio mi moral y ética”, explicó Ortiz, y aclaró: “No hay sentencia firme ni condena, se vulneran mis derechos, la causa se encuentra en etapa de investigación y esta comisión estaría dictando una sentencia previa, y lo que es aún más grave, que es violar el principio de inocencia y violar lo más sagrado de la democracia que es el voto”.
Recordemos que Ortiz se encuentra al borde de la imputación judicial en la causa de las cooperativas de Las Heras. Ese paso no se concreta todavía porque la funcionaria pretende incorporar prueba antes de la imputación, mientras que la Justicia dispone otro camino. En tanto, también está investigada por delitos de coacción agravada y todo se encamina a otra imputación. La Justicia busca saber si la funcionaria municipal presionó a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario (el subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart) y a que grabara la conversación.
La dirigente lasherina sostuvo que no ha ido a declarar “porque no se me ha permitido”. Para Ortiz, la “jugada” de la fiscalía es “imputarla” antes de recibir pruebas que ella ha sostenido que quiere enviar. “Se me quiere tomar declaración, pruebas y todo lo presentado, que constan en el expediente, pero una vez que a mi me imputen”, marcó.
