Este jueves la Legislatura comenzó a debatir el proyecto minero Cerro Amarillo. El oficialismo aceptó un pedido del peronismo para estudiarlo “sin apuros” y poder invitar a especialistas a que compartan sus análisis jurídicos y ambientales al respecto. El principal cuestionamiento pasa por la vigencia de la declaración de impacto ambiental. Se planteó la visita de técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), de Fiscalía de Estado y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para analizar el expediente.
La decisión se tomó en una reunión conjunta entre la Comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, presidida por Rolando Baldasso (PRO), y la de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda, cuyo titular es Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).
Participaron no solo los integrantes de ambas comisiones, sino también otros senadores, entre ellos los jefes de bloque de Cambia Mendoza, Martín Kerchner, y del Frente de Todos, Lucas Ilardo.
Los titulares de comisión propusieron como primeros invitados al Director de Minería, Roberto Zenobi, y a la directora de Protección Ambiental, Myriam Skalany. En tanto que, desde el peronismo pidieron darles lugar a entidades como la UNCuyo, el Ianigla y la Fiscalía de Estado. Lo que fue bien receptado por el oficialismo y quedó pendiente su organización.
En la reunión, Baldasso explicó en líneas generales el proyecto pensado para Malargüe, que consta de 1080 fojas. Informó que se retomará el expediente del 15 de octubre del 2014. Esto, en su momento se envió al archivo, por la ausencia en ese momento del estudio de la existencia de glaciares en la zona. Ahora, para el análisis, se utilizará como base el Inventario Nacional de Glaciares publicado en 2018. El desarchivo se pedirá en la próxima sesión del Senado.
“Este fue un expediente que ha llevado tres gobiernos trabajados. El de (Julio) Cobos, el de (Celso) Jaque y el de (Francisco) Pérez. En esos tres gobiernos han ido aclarando cada uno de los grupos proponentes cuales eran los métodos de exploración. Se busca cuantificar, explorando con perforaciones muy parecidas a las que usa la industria petrolera, que es lo que van encontrando en los diferentes sustratos hacia abajo”, explicó.
Y añadió: “Entonces han pedido ejecutar diez perforaciones en una superficie muy amplia. Nada más. A partir de eso, si hay potencialidad, a unos cuatro o cinco años, se podrá proponer una explotación”.
Sobre la Declaración de Impacto Ambiental, Baldasso consideró que “el acto va a estar terminado una vez que se ratifique en la Legislatura. Por eso nunca se ha ratificado. No es lo mismo una DIA para una exploración que una explotación, es distinta”.
El objetivo del Gobierno era acelerar el tratamiento de esta iniciativa para que se apruebe rápidamente. Sin embargo, esta posición cambió en las últimas horas. Buscarán “sacarse las dudas el tiempo que sea necesario y trabajar, dándole seguridad a todos los mendocinos de que lo que estamos haciendo simplemente no altera las condiciones del ambiente”, afirmó Baldasso.
Y Mancinelli agregó que “en términos generales recién estamos tomando contacto con el expediente. Siempre en el marco de darnos el tiempo y en eso, rescatar la posición del Ejecutivo que tiene que ver con no tener apuro y poder garantizar que se estudie y se puedan saldar todas las dudas que haya y generar todos los consensos necesarios”.
Por su lado, desde el Frente de Todos manifestaron sus observaciones sobre la vigencia de la DIA y destacaron que el oficialismo les haya dado lugar a sus pedidos.
“El peronismo fue con la postura concreta de pedir tiempo y garantizar la seguridad jurídica del proyecto que estamos tratando. Hay una gran duda que es, si el Gobierno ha mandado los informes sin actualizar. Estos son del 2008, 2014 y 2018. Han pasado muchos años, ha habido modificaciones en términos ambientales y esa es una de las principales dudas”, comentó Lucas Ilardo.
“El Gobierno aceptó este pedido, se desarchivaron los expedientes que estaban desde esa época y se han acumulado”, añadió y dijo que invitarán a los especialistas para determinar si los informes están desactualizados o no.
“Nosotros creemos a priori que tienen una desactualización y habría que actualizar todos los informes técnicos, la declaración de impacto ambiental y el informe de IANIGLA”, sostuvo el legislador y comentó que “la DIA decía que esos informes se debían actualizar bianualmente y esta es la discusión central”.
“Las personas que luchan por el medio ambiente, que se queden tranquilas. Vamos a buscar que la seguridad ambiental y jurídica estén garantizadas. Y si no es así, el expediente no se tratará”, afirmó Ilardo y cerró: “Nosotros tenemos que asegurar el cumplimiento irrestricto de la 7722″.
Por su lado, el senador Alejandro Bermejo (FdT), coincidió y remarcó: “Hay que ser prudentes en temas que son tan sensibles en la sociedad y creo que lo han interpretado desde el Gobierno. Por eso creemos que fue buena la reunión que se mantuvo en comisión, entendiendo que hay que revisar bien la actualización de los informes de la DIA y la incorporación del inventario de glaciares. Hay que ver que aporta el IANIGLA y también el CONICET y la UNCuyo”.
El proyecto en datos
El proyecto de Cerro Amarillo está a 60 kilómetros al oeste de la Ciudad de Malargüe y a una altura promedio de 2800 metros. El dato más importante que esgrimen desde el Ejecutivo es que el proyecto se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, por lo que no habría afectación del recurso hídrico.
El mineral de Cerro Amarillo es un pórfido de cobre. La bibliografía indica que los pórfidos son la principal fuente de cobre a nivel mundial y son parte de grandes sistemas hidrotermales.
El expediente se inició el 13 de junio de 2006. Desde ese momento, fueron seis informes de impacto ambiental, más un relevamiento geofísico aéreo y de superficie y dos análisis de aguas superficiales de muestras tomadas en diferentes puntos del yacimiento.
El yacimiento Cerro Amarillo tiene 14.280 hectáreas. Está dividido en cinco zonas poligonales. El “cateo I” tiene 4.300 hectáreas, el II cuenta con 3.900 ha, el III supera las 3.400 ha, la IV llega a 4.200 ha y la quinta se la conoce como mina Don Sosa, que tiene 97 ha.
En la zona no hay actividades económicas, ni productivas, salvo la ganadería estacional. En las inmediaciones del yacimiento suele haber presencia de arrieros en la época que se conoce como la “veranada”, que se extiende de octubre a marzo.
Por la zona corren los arroyos El Desecho, del Cajón Grande y del Cajón de los Oscuros. También está la laguna Cajón Grande. De allí se tomaron muestras de agua en distintos puntos, en dos oportunidades (2011 y 2014).
El primer análisis se hizo sobre nueve muestras tomadas: todas dieron que el fluido de los arroyos de la zona no son aptos para consumo humano, animal, vida acuática y riego, por el PH (acidez o alcalinidad) y presencia de metales como cobre, zinc, plomo y aluminio.
Las muestras de 2014 dieron que una tercera parte de las muestras no es apta para humanos, animales, riego, ni vida acuática por los niveles de PH; siete puntos de muestreo no resultaron aptos para consumo humano por la elevada concentración de aluminio; seis muestras no eran aptas para la vida acuática por altos contenidos de cobre, plomo y zinc y dos por altos contenidos de manganeso.
El trabajo de exploración consiste en la perforación de nueve pozos de no más de 400 metros de profundidad, para extraer “testigos” (muestras de roca) que muestran los lugares dónde hay mineral y la profundidad a la que están.
Esas nueve perforaciones podrían ofrecer la primera evidencia de agua subterránea en la zona, dado que no hay estudios previos que certifiquen la existencia de napas subterráneas. En el informe, la empresa asume el compromiso de tomar muestras y denunciar el hallazgo al Departamento General de Irrigación.
