El Jury de Enjuiciamiento al que se sometió la polémica jueza María Elizabeth Lizán tuvo un rápido desenlace en su primera jornada. Es que la defensa y la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, llegaron a un acuerdo para que se modifique la causal de su destitución por “inhabilidad psicofísica” y fue votado por unanimidad.
Los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales presentaron un escrito ante el Jury, en el que pusieron en conocimiento a sus integrantes, los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia y legisladores provinciales, que la imputada no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso en razón de inhabilidad psicofisica. Esto acompañado de los certificados correspondientes, informaron desde el Poder Judicial.
Por este mismo motivo los abogados defensores manifestaron en el mismo texto que la jueza Lizán no se encuentra en condiciones para continuar ejerciendo su función como jueza de Familia, por lo que solicitan que se archive la causa en su contra por mal desempeño y desorden de conducta y se evalúe la conversión de la causal de Jury por “Inhabilidad Psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud”, siendo esta situación constatada por el Cuerpo Médico Forense.
De esta forma, el Jury, integrado por los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 7 senadores y 7 diputados, decidió de manera unánime: destituirla por inhabilidad psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud establecidas en el art. 39 inc 1, a Artículo 12, Inciso F y 14 de la Ley 4970.
El abogado Cazabán explicó en diálogo con Los Andes, que el resultado fue el mismo que hubiera tenido si hace dos años el gobernador Rodolfo Suárez le aceptaba su renuncia como jueza y daba inicio a su jubilación por inhabilidad física y psíquica para continuar en sus funciones. “Hoy terminamos, como hubiéramos terminado hace dos años”, aseguró.
“Esta situación de inhabilidad ya estaba acreditada cuando presentó la renuncia al Gobernador y se remitió una copia a la Corte. No se le hizo lugar, basado en un capricho si se quiere, y se inició el Jury”, manifestó el abogado y aseveró: “Mi crítica a la decisión facultativa de Suárez en su momento, se debe a una cuestión de oportunidad y criterio político”.
El letrado también criticó que el Jury estuvo “más de un año paralizado sin realizar ningún acto útil” y solo se reactivó en febrero, a través de una prueba propuesta por la propia Lizán, que “consistía en revisar unas actuaciones informáticas y era muy sencillo, se hizo en un día”. Por el lado del Ministerio Público Fiscal, en tanto, respondieron que fue un período normal de producción de pruebas.
Cazabán comentó que su defendida no estaba capacitada “ni para enfrentar el proceso, porque su cuadro se acentuó en este momento” y por lo tanto presentaron certificados psiquiáricos que lo constataron.
“A partir de ahí, surgió la posibilidad de modificar la causal de mal desempeño a la causal de inhabilidad física y psiquíca. Nosotros aceptamos porque es lo primero que presentamos”, reconoció.
“Si se hubiese aceptado la renuncia, ella tendría que haber litigado porque le faltaban años de aporte y ahora podrá hacerlo también. El beneficio jubilatorio no lo ha perdido, como hubiera sucedido sí era destituida por mal desempeño”, aseguró.
LA DENUNCIA QUE INICIÓ EL JURY
El comienzo de esta investigación arrancó formalmente cuando el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, envió un oficio a fines de mayo del 2022 para que el organismo revise el accionar de la jueza de Familia, luego de que funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras denunciaran una serie de irregularidades en las obligaciones y las conductas de la magistrada, que la Corte ordenó investigar.
Posteriormente la jueza, en el mes de junio y con 64 años de edad, presentó su renuncia ante el gobernador por inhabilidad psicofísica para continuar sus funciones y fue rechazada.
En el informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte, según consta en el oficio presentado, se habló de una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.
La denuncia que ingresó por Secretaría Legal y Técnica fue realizada por quienes trabajan en el Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras y derivó en una orden de instrucción que partió de la propia Corte. Como resultado, se aportaron pruebas acerca de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de Lizán como Jueza de ese tribunal.
“Entre las más graves se destaca ‘el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada”, según expresaron desde el Poder Judicial en un comunicado.
En otras palabras, Lizán “prestaba” su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token “es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018″, resaltaba el comunicado.
“Las irregularidades señaladas contra la magistrada Elizabeth Lizán exceden el manejo administrativo de las causas en las que tiene intervención. Como resultado de la instrucción ordenada por la Corte, se conocieron actitudes en la actividad laboral diaria, como el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras”, dice uno de los párrafos más fuertes del comunicado.
Se apuntó al “desorden de conducta”, que es uno de los motivos por los que se puede solicitar el Jury de Enjuiciamiento. Después de que Suárez no le aceptara la renuncia, en septiembre de 2022, la jueza Lizán finalmente fue suspendida por voto unánime del Jury y casi dos años después fue destituida por inhabilidad física y psíquica.
