El kirchnerismo mendocino expuso este lunes que los delitos violentos crecieron de manera contundente en los últimos años en la Provincia y alertó que existe un “repliegue del Estado” en los barrios populares. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sostuvo que, en el 2024, la inseguridad “aumentó un 30%” y manifestó que la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, “debe pedir ayuda o presentar la renuncia” a su cargo.
A través del “Centro de Estudios y Análisis de Seguridad”, un observatorio lanzado en junio pasado y que preside la exlegisladora Marisa Garnica, La Cámpora advirtió que entre 2021 y 2023 hubo un crecimiento del 59% en delitos tales como homicidios, lesiones y robos (incluyen violencia de género en la suma).
Los datos fueron recolectados de las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que reúne información sobre hechos delictuosos registrados por las fuerzas policiales provinciales, fuerzas federales y otras entidades oficiales de recepción de denuncias en todo el territorio argentino.
De allí se desprende que, durante ese período, en Mendoza hubo un crecimiento de esos delitos, superior a CABA (un 56%) o Córdoba (crece un 51%). Mientras que Santa Fe, con la peligrosa ciudad de Rosario incluida, creció un 25% y la Provincia de Buenos Aires un 12%.
En otro cuadro presentado también por este observatorio sobre hechos delictivos totales, es decir sumando hurtos y amenazas entre otros, el crecimiento entre 2021 y 2023 se achata a un 19,4%.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia prefirieron no responder ante las estadísticas presentadas por el PJ, pero vale decir que el criterio que prima en el Gobierno a la hora de medir la inseguridad es la tasa de homicidios.
Según datos oficiales, el año 2023 cerró con 61 crímenes, lo que representó una tasa de 3,0 homicidios por cada 100 mil habitantes. Mientras que en 2022 hubo 68 homicidios (3,6) y 2021 registró 85 homicidios (4,4). Este fin de semana el registro de homicidios de 2024 alcanzó al del año anterior (61), a falta de mes y medio para que termine. Casi un 70% fue por “ajuste de cuentas”, pudo averiguar este medio.
Marisa Garnica dijo luego de la exposición que “este sistema reúne toda la información de las distintas provincias que componen el país y anualmente nos da las estadísticas de delitos que hacen a la inseguridad. En esta ocasión hemos podido analizar y estudiar qué ha pasado a partir de la pospandemia”.
Y advirtió que no se quedaron solamente en la “estadística” oficial, sino que recorrieron fiscalías, comisarías, escuelas, iglesias y clubes en distintos barrios para conocer de cerca “la cifra negra del delito, que es lo que no se denuncia”.
Por su parte, la senadora Fernández Sagasti manifestó que estos datos “le pusieron números al miedo que sufrimos los mendocinos para ir a la parada del colectivo, cuando salimos de la facultad, del colegio o del trabajo”.
“Esos números nos dicen que ha crecido un 30% el delito en la provincia de Mendoza, pero que además hay algo mucho más complicado, que son las bandas organizadas en los barrios, que han empezado a tener el control debido al repliegue del aparato estatal. Lo que quiero decir, es no solo la presencia policial, sino en todo sentido, desde los alimentos en los merenderos, hasta la escuela, los clubes de barrio, las uniones vecinales y los centros de salud”, apuntó.
“Estamos en un momento muy complejo, dónde los ciudadanos tienen miedo de hablar por las represalias y de salir a sus casas por las balaceras, o porque se las usurpan para convertirlas en búnkers”, señaló Fernández Sagasti. “Son datos para alarmar y pedir al gobierno que escuche”, dijo.
Durante su exposición, la senadora nacional manifestó que Mercedes Rus “debe pedir ayuda o presentar la renuncia” como ministra de Seguridad y Justicia. Luego, en conferencia de prensa, agregó: “Venimos diciendo que esto nos cuesta vidas y muchos mendocinos se están acostumbrando a vivir entre la violencia”.
“Yo estuve hace poco en una olla popular en el Estación Espejo (Las Heras) y las vecinas me contaban que su hijo no pudo terminar quinto año de la secundaria, por una riña entre barrios. Le decían que lo podían matar. Entonces, estas situaciones te la cuentan como algo cotidiano y no lo podemos permitir. Hay que indignarse”, manifestó.
“El pedido de ayuda es que todas las fuerzas políticas estamos a disposición de poner nuestra creatividad, experiencia y nuestros estudios al servicio de que los mendocinos podamos vivir en paz”, aclaró y pidió que la ministra acuda a la Bicameral de Seguridad a dar explicaciones de “cuál es el plan y que están haciendo con los recursos que tienen”.
La Bicameral recibió a funcionarios de Seguridad Vial
La comisión Bicameral de Seguridad, que preside el diputado Germán Gómez (PJ), recibió al jefe de Operativo de la Policía Vial, comisario general Javier López Lonigro; y al director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, comisario general Fabián Becerra, quienes brindaron un amplio informe vinculado a controles, accidentología, alcoholemia, y otros aspectos relacionados a la temática.
Javier López puntualizó sobre el trabajo que realizan en la dependencia, manifestando que “las maniobras operativas que se han ido realizando en este último tiempo han sido más de impacto, no tanto visual”, estudiando “cómo se comporta la ciudadanía, y cómo trata de evadir los distintos controles que realizamos”. En esa línea, mencionó también que hay trabajo interno con las “redes sociales” ya que son los lugares de convocatoria virtual que tienen algunos grupos de personas que realizan actividades prohibidas por la Ley, como las picadas.
Desde enero a la fecha, “llevamos más de 175.000 controles realizados, con lo cual tenemos más de un 35% en relación al año anterior, y así hemos ido incrementando año tras año”, subrayó, tras lo cual remarcó que si bien la función de la Policía Vial no es aprehender, “llevamos 1.220 personas aprehendidas”, trabajando en forma conjunta con los municipios y sus áreas de preventores, fundamentalmente, como es el caso de la “desarticulación de picadas”. Estas estadísticas, aclaró, son sólo viales, no incluye las actas municipales.
De igual forma, indicó que a la fecha “llevamos 4.600 vehículos retenidos. Se han incrementado los controles en un 35%, y hay que tener en cuenta también que la Policía de Mendoza en ningún momento se quedó sin medios tecnológicos, en forma permanente se ha contado con medios tecnológicos”, a lo que sumó que “la sociedad nos reclama que pueda transitar libremente y tranquila”.
