Diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) presentaron formalmente el proyecto que propone iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación. No obstante, los magistrados no están obligados a asistir a la reunión.
Además, solicitan también la citación de unos 50 testigos. Y entre los convocados se destacan el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.
En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D’Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.
El oficialismo también convocará a los gobernadores que suscribieron el pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Corte como así también el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados en base al documento impulsado por el Presidente, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
El Gobierno nacional oficializó esta mañana la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el “23 de enero hasta el 28 de febrero” para tratar 27 proyectos, entre los que figuran además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
