El megajuicio contra el exjuez federal Walter Bento, imputado como líder de una asociación ilícita, abuso de autoridad, cohechos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos, acumula ya ocho meses de curso entre las etapas de declaraciones indagatorias y testigos. A este ritmo se espera que se inicien los alegatos recién el próximo semestre, mientras que el momento de la sentencia parece todavía más incierto. El objetivo del Ministerio Público Fiscal es cruzar el charco hacia la parte “patrimonial” antes de julio.
El debate oral se divide en dos grandes bloques: las 15 causas de cohecho en las que operó la banda (con mayoría de imputados) y la investigación patrimonial del clan Bento, dónde están procesados por enriquecimiento y lavado de activos, además del juez destituido, su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano. Hasta el momento no se ha podido concluir la primera parte, ya que las audiencias también han tratado los casos de desobediencia del exjuez, cuando se negó a entregar su celular a la Justicia.
A la par del megajuicio encabezado por el Tribunal Oral Federal N° 2, que integran las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, se produjeron hitos judiciales que tuvieron efecto concreto en su desarrollo. Sin dudas el principal suceso fue la destitución de Bento como juez federal, por un Jury de Enjuiciamiento que lo encontró culpable por mal desempeño de sus funciones el pasado 8 de noviembre.
Esto produjo su inmediata detención y desde esa fecha permanece arrestado en el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo. El fiscal Dante Vega advertía el años pasado ante Los Andes que, con su libertad, “la banda permanece activa” porque existía riesgo de fuga.
La presunta banda que lideraba Bento tenía como organizadores al despachante de aduanas asesinado en 2020, Diego Aliaga, y los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba. Estos dos últimos hacen uso de su autodefensa y han prestado indagatorias. Mientras que un escalón más debajo de ellos se ubica otra fila de letrados que “entraban y salían” de las causas: Martín Ríos, Matías Aramayo, Javier Angeletti y Luis Francisco “Chato” Álvarez.
Los dos primeros aportaron declaraciones como arrepentidos durante la Instrucción y fueron reproducidas durante el debate, pero ambos prestarán indagatorias, según le confirmó su abogado Pablo Cazabán a Los Andes. Fuentes judiciales anticipan que podría haber un cambio de versión de estos imputados, en busca de su absolución, pero habrá que esperar a qué declararen.
Otros imputados como miembros de la asociación ilícita son el comisario Gabriel Moschetti, acusado como la “pata policial” de la banda, y el narcotraficante Walter Bardinella Donoso. El policía, que comparte celda con el doctor Bento en Cacheuta, sí hizo uso de la indagatoria y el otro no. Aseguró que se trató de un supuesto complot del comisario Marcelo Rivera y su esposa, la subcomisario Verónica Abaca, para despojarlo de su cargo. También admitió un vínculo “profesional” con Aliaga como informante policial.
Vale comentar que Bardinella Donoso es un personaje clave en la causa, ya que desde su celular se revelaron datos de la estructura de la banda, en contactos con el abogado Ortego y Diego Aliaga. También se desprendió de su secuestro, la búsqueda de los integrantes por apropiarse del artefacto para evitar que se abra su contenido. Aquí entran Alba y Moschetti como apuntados, además del fallecido Aliaga.
Más allá del detalle de esas vinculaciones, un sostén de la Fiscalía para comprometer a Bento son los 265 contactos telefónicos probados que tuvo con Aliaga durante siete meses. El exjuez intentó justificarse en sus declaraciones, aduciendo que eran simplemente vecinos y mantenían conversaciones banales. Además dijo que le entregó una camioneta para que pudiera vendérsela, refiriéndose a la prueba del uso de ese vehículo por parte de uno de los hijos de Aliaga, Juan Ignacio, en el barrio Dalvian. Sin embargo varios testigos vinculados a Aliaga descartaron que se dedicara a ese rubro.
A esto se suman las maniobras del exjuez para evitar entregar su teléfono a los investigadores, razón por la cual acudieron a la clonación de su tarjeta SIM. Empleados de Movistar confirmaron como testigos que la línea no era personal, sino del Poder Judicial y que buscó cambiar de chip en dos oportunidades, la última sin éxito. El magistrado hasta el viernes pasado cuestionó el procedimiento utilizado para acceder a su teléfono como una “intromisión a su privacidad”.
En Tribunales Federales coinciden que el juicio transita por “buen camino”, a pesar de los cruces pirotécnicos que ha tenido el exmagistrado basando su defensa en una presunta asociación ilícita liderada por Vega, actores judiciales, políticos y “hasta mediáticos”, como denunció este viernes. Bento ha intentado torcer el eje de la discusión hacia ese lado y ha evitado referirse puntualmente a las pruebas, aduciendo que son “todas de oídas”.
Desde la Instrucción, Bento apuntó contra una supuesta “enemistad” personal del fiscal Vega que motivó a este armado, haciendo caso omiso que intervinieron el juez Eduardo Puigdéngolas, tres jueces subrogantes, cuatro jueces de cámara y la Cámara de Casación Federal de la Nación. Además del Ministerio Público Fiscal, que integra la Doctora María Gloria André, se incorporaron a la investigación patrimonial tres fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac): Laura Roteta, Mario Villar y Diego Velasco, que firmó el requerimiento de elevación a juicio.
También se valió de la sorpresiva declaración del “testigo estrella” Diego Barrera, condenado por el homicidio de Aliaga, que revirtió los dichos de la Instrucción y señaló que hubo un complot con el fiscal, motorizado por su abogado Antonio Carrizo en conjunto con dirigentes políticos del peronismo como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el exvicegobernador Carlos Ciurca y el exministro de Seguridad, Leonardo Comperatore. Ese testimonio le abrió una puerta al exmagistrado para sumar al barro al espacio político que aparentemente lo apoyaba en el Consejo de la Magistratura y le soltó la mano para destituirlo.
“Toda la declaración del 5 de febrero (de 2021) fue manipulada y guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo, me obligaron a declarar en contra del doctor Bento”, expresó Barrera y aseguró que Carrizo confirmó esa maniobra en una supuesta reunión que tuvo con los dirigentes mencionados. El Ministerio Público Fiscal rápidamente pidió citar a todos esos nombres como testigos para derribar la palabra de Barrera, pero el TOF N° 2 habilitó a que se presente sólo el exabogado del condenado, que descartó los hechos de plano. En tanto que Fernández Sagasti consideró ante la prensa que la acusación de Barrera es un “disparate” y se puso a disposición de la Justicia. Además se libró una compulsa desde el Tribunal por el delito de falso testimonio contra el homicida.
Los reveses de Bento
En diciembre pasado, con proximidad a las Fiestas, el exjuez solicitó a través de su defensa el beneficio de la prisión domiciliaria ante el Tribunal Oral Federal y recibió su primer rechazo. La solicitud fue en base al cuidado de su tercer hijo Facundo, un joven con discapacidades.
El tribunal entendió que le otorgó a su esposa, Marta Boiza, la posibilidad de ausentarse de las audiencias justamente para que pueda asistirlo y además, aseguró que con Nahuel y Luciano también en libertad, existe un núcleo familiar que lo puede contener. Ante la negativa, la defensa elevó un recurso de casación que también fue descartado por los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Alberto Mahiques y Guillermo Jorge Yacobucci el pasado 6 de enero, con argumentos similares.
Antes de fin de año, por pedido del titular de la Unidad Penitenciaria 32, Julio Lalanda, el TOF N° 2 decidió prohibirle el uso del celular y de computadora sin previo permiso durante las audiencias.
“Considero que el uso de los dispositivos electrónicos durante las audiencias representa un riesgo en la seguridad de los involucrados. En ese orden de idea los imputados podrían utilizar los mismos para comunicarse con el exterior y tener acceso a información confidencial, realizar todo tipo de transacciones, cometer y/o organizar actos de violencia”, planteó Lalanda.
Restan varios testigos
Según pudo saber este diario, para cerrar la etapa de cohechos todavía restan unos 15 testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, vinculados a los casos de Sebastián Palumbo y José Rodríguez Nuñez (intento de coimas); Daniel Martínez Pinto y Sebastián Knoll (acusados como sobornadores), todos involucrados en la causa de contrabando millonario de “La banda del Chino Zeng”.
Vale decir que en la última audiencia, la defensa de Martínez Pinto pidió que declare la madre del acusado, luego de que la Fiscalía reprodujera audios de ella que fueron incorporados como prueba para constatar el “arreglo” de $80 mil dólares al que habría llegado con la banda para lograr su excarcelación.
Desde la parte acusatoria se proponen comenzar en el mes de mayo con la parte patrimonial, dónde habrá unos 40 testigos. Todo esto con el objetivo de llegar a una sentencia a fin de año, sí se dan los plazos estimados.
Por el lado de la defensa de Bento no precisaron el número de testigos que les resta presentar con respecto a los cohechos, pero aseguran que “son varios”. Por lo que estiman que podría estirarse el debate “por lo menos hasta la feria de julio”. A pesar de la situación del exjuez, el abogado Mariano Fragueiro Frías, afirmó a la prensa tras la última jornada que el juicio “está evolucionando muy favorablemente para nosotros” y descartó que vayan a insistir con la prisión domiciliaria.
