Aunque el Gobierno nacional tomó distancia del proyecto de la diputada kirchnerista Vanesa Siley para iniciarle juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en el Frente de Todos reforzaron este lunes las críticas contra el máximo tribunal al advertir que “está agotado”, “institucionalmente muy degradado” y que sus integrantes “juegan al truco” en vez de apoyarse en “decisiones jurisprudenciales”.
La batería de críticas las lanzó el diputado oficialista Leopoldo Moreau, durante una entrevista en Radio Con Vos, en la que justificó la iniciativa que Siley presentó el 25 de septiembre pasado en la Cámara baja.
“Esta es una Corte agotada. Se juega al truco en la Corte más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, cuestionó Moreau.
El diputado kirchnerista luego apuntó contra cada uno de los integrantes del máximo tribunal de Justicia. Aunque comenzó por Rosenkrantz y Horacio Rosatti, porque “aceptan la idea de ejercer por decreto” y “no tienen la jerarquía de juristas suficiente ni un criterio de independencia adecuado para ser miembros de la Corte”, luego planteó sus críticas contra el resto de los magistrados.
“Veo una Corte con dos señores que ingresaron habiendo admitido poder hacerlo por decreto, cosa insólita; con Elena Highton (de Nolasco) que tiene vencido su mandato y, a diferencia de lo que hizo (Raúl) Zaffaroni que a los 75 años como indica la Constitución renunció y se fue, en este caso logró un fallo a favor para quedarse allí; (Ricardo) Lorenzetti que ha tenido actitudes disruptivas permanentemente, que en alguna etapa se sacaba fotos con (Sergio) Moro y (Claudio) Bonadio y en otra favorecía la teoría Irurzun, y Maqueda que le tengo un gran respeto personal, lo conozco, ha sido compañero nuestro de bancada hace muchos años atrás, pero que está en una especie de ámbito de confort, entonces es una Corte que no tiene jerarquía institucional ni jurídica”, indicó.
Moreau se quejó por la decisión de la Corte Suprema de habilitar el pedido de per saltum que realizaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados a Comodoro Py se concretaron durante el gobierno de Cambiemos, pero ahora fueron puestos a revisión por el Consejo de la Magistratura y finalmente anulados, primero por el Senado y luego por un decreto del presidente Alberto Fernández.
“Esto produjo un desbarajuste institucional fenomenal porque el per saltum es un recurso extraordinario que ha sido aplicado, creo que dos veces, muy excepcional, y que requiere de requisitos que tienen que ver con la emergencia y gravedad institucional, cosas que no se dieron en ninguno de los dos escenarios porque los jueces estaban absolutamente protegidos por las decisiones que ellos mismos habían reclamado en la Justicia, a la espera de una sentencia judicial, que hubiera llegado igual a la Corte, pero por las vías normales que sigue cualquier ciudadano”, describió.
El diputado kirchnerista opinó que el máximo tribunal de Justicia decidió analizar y pronunciarse sobre el conflicto porque “es una manera de volver a recuperar un poder que no les corresponde y que excede al que le da la Constitución”.
Moreau agregó que la Corte “se ve alentada” por algunos sectores, que vinculó con la coalición opositora Juntos por el Cambio y que consideran que ese cuerpo “debería reemplazar o desplazar a los poderes que han sido electos por la sociedad porque no se resignan a haber perdido la elección”.
“La Corte se deja tentar porque eso le significa acumulación de poder y como no se guían tanto por la jurisprudencia sino que más bien se han transformado en jugadores de truco, salen cosas aberrantes como esta que hacen lugar a un per saltum en una situación que no se justificaba de ninguna manera”, amplió el diputado.
Moreau consideró que “está justificado” el pedido que impulsó Siley, quien además integra el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados, y que volvió a elevar la tensión el sábado pasado cuando tomó estado público. Incluso, desde la Casa Rosada salieron a tomar distancia de la iniciativa contra Rosenkrantz y a tratar de quitarle relación con el conflicto abierto por el traslado de los jueces.
“El juicio político es una definición de tipo político institucional”, definió Moreau.
Y sobre los apuros del oficialismo para avanzar sobre varios aspectos de la Justicia, gestiones que en la oposición le atribuyen a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado indicó: “Estamos en un momento muy complejo los argentinos, pero eso no significa que silenciemos los debates nos debemos dar, entre ellos, el del funcionamiento de las instituciones, la calidad, la transparencia de las instituciones. Porque si no nos vamos a paralizar en una decisión que tenemos que tomar de mejorar nuestra democracia”.
El proyecto de Siley
La diputada Siley redobló este lunes sus críticas contra el presidente de la Corte, al mencionar las firmas para las que trabajó antes de su actual cargo, y resaltó que su pedido de juicio político se presentó hace dos semanas, es decir “antes de que resolvieran” el “per saltum” de los tres jueces con traslados suspendidos.
En diálogo con El Destape Radio, rechazó la interpretación que la oposición dio a su pedido de juicio político al calificarlo como un intento de “presión” sobre los jueces de la Corte Suprema.
“Se ha dicho que esto es para presionar” al titular de la Corte Suprema a raíz de su fallo que favorece el pedido de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli para continuar en los puestos en los que fueron nombrados durante la gestión macrista, pero “la oposición puede decir lo que quiera”, porque la realidad, agregó la legisladora oficialista, es otra.
“El 25 de septiembre hicimos esta presentación a través de un pedido de resolución. Tiene fundamentos que vienen a combinarse y ampliar tres pedidos de juicio político que hicieron tres bloques diferentes en 2017, todos relacionados con la actuación” de la Corte en el marco del “2x1 a genocidas de la última dictadura militar”, continuó.
Y remarcó que “cuando se habla de delitos de lesa humanidad y de genocidio se entiende que estas penas no pueden ser objeto de amnistía ni conmutación” y agregó que el titular de la Corte “continúa aplicando a sus fallos” el criterio cuestionado.
Por otro lado, opinó que “el retardo de justicia hace que muchas veces desde el Poder Judicial se imparta injusticia” y, en este sentido, abordó la causa Ledesma.
“Es una de la causas emblemáticas en la que se demuestra la participación civil en la última dictadura militar”, argumentó la diputada, y agregó que “la causa Ledesma no se movió desde que Rosenkrantz la tiene en su vocalía”.
El caso hace referencia a la llamada “Noche del Apagón”, el 20 de julio de 1976, cuando se apagaron las luces de las localidades jujeñas del Libertador General San Martín y Calilegua, zonas de influencia del ingenio Ledesma.
Desde entonces, durante siete días, las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 400 personas, de las cuales continúan desaparecidas unas 55.
Carlos Blaquier, el presidente del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, gerente administrativo en ese momento, están acusados de haber facilitado los vehículos y las instalaciones del Ingenio para trasladar a los secuestrados.
Además, Siley insistió en que el magistrado tiene “vinculaciones” con la familia de Carlos Blaquier, ya que ambas “comparten la Fundación Cimientos”.
Agregó que el propio juez “ha asistido a eventos de esta fundación en presencia de Blaquier y otros miembros” de su entorno.
Por otro lado, mencionó a empresas y entidades como la Sociedad Rural Argentina, JP Morgan, Celulosa Argentina, Coca Cola, Techint, entre otras, como clientes del titular del tribunal supremo y se preguntó “qué intereses defiende el magistrado en cuestión”.
